Una multitud reclamó frente al Congreso que se garantice el «derecho a decidir» y se deje de penalizar la interrupción del embarazo
El presidente Fernández ha prometido avanzar en esa dirección pese a los roces con la cúpula eclesiástica argentina
Una multitud rodeó el Congreso argentino, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con un anhelo compartido. «Este es el año será ley, será Justicia y reparación», se cantó y vociferó para pedir la legalización del aborto. La llamada «marea verde» volvió a la calle con su ímpetu y en medio de un clima político diferente al de agosto de 2018, cuando el Senado rechazó la iniciativa que había tenido luz verde en la cámara de Diputados. El proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo se presentará este 2020 por octava vez ante el Parlamento.
«Seguimos en campaña«, gritaron también las miles de personas a favor del aborto legal, seguro y gratuito que marcharon por las avenidas Callao y Rivadavia de la capital. La consigna retumbó a pocos días de que comiencen las sesiones legislativas. En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo se propone enviar un proyecto que colma algunas de las expectativas del movimiento feminista.»En Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto pero todos sabemos que existe. ¿Cuál es el problema de que exista? Que todo aborto se vuelve clandestino y en la clandestinidad el riesgo de vida y de salud de la mujer aumenta», ha dicho el presidente Alberto Fernández. «El problema es más agudo de acuerdo a la clase social de quién practica el aborto. Si es de clase alta, lo hará en un centro de salud adecuado, en condiciones adecuadas y el certificado médico dirá que tuvo una aborto espontáneo y su salud estará garantizada», explicó recientemente en Francia ante alumnos del Instituto de Estudios Políticos de París. Según cifras extraoficiales, una mujer muere cada semana como consecuencia de un aborto clandestino.
Fernández ya ha tenido sordos cortocircuitos con la cúpula eclesiástica argentina, que en 2018 convocó a su feligresía a movilizarse para evitar la sanción de la ley. Los sectores sociales y culturales a que reclaman ese cambio histórico saben que la disputa política será intensa. «Necesitamos ser muchas para que se respeten nuestros derechos», advirtió Nelly Minyersky, un referente del movimiento feminista.
Derecho a decidir
«Educación sexual para decidir», «Anticonceptivos para no abortar» o «Aborto legal para no morir» han sido otras de las consignas que se escucharon no solo frente al Congreso sino también en otras ciudades argentinas. No hay una sola voz sobre este asunto medular. «Nos parece bien que el Ejecutivo presente un proyecto, pero ellos hablan de salud pública y nosotras hablamos del derecho de las mujeres. No penalizamos a las mujeres sino a quienes obstaculizan el acceso. Nuestro proyecto no habla de objeción de conciencia y jamás aceptaremos la objeción de conciencia institucional. El acceso debe ser en centros públicos y privados», ha indicado Nina Brugo, una de las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.
El «pañuelazo«, como se ha llamado también la jornada por la proliferación del color verde como estandarte, contó en esta oportunidad con la participación del colectivo chileno Las Tesis, cuya intervención, conocida en todo el mundo como «Un violador en tu camino», tuvo su peculiar resonancia en la ciudad de Buenos Aires.
«Con el pañuelo en alto y las manos unidas, seremos millones exigiendo la aprobación de una Ley en sintonía con la equidad en el acceso a la salud integral, la atención igualitaria, la Educación Sexual Integral y el Estado laico. El aborto legal es una deuda de la democracia. Un reclamo de la lucha feminista que ha marcado el devenir de millones de jóvenes en la región, que reclaman más derechos, libertad y autonomía», señalaron las fuerzas convocantes durante el acto
En caso de no ser aprobado el proyecto, se «perpetuará la discriminación territorial por condición de clase, etnia e identidad de género de más de la mitad de la población».
