EL PAÍS revela los detalles de los 806 casos que admitió la Conferencia Episcopal en su informe de diciembre y que fue un corta y pega del que le pasó un ‘topo’ infiltrado en la auditoría de Cremades. Una sola persona ha decidido qué denuncias son creíbles, a espaldas de diócesis y órdenes: una de cada diez
El secreto mejor guardado de la Iglesia española, qué casos de pederastia del clero admite conocer, sus detalles y cómo los ha gestionado, una mole de información oculta hasta ahora, sale a la luz. EL PAÍS ha accedido al listado desglosado de los 806 casos que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha reconocido en su informe Para dar luz presentado el pasado mes de diciembre, donde solo aparecen las cifras generales, y lo pone a disposición de las víctimas, a las que raramente se informa de cómo se ha atendido su caso. El listado de los 806 casos se puede consultar en formato PDF al final de este artículo. Una de las claves del documento es que señala las denuncias que considera creíbles y cuáles no, una clasificación inédita en los informes de pederastia del mundo católico que busca reducir el número oficial de casos. Además, es algo que no se comunica a las víctimas. Es más, el presidente de la CEE, Luis Argüello, recibió la semana pasada a seis víctimas de abusos. Estas no sabían que precisamente cuatro de ellas son de casos que la Iglesia no se cree, calificados como no probados o que no computan para la contabilidad de su documento interno. Uno de ellos, por ejemplo, es un caso del colegio Gaztelueta del Opus Dei, con condena firme de dos años de cárcel en el Supremo en 2020, pero que la Iglesia registra como “No computa. Investigación en curso / Pendiente de resolución”, porque aún sigue abierta la investigación canónica que ordenó reiniciar el Papa.
La Iglesia ha desoído masivamente una de las principales reclamaciones de las víctimas: que se sepa la verdad. Este documento, en el que no se identifica a agresores ni víctimas, permite constatar cómo ha estado trabajando la Iglesia, que no investiga muchas denuncias (más de una cuarta parte del total), qué indemnizaciones paga, cómo cuestiona a quienes denuncian abusos y qué acusaciones cree y cuáles no. Además, aclara algo muy confuso: cómo se hizo el informe de la CEE. En realidad, es un simple corta y pega del estudio que filtró a los obispos en verano Alfredo Dagnino, el topoque la CEE tenía en la auditoría de Cremades & Calvo-Sotelo, el despacho al que encargó una investigación externa del escándalo en 2022.
Esta relación detallada de los casos que ahora sale a la luz se halla en el informe que Dagnino envió a los obispos, al que ha accedido este diario y donde ha comprobado que el listado de las 806 denuncias, por diócesis y orden, es exactamente el mismo que luego reproduce el estudio de la CEE. Es más, según indica un programa de detección de plagios, hasta un 62,3% del documento de los obispos es idéntico o muy similar al informe de Dagnino. Incluso se repiten las mismas erratas. Es la culminación de un complejo culebrón que ha terminado de enfangar algo tan delicado como la respuesta de la Iglesia a las víctimas de los abusos.
Como reveló este diario, Alfredo Dagnino, jurista, expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y con cargos en el pasado en Intereconomía, la Cope y Radio María, estaba en la comisión de investigación de Cremades. Miembro del despacho, fue el encargado de coordinar la recogida de datos, y quien se reunió con diócesis y órdenes durante un año. Sin embargo, luego preparó un informe por su cuenta, sin consensuarlo con el resto del equipo, según fuentes de esa comisión, y en verano de 2023 lo envió a los obispos a espaldas del bufete. Esto abrió un cisma entre Cremades y la CEE: el despacho, que despidió a Dagnino en verano de 2023, advirtió de que ese informe, que recortaba notablemente el número de casos y era benévolo con la Iglesia, no debía ser tenido en cuenta. Pero los obispos se agarraron a ese trabajo, que reflejaba su visión del problema, e incluso contrataron a Dagnino. Cuando Cremades entregó por fin su informe el pasado mes de diciembre, era crítico con la Iglesia, subrayaba la responsabilidad de los obispos y contabilizaba muchos más casos: al menos 1.382 y 2.056 víctimas. Pero la CEE preparó un estudio propio para eclipsarlo: se limitó a cortar y pegar el de Dagnino con leves retoques. También le añadió casi al completo la primera edición de su informe Para dar luz, de mayo de 2023. Lo presentó el mismo día que la auditoría externa, la víspera de la lotería de Navidad, pero publicó primero el suyo, presentado como una actualización de diciembre de Para dar luz. La Iglesia española es la única del mundo que ha renegado e intentado torpedear la investigación externa que ha encargado sobre el escándalo.
