“Yo estaba inconsciente. Cuando ya reaccioné y vi que estaban los policías ahí, que me estaban esposando […] incluso no entendía […] Solo sé que me golpearon en ese momento, me trataron muy feo y al final yo pregunté qué estaba pasando y me dijeron ‘que has matado a tu hija y vas a estar 50, 60 años en la cárcel por el delito que acabas de cometer’”.
Con estas palabras, Teodora Vázquez explica las circunstancias de su detención luego de parir un bebé muerto en 2007. Fue condenada por ‘homicidio agravado’, sentenciada a 30 años de prisión y liberada en 2018 tras una larga batalla legal.
El Salvador impone una prohibición absoluta al aborto, y también enjuicia con frecuencia por ‘homicidio agravado’ a mujeres que sufren abortos espontáneos o dan a luz mortinatos. Algunas mujeres han sido procesadas luego de pedir asistencia médica por emergencias obstétricas que condujeron a la pérdida del embarazo, ante sospechas de que hubieran intentado un aborto.
Entre 2000 y 2019 se identificaron 181 casos de mujeres que pasaron por emergencias obstétricas y fueron imputadas por aborto u homicidio agravado (que puede ser penado con hasta 50 años de prisión), según el Centro de Derechos Reproductivos.
Vázquez es una de las protagonistas de ‘Cuerpos juzgados’, el primer documental que dirigí sobre las consecuencias de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador, y sobre el trabajo pionero para cambiar esa realidad de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, grupo feminista liderado por la exguerrillera y activista feminista Morena Herrera.
El filme, de 65 minutos, se estrena en Berlín este martes 22 de marzo, en el marco de las actividades que organiza el gobierno de Alemania por el mes de las mujeres.
A veces, toda la información que absorbemos día a día nos anestesia para dimensionar la importancia de ciertos hechos trágicos. Eso me pasó con El Salvador. Sabía que tenía una de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto, que esa práctica médica estaba criminalizada siempre, sin excepciones. Lo escribí muchas veces en artículos periodísticos, pero nunca reparé en el impacto que esa legislación tenía sobre la vida, la salud y la libertad de las mujeres.
En mayo de 2019 conocí a Morena Herrera en un encuentro en Colombia de defensoras de derechos humanos de la región. A través de ella advertí la gravedad de la situación. Y quise contarla para que muchas más personas tomaran conciencia de lo que implica que las mujeres no puedan decidir sobre su propio cuerpo. No es un eslogan. Es la vida y la libertad lo que está en juego.
La completa criminalización del aborto en El Salvador rige desde 1998, cuando se modificaron el código penal y la constitución y se eliminaron las tres causales vigentes desde 1974 por las que era legal interrumpir un embarazo: peligro para la salud o la vida de la mujer, malformación fetal congénita incompatible con la vida y violación.
En este país centroamericano de casi 6,5 millones de habitantes, con una pobreza de más de 30% y elevados grados de violencia hacia las mujeres, el delito de aborto es pasible de penas de dos a ocho años de cárcel.
Pero jueces y fiscales habitualmente consideran la pérdida de un embarazo como ‘homicidio agravado’ y aplican penas de 30 a 50 años de prisión. No hay presunción de inocencia para las mujeres que sufren esas emergencias obstétricas. El sistema de salud viola sus derechos a la confidencialidad como pacientes, y las denuncia a la policía – y la justicia las convierte en criminales, sin debido proceso ni defensa legal apropiada.
‘Cuerpos juzgados’ expone esa realidad brutal a partir de las historias de Teodora Vázquez, Cynthia Marcela Rodríguez y Evelyn Hernández; sus testimonios prueban la implacable persecución que desplegó el estado contra ellas.
Investigué esta problemática durante varios meses antes de viajar a El Salvador en febrero de 2020 con un equipo pequeño – la productora Victoria Bornaz y la realizadora Luciana Rodríguez Dacunto – para rodar el documental allí durante 10 días.
Entrevistamos a activistas de la Agrupación Ciudadana, a médicas, a psicólogas, a abogadas, a trabajadoras sociales y a Teodora, Cynthia y Evelyn.
Jueces y fiscales habitualmente consideran la pérdida de un embarazo como ‘homicidio agravado’
El proceso judicial que enfrentaron estas mujeres fue tan injusto que duele. Duele escucharlas. Y también duele saber que las niñas que son violadas y quedan embarazadas por esos abusos – en muchos casos de parte de pandilleros que dominan barrios populares– no tienen posibilidades de acceder a un aborto. (Casi dos niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas por día, según cifras de 2021).
Aquellas mujeres que enfrentan un embarazo ectópico también sufren. Los médicos en hospitales públicos se niegan a practicarles una cirugía hasta que no cese el latido fetal, aunque sus vidas estén al borde de la muerte y esas criaturas no tengan posibilidades de sobrevida.
Frente a ese dolor, sin embargo, hay esperanza. Es muy conmovedor descubrir la trama feminista que se fue tejiendo para sacar a Teodora, Cynthia y Evelyn de la cárcel y para cambiar el marco normativo.
Sin ese activismo, comprometido y amoroso, ellas y decenas de otras mujeres seguirían olvidadas en las cárceles de El Salvador. Sin ese activismo, la discusión del aborto no hubiera llegado a los medios y a los ámbitos legislativos, como ha ocurrido en los últimos años. Amplificar esas voces es lo que me motivó a filmar este documental.
La película refleja a la vez el contexto de opresión de las mujeres, la naturalización de la violencia sexual, la prédica religiosa y la moral cristiana que todo lo impregnan.
Cuando los fundamentalismos pretenden imponer su agenda contra los derechos sexuales y reproductivos en América Latina, la red feminista liderada por La Agrupación Ciudadana despliega múltiples estrategias para cambiar esa realidad en su país.
Y la lucha se da en varios ámbitos: en el territorio, en el imaginario social y en el mismísimo cuerpo de cada una de las condenadas.
Desde 2009, más de medio centenar de mujeres salvadoreñas que tenían penas de hasta 40 años de prisión en procesos judiciales iniciados por sospecha de aborto, pudieron recuperar su libertad a partir del trabajo de la Agrupación Ciudadana articulada con otras organizaciones.
En diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño en el caso conocido como ‘Manuela’, denunciado por la Agrupación Ciudadana, por causas similares a las reflejadas en ‘Cuerpos juzgados’.
Desde ese momento, otras cinco mujeres recuperaron su libertad. Quedan todavía al menos cuatro o cinco más tras las rejas. Resulta imposible establecer un número exacto porque la persecución a las mujeres no termina nunca.
Son remotas las chances de reformar la ley, por la oposición del actual presidente, Nayib Bukele. El año pasado, el mandatario rechazó las propuestas de su vicepresidente para moderar la prohibición total del aborto y para legalizar el matrimonio igualitario y la eutanasia.
Es una gran injusticia. Pero, como dice Herrera, “una injusticia reparable”.
