«La libertad de expresión no violenta y cívicamente ejercida está por encima de la capacidad de sancionar del Estado».
Antonio Aramayona, un antiguo profesor de instituto que fue multado en junio con 300 euros por realizar una protesta pacífica contra los recortes en Educación frente al domicilio de la consejera de Educación, Dolores Serrat, en Zaragoza, ha sido absuelto por el juzgado de instrucción número 7 de la capital. También resultaron absueltas en la misma causa Marga Ribas y Marisol Ibáñez que le acompañaban. El juez ha considerado la libertad de expresión como valor superior y que la potestad sancionadora del Estado está sujeta a unos límites y se deslegitima si los traspasa.
La sentencia 305/14 de siete de julio está firmada por el magistrado Rafael Lasala Albasini (ver sentencia). Se sustenta en la sentencia 2/2003 del Tribunal Constitucional y supone el reconocimiento a que la libertad de expresión no violenta y cívicamente ejercida en la vía pública está por encima de la capacidad de sancionar de los poderes públicos del Estado.
120 días ante el portal
La Delegación del Gobierno en Aragón comunicó al profesor la multa por situarse dos horas diarias durante 120 días ante el portal de la consejera. Como ya informó ELPLURAL.COM, Antonio Aramayona, quien se ve obligado a utilizar una silla de ruedas, relataba en su blog Diario de un perroflauta motorizado, que la multa venía referida a su “negativa a abandonar el portal de la consejera de Educación a requerimiento de los agentes denunciantes, el día 23 de octubre”.
No se quiso retirar
El día de autos se producía en concreto una huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes y el profesor dice que la Policía le pidió que se retirara del lugar donde se manifestaba ya que “tenían que montar un puesto de vigilancia”. El profesor, con el que se encontraban las dos mujeres antes mencionadas, se negó aduciendo que “era su única forma de protesta pacífica”, según comentó después en la vista.
Importante para toda la ciudadanía
“Ni que decir tiene la importancia de esta sentencia para el ejercicio de la libertad de expresión no solo de los tres encausados, sino de toda la ciudadanía que quiera manifestar no violentamente en la vía pública sus ideas, sus valores, sus reivindicaciones y sus denuncias”, explican Antonio Aramayona, Marisol Ibáñez y Margarita Ribas en un artículo que han remitido a la organización laicismo.org de la que forman parte algunos de ellos.
¿Desobediencia a la autoridad?
La sentencia establece que la desobediencia a la autoridad ha de suponer previamente que el acto de esa autoridad cuenta con “una base legal que la sustente”. En el caso de estas personas los agentes adujeron como norma legal el artículo 26 h de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana que se contemplan como acción contraria a la seguridad ciudadana.
Comportamiento cívico y educado
Pero el magistrado no encuentra “base para la emisión de la orden recibida por los agentes”, más teniendo en cuenta el comportamiento cívico y educado que mantuvieron en todo momento tanto Aramayona como los mismos agentes. Insiste la sentencia en que tampoco ha habido vejaciones, molestias o coacciones al cargo público en cuyo portal se encontraba (concretamente, la Consejera aragonesa de Educación).
La consejera no denunció
Tampoco la consejera interpuso en algún momento denuncia por tal motivo, “por lo que no caben medidas sancionadoras cuyo objetivo fuere prevenir la reiteración de la conducta de Aramayona (estar en ese portal), pues no ha habido una previa denuncia por parte de la Consejera”.
Y desistió de pleitear por un escrache
Más aún, recuerda el magistrado que la consejera aragonesa de Educación “desistió en el pasado de la acción penal entablada por ella misma a raíz de un escrache en las inmediaciones de su domicilio, por lo que no parece necesaria protección alguna de una acción que ya antes desistió y ahora no pretende (hasta el momento ni ha denunciado ni se ha querellado ni siquiera ha dado señales de vida por esta causa)”.
El “orden público” puesto en cuestión
Estas absoluciones “no solo refuerzan la reivindicación no violenta de los derechos y libertades fundamentales y la denuncia de las lesiones de tales derechos y libertades en la vía pública por parte de la ciudadanía , sino que ponen en cuestión el concepto mismo de “orden público” en el que sustentan a menudo sus medidas, órdenes y acciones algunas autoridades y poderes públicos del actual Gobierno”, dicen los tres de Zaragoza.
“Por la escuela pública y laica”
En su escrito, afirman: “Nos ratificamos en la defensa de la libertad de expresión, de la escuela pública y laica, de la denuncia contra los recortes perpetrados contra el derecho universal a la educación, de los derechos universales y las libertades cívicas fundamentales, y de la libertad y la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos”.
“Seguiremos en esta brega”
La perseverancia del profesor le convirtió en un personaje incómodo para el Gobierno regional y en un héroe para muchos de sus conciudadanos. No parece que vaya a dejar de lado esta tenacidad. En la carta publicada por laicismo.org, los tres firmantes concluyen: “Seguimos y seguiremos en esta brega e invitamos a la ciudadanía a hacer lo mismo en los lugares y ámbitos que su conciencia ética y cívica les dicte”.
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