El informe de los obispos resultó sorprendente porque, pese a ser presentado como “el más completo de los existentes”, estaba lleno de omisiones, incoherencias y errores, y ahora se descubre el porqué. Según las fuentes eclesiásticas y episcopales consultadas, este informe “chapucero”, el corta y pega sin cruzar ni actualizar datos, fue obra de José Gabriel Vera, director de comunicación. Vera, que no ha querido aclarar si es el autor del informe, asegura que fue aprobado por la comisión ejecutiva de los obispos el pasado mes de diciembre. Defiende su derecho a usar el informe de Dagnino, desechado por el bufete: “El informe enviado por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo no es más que la última versión, de las entregas que durante el encargo el despacho fue enviando a la Conferencia Episcopal a través de la persona que en ese momento dirigía el equipo, según el propio despacho. Se trata de un trabajo por el que la Conferencia había pagado más de 1,2 millones de euros y en el que, según indicaron, habían participado más de 30 personas del despacho”. En realidad, el bufete ha asegurado que el informe de Dagnino fue obra suya y se hizo a espaldas del despacho. Sobre que se haya copiado literalmente buena parte del informe del letrado, Vera apunta que “se trata de material de trabajo por el que se había pagado, y en cuya elaboración había participado la Conferencia en distintas fases, y se asumió en aquellos aspectos en los que se consideró de interés para el objeto del informe”. En cuanto a la clasificación de las denuncias por una sola persona, Vera insiste en que “las realizó el equipo del despacho, y así se facturó y se nos comunicó en las distintas reuniones celebradas durante un año. […] Es fruto del trabajo en equipo del despacho siguiendo una metodología presentada por el despacho y aprobada por la Conferencia”. Fuentes del equipo de trabajo de la auditora lo niegan.
En esa contabilidad oficial de 806 casos, según descubrió este periódico, se dejaron fuera más de 300 que órdenes y diócesis ya habían reconocido a la comisión de investigación del Defensor del Pueblo, y hasta un total de 600 en comparación con la base de datos de este diario, la única que incluye todos los conocidos en España por distintas vías. En este momento registra 1.460 casos y 2.608 víctimas. La CEE no contrastó nada, a pesar de que cuenta con sus propios datos que le remiten periódicamente diócesis y órdenes. No revisó la lista de Dagnino, no la cruzó con sus propios datos actualizados, y por eso no se dio cuenta de que incluso faltaban órdenes con numerosos casos, como los maristas o parte de los escolapios. Luego ha ido corrigiendo fallos silenciosamente con actualizaciones del documento colgado en su web.
Estas ausencias tan flagrantes se deben a que algunas órdenes aún no habían respondido cuando Dagnino filtró su informe, pero en otros casos fue el propio abogado quien suprimió, según su criterio, muchos otros casos ya comunicados que en su lista no figuran ni como “registrados”. Este diario ha verificado con diócesis y órdenes que le informaron de más casos de los que luego aparecen inscritos en su lista. Por esa razón, cuando se difundió el informe Para dar luz, que se limitaba a copiar esa lista recortada, muchas congregaciones y obispados protestaron a la CEE y expresaron su malestar. Aunque ignoraban quiénes eran “los fontaneros de la Conferencia Episcopal” que habían manipulado las cifras. Ahora ya se sabe.
Los obispos tuvieron que admitir en su asamblea plenaria de marzo “un error muy significativo” en el recuento de casos de su informe, pero tampoco explicaron la razón. También ahora se comprende que el informe de los obispos no diera un número total de víctimas: Dagnino no las contabilizó. La gran novedad que encerraba su informe es esa relación detallada de los 806 casos admitidos que luego los obispos se cuidaron de eliminar del suyo. Esta lista secreta, que la Iglesia española siempre ha ocultado, destapa una ingente información desconocida hasta ahora, si bien no todas las entidades han facilitado los mismos datos. Por ejemplo, en muchos casos sigue faltando el lugar de los hechos, o incluso la fecha. Lo relevante es que, en primer lugar, permite desvelar cómo la Iglesia cuestiona a las víctimas en la gran mayoría de los casos y qué denuncias considera creíbles. Porque la mayor rareza del informe de Dagnino, que es insólita en el resto de países católicos y la CEE ha asumido como propia, es clasificar los casos como “probados”, “no probados pero verosímiles” y “no probados”. Además de otros que se excluyen de la contabilidad, desechando el testimonio de la víctima, porque el acusado había fallecido, o era un laico, o el caso había prescrito.
