En los primeros cinco años en vigor, la Ley de Seguridad Ciudadana ha recaudado más de 800 millones de euros en multas, sobre todo por consumo de estupefacientes en la vía pública y por desobediencia.
El 31 de marzo de 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy dio luz verde a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Hoy, siete años después, la llamada Ley Mordaza sigue en vigor, con una nueva reforma en trámite en el Congreso que desde las organizaciones de defensa de los derechos ciudadanos y el Consejo de Europa tachan de insuficiente y de la que el único avance destacable por parte de estas organizaciones es que la comunicación previa de las manifestaciones deje de ser obligatoria.
Por lo pronto, la Comisión de Interior ha aprobado las enmiendas a diez de los artículos del texto de la reforma, entre los que se encuentran el 20, sobre los registros corporales, o el 22, sobre el uso de cámaras de vídeo por parte de los agentes, peor gran parte de los artículos más polémicos siguen sobre la mesa aún sin un acuerdo concreto. Durante la última reunión, celebrada el pasado 22 de marzo por el grupo de trabajo pero fuera de ponencia, fuentes de Unidas Podemos han confirmado a El Salto que se han conseguido acercar posturas sobre el artículo 37.1 y básicamente hay un acuerdo base sobre la propuesta de Unidas Podemos y PSOE sobre eliminar la responsabilidad de la persona que los agentes identifiquen como organizadora de la protestas y manifestaciones, pero siempre y cuando no se produzcan hechos violentos. Pero, como apunta desde la plataforma No Somos Delito la abogada Sara López, la consideración de que se produzcan no hechos violentos seguirá estando en manos de los agentes de policía.
Las mismas fuentes de Unidas Podemos prevén que la próxima reunión sobre la reforma de la Ley Mordaza tenga lugar días antes de Semana Santa. Para entonces se verá si hay avances sobre temas como el principio de veracidad de los agentes policiales —sobre lo que se contempla una enmienda que añadirá que su relato, para que goce de este principio de veracidad, debe ser “lógico y coherente”—, las faltas de respeto a los agentes o la desobediencia.
1,3 millones de sanciones impuestas entre 2015 y 2020
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior, desde que la Ley de Seguridad Ciudadana entró en vigor el 1 julio de 2015 hasta 2020, se han interpuesto un total de 1.155.727 sanciones que suman 815 millones de euros. Por años, 2020 fue el más duro en sanciones, con cerca de 376.000 sanciones que supusieron más de un cuarto de millón de euros a raíz del estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus.
Por comunidades autónomas, la que más sanciones en el marco de l Ley de Seguridad Ciudadana ha contabilizado entre 2015 y 2020 es Andalucía, con un total de 448.103 sanciones que han sumado más de 267 millones de euros, casi un tercio del dinero en sanciones impuesto en todo el periodo en toda España. La siguen País Valencià —150.046 sanciones por cerca de 88 millones de euros—, Canarias —138.395 sanciones que suman casi 86 millones de euros— y Castilla y León —más de 100.800 sanciones por cerca de 60 millones de euros—. A la cola están Catalunya, donde en estos cinco años contabilizados tan solo se han impuesto 3.005 sanciones por 1,4 millones de euros, y País Vasco, con 2.973 sanciones por 1,9 millones de euros.
Y por tipo de infracciones, el consumo de drogas —cannabis habitualmente— en la vía pública ha sido la más habitual, menos en 2020, cuando las sanciones por desobediencia se multiplicaron por veinte a raíz del estado de alarma decretado en el marco de la pandemia de coronavirus.
