Unidas Podemos critica que Justicia no haya dado respuesta a un informe en el que proponían cambios a los fallos identificados por este Ministerio y por Presidencia. El plazo de enmienda se ha prorrogado 95 veces
En el limbo. La proposición de ley impulsada por la sociedad civil para abordar los casos de los bebés robados durante la dictadura y hasta después de la Transición está en tierra de nadie. La norma permanece en vía muerta desde junio de 2020, cuando el Congreso de los Diputados aprobó tramitar esta iniciativa por una amplia mayoría, como ya había hecho dos legislaturas atrás, en 2018. Cuando el plazo para presentar enmiendas ya se ha estirado hasta en casi un centenar de ocasiones (95 en dos años y medio de tramitación), las organizaciones que la promovieron empiezan a perder la paciencia, mientras el socio minoritario del Gobierno de coalición se prepara para intensificar la presión sobre el PSOE para que la ley pueda llegar a buen puerto.
Algo más de seis meses después de su aterrizaje en la Cámara Baja, ya en 2021, los Ministerios de Presidencia y Justicia celebraron una reunión telemática con los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, como explican fuentes del Congreso. En ese encuentro con los grupos Socialista y Unidas Podemos, desde ambas carteras manifestaron su criterio desfavorable a determinados aspectos de la norma, en lo que toca, por ejemplo, a la consideración de víctimas que promovía, así como a «cuestiones relacionadas con la reparación mediante la Justicia».
Tras esta reunión, y siempre según fuentes parlamentarias, desde Unidas Podemos remitieron a Justicia, entonces con Juan Carlos Campo al timón (hoy magistrado del Tribunal Constitucional), un informe jurídico en el que planteaban cómo superar esas deficiencias.
Volvieron a remitirlo meses después, tras el relevo de Campo por Pilar Llop, cuando el Ministerio manifestó que no tenían constancia de la existencia de este documento. El informe fue enviado de nuevo a Justicia en enero de 2022, hace un año, pero ni Unidas Podemos tuvo respuesta, ni el Ministerio sabe hoy aclarar qué ha ocurrido con este texto.
A su vez, distintos grupos del Congreso aseguran desconocer el motivo por el que la norma sigue bloqueada, como tampoco pueden aportar detalles de la reunión entre Justicia, Presidencia y los grupos de PSOE y Unidas Podemos, o sobre el informe elaborado por el socio minoritario. Al prorrogarse el plazo para presentar enmiendas, el texto sigue durmiendo el sueño de los justos, tal cual entró en la Cámara, sin que pueda convocarse la correspondiente ponencia. Está, pero no se puede tocar hasta que mientras siga en periodo de enmiendas. Y van 95 prórrogas.
Entre otras cuestiones, la norma contempla reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con varias iniciativas: la garantía del derecho al acceso a todos los archivos, públicos y privados (también los de la Iglesia Católica y los de centros hospitalarios); la puesta en marcha de exhumaciones, pruebas de ADN y un banco de ADN, así como la creación de una Fiscalía especializada.
También plantea realizar campañas de información para que este «crimen contra la humanidad» no vuelva a producirse, además de facilitar atención médica, jurídica y psicológica, como reclama Soledad Luque, portavoz de CeAqua en esta materia y presidenta de la asociación «Todos los niños robados son también mis niños», responsable del texto original que firmaron los grupos, y que después apoyaron tramitar también PP y Ciudadanos. Vox se quedó solo, al margen.
«Pedimos atención psicológica, jurídica y sanitaria», recuerda Luque, que reclama explicaciones al Congreso y al Gobierno. La portavoz de CeAqua (coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo) se reunió esta misma semana con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Lilith Verstrynge, con la diputada de UP que ha seguido su tramitación, Martina Velarde, y con Amnistía Internacional, y hoy sostiene que ese encuentro fue «muy esperanzador». Desde el resto de Ministerios desatendieron su petición.
Verstrynge se comprometió a trasladar a su socio de Gobierno la importancia de insuflar oxígeno a esta norma, que hoy considera una «prioridad». A cinco meses de las elecciones autonómicas y municipales, Podemos trabaja para desmarcarse del PSOE yrecuperar la iniciativa propositiva reciclando propuestas como una renta garantizada que permita superar el actual ingreso mínimo vital, pero también impulsando iniciativas como la ley de bebés robados.
La aprobación de la nueva ley de Memoria Democrática, en octubre, debería haber allanado este camino, según los morados. Esta norma ya contiene un apartado dedicado a los bebés robados, y Unidas Podemos asegura que resuelve dudas o lagunas de la ley específica, en lo que toca, por ejemplo, a los requisitos para ostentar la consideración de víctima. «Nuestro país no puede permitirse no resolver la deuda pendiente con los familiares y afectados por los bebés robados durante el franquismo», afirmó Verstrynge tras la reunión. A las víctimas, como a los responsables de estos hechos, se les acaba el tiempo.
En el limbo. La proposición de ley impulsada por la sociedad civil para abordar los casos de los bebés robados durante la dictadura y hasta después de la Transición está en tierra de nadie. La norma permanece en vía muerta desde junio de 2020, cuando el Congreso de los Diputados aprobó tramitar esta iniciativa por una amplia mayoría, como ya había hecho dos legislaturas atrás, en 2018. Cuando el plazo para presentar enmiendas ya se ha estirado hasta en casi un centenar de ocasiones (95 en dos años y medio de tramitación), las organizaciones que la promovieron empiezan a perder la paciencia, mientras el socio minoritario del Gobierno de coalición se prepara para intensificar la presión sobre el PSOE para que la ley pueda llegar a buen puerto.