“Esa clasificación se la han inventado ellos”, afirma un responsable de una diócesis comprometido en la lucha contra los abusos. “No existe en ningún protocolo de abusos de menores del mundo, en ningún informe de referencia de todos los países donde se ha tenido que responder a estos casos, jamás lo he visto. Se ha decidido sin conocer el caso directamente ni consultar a las diócesis y órdenes que lo han llevado. Han hecho mucho daño a quienes han intentado hacer bien su trabajo. Es una falta de respeto a las víctimas, y se ha hecho solo para maquillar el número de casos”.
Ocho diócesis y dos órdenes religiosas han confirmado a EL PAÍS que la clasificación de los casos como probados o no probados no es obra suya, y al enviar los datos nunca entraron a valorar si eran creíbles o no. Es decir, se cocinó todo a sus espaldas. El objetivo final de Dagnino y la CEE ha sido intentar reducir al mínimo posible la dimensión del escándalo: de hecho, en total, la Iglesia apenas se cree 237, uno de cada diez, si se coteja con el número de los conocidos hasta ahora en la base de datos de EL PAÍS, 1.460 acusados, un porcentaje aún menor si se compara con el número de víctimas, 2.608. Es un dato trascendental si se piensa en el siguiente paso que ha anunciado la Iglesia: la indemnización de las víctimas, donde puede tener que desembolsar cientos de miles de euros. La media en otras conferencias episcopales ha sido de 35.000 euros a cada víctima. La paradoja es que el informe final de Cremades, que ha despreciado y ha intentado ningunear, a la CEE le ha costado más de un millón de euros.
Pero lo más asombroso es que quien ha decidido algo tan complejo y sensible como determinar si un caso es o no creíble no ha sido un equipo de expertos, o quien ha llevado el caso y lo conoce de cerca, sino que ha sido una sola persona, Alfredo Dagnino, confirman fuentes de la comisión de la auditoría que trabajaron con él. Además, tampoco es penalista. Después, la CEE lo asumió tal cual. Dagnino, en respuesta a este periódico, ha declinado hacer valoraciones ni aclarar si autorizó a la CEE a usar su informe, y solo ha precisado: “Estoy al margen de este asunto desde octubre y por consiguiente cualquier cosa posterior me es ajena por completo”.
De este modo, cientos de víctimas descubrirán ahora que su testimonio no ha sido valorado y que la Iglesia no les cree. Lo sabrán ahora, porque nadie en la Iglesia se lo ha dicho nunca, solo consta en secreto en este documento. Se percibe un juego a dos bandas en muchas situaciones, donde la víctima puede percibir que es creída, pero luego internamente, a efectos burocráticos, no lo es. En la diócesis de Lleida, por ejemplo, hay un caso en el que se notifica que el obispo ha pedido perdón a la víctima, pero luego figura como “no probado”. En Valladolid, diócesis del actual presidente de la CEE, Luis Argüello, se hace “acompañamiento” a la víctima de un caso de los Operarios Diocesanos, pero lo cierto es que lo consideran “no probado”. Incluso en un caso de la diócesis de Barcelona, el acusado admitió los hechos e indemnizó con 30.000 euros a la víctima, y figura como “no probado, pero verosímil”. Lo mismo ocurre con el caso del Seminario del Pueblo de Dios, un grupo disuelto en Cataluña en 2017 por herejía y prácticas de secta, donde ahora se descubre que también hubo acusaciones de abusos sexuales: hay un reconocimiento de los hechos por parte del sacerdote acusado, y se considera “no probado, pero verosímil”.
