El gobierno de Juanma Moreno aprueba en Pleno Parlamentario el