La ley de muerte digna rebasa el plazo prometido

Las autonomías desarrollan sus propias normas mientras el Gobierno se retrasa

Ni está ni se la espera de hoy para mañana. Desechada la regulación de la eutanasia, el Gobierno prometió una ley sobre muerte digna y cuidados paliativos que estaría lista en marzo, según anunció el año pasado el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba. "El anteproyecto se está ultimando, pero no podemos avanzar aún la fecha en que se enviará al Consejo de Ministros", responde el Ministerio de Sanidad. Mientras, algunas comunidades van haciendo sus deberes. Lo hizo Andalucía en noviembre de 2010 y ahora Aragón. Derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Así se llama la ley que esta comunidad aprobó el jueves. El texto salió adelante con el apoyo del PSOE, Chunta y PAR y el "no" del PP.

La ley tiene novedades con respecto al texto andaluz y, como explica el diputado de IU Adolfo Barrena, "contempla sanciones para quienes no la apliquen; incorpora de forma obligatoria al historial clínico del paciente las voluntades anticipadas, si las hay; y contempla los derechos de los menores (mayores de 14 años) para otorgar un documento de voluntades anticipadas si tienen suficiente juicio para entenderlo". Esto es posible por la ley aragonesa del Derecho de la Persona. Tienen derecho a que se les informe de su enfermedad y decidir sobre ella.

El PP expresó los mismos temores que la Iglesia ha manifestado en ocasiones previas: "Una trampa hacia la eutanasia". Este partido vaticina conflictos judiciales en su aplicación. La consejera de Salud, Luisa Noeno, destacó su importancia: "Hay situaciones prácticas que no están resueltas y que nos encontramos de forma cotidiana ante ellas. Esta ley tiene una doble finalidad, regula la manifestación del derecho de quienes afrontan su muerte y garantiza que los profesionales puedan atender este derecho con seguridad jurídica". En la ley no se contempla la objeción de conciencia, pero sí la existencia de comités éticos que resolverán los conflictos que puedan presentarse. La Asociación Derecho a Morir Dignamente ha aplaudido esta ley.

El Gobierno está de acuerdo con el planteamiento de la norma aragonesa, "que permitirá a los ciudadanos más garantías en relación con el asunto que se legisla". El proyecto, dicen, "es coincidente con el que se prepara para la norma estatal". Un representante aragonés está integrado en el grupo de trabajo que prepara la futura ley nacional.

Los cuidados paliativos para ayudar a los enfermos terminales a morir sin dolor son un asunto que mucha gente ha vivido de cerca y que "todo el mundo entiende". Así lo explicó el Gobierno en 2010, cuando planteó el abordaje de esta ley. Porque de los planes para regular la eutanasia, incluidos en el programa electoral del PSOE de 2004, nunca más se supo.

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