Hay casos que han tenido impacto mediático, y que además involucran en muchas ocasiones a víctimas que luego han sido muy activas en la denuncia del escándalo, pero no han sido contabilizados como creíbles. Como el testimonio desgarrador del escritor Alejandro Palomas, que sufrió abusos de un hermano de La Salle. En Estella, Navarra, tampoco se considera probado ni verosímil el caso del colegio del Puy, donde se calculan decenas de afectados y que fue uno de los que llevó a la creación de una asociación de víctimas en la comunidad foral. Su presidente también estaba en el grupo que recibió la semana pasada el presidente de la CEE. El caso de los Miguelianos, también con condena firme definitiva, ha sido excluido porque se trata de una asociación de fieles. Con un criterio restrictivo, la clasificación de los obispos elimina del conteo los casos de laicos. Otra forma de recortar los números del balance final.
Es también abrumador el número de casos que de entrada no se investigan y no se hace nada porque se considera prescrito o que el acusado ha fallecido. En 228 de los 806 casos registrados no hubo investigación canónica. En ocasiones la entidad se limita a remitir el caso a la Fiscalía, que lo archiva por estar prescrito, y entonces ya lo clasifica como “no probado”. Hay un caso extremo de los agustinos recoletos en su colegio de Salamanca, que no abrieron investigación interna porque nadie lo denunció a la orden, aunque hubo una condena en los tribunales: fue juzgado y condenado en 1996 por abusos al menos a ocho víctimas, y luego fue enviado como misionero a Perú sin ninguna medida disciplinaria. Es un caso que desveló este periódico y ahora emerge que “no se inició investigación canónica, según se aduce, porque no hubo denuncia alguna ante la orden”.
El listado hace aflorar muchos casos inéditos que la Iglesia ha callado. En Pamplona, uno de 2019 de un sacerdote que abusó de dos niñas adoptadas de países extranjeros. En Sevilla se señala una denuncia de abusos en 2019 a un monaguillo, por hechos del año anterior, con otras posibles víctimas, pero “no consta investigación civil”, cuando en principio el caso no ha prescrito. Los jesuitas no dan mucha información de cada caso, pero sí datos relevantes: por ejemplo, una decena fueron comunicados por antiguos provinciales, lo que refleja el encubrimiento durante años por parte de la orden.
Queda en evidencia que para las víctimas la respuesta es una lotería: la actuación ante los casos depende de la buena disposición del obispo o del superior de cada orden. El margen es muy amplio, de no hacer nada, amparándose en lo estrictamente burocrático, a ir más allá de lo obligado por mera sensibilidad. Por ejemplo, en un caso de los escolapios el acusado había fallecido, pero eso no impidió que se abriera una investigación y hubiera encuentros restaurativos con las víctimas. Si bien del resto de los casos (31 en total), la orden no da datos. Lo mismo ocurrió en Ávila, donde el obispo ordenó investigar un caso de un sacerdote fallecido, conocido a través de EL PAÍS, aunque “no procedía investigación canónica previa”. Figura como “no probado, pero verosímil”. La misma situación se repitió con el obispo de Santander, que se reunió con la víctima.
La descoordinación de la Iglesia, donde cada diócesis y orden va por libre y actúa según sus propios criterios, hace que no se sepa si se remiten o no a la entidad responsable los casos en los que no se tiene competencia. Por ejemplo, el obispado de Mondoñedo-Ferrol anota un caso de los franciscanos y dice: “No hubo interlocución con la orden”. Queda en un limbo. También hay órdenes que en principio no tienen casos registrados, pero luego hay diócesis que sí señalan denuncias contra sus miembros, que no son de su competencia. Por ejemplo, un caso desconocido en la diócesis de Getafe: dos sacerdotes de Comunión y Liberación “con 11 víctimas posibles”, aunque el apartado de esta congregación afirma no haber conocido nunca ningún caso.
La mayoría de las veces, diócesis y órdenes ignoran los casos del pasado que han aparecido en prensa y la base de datos de EL PAÍS. Se limitan a reseñar las denuncias que han recibido en los últimos años y solo en algunas ocasiones han revisado sus archivos. En cuanto a los 545 casos que ha enviado este diario en sus cuatro informes, entre 2021 y 2023, la mayoría de las entidades no han hecho nada si la víctima luego no accedió a contactar con ellas. Este diario cruzará los datos del informe con su base de datos en las próximas semanas para incluir toda la nueva información que ha salido a la luz.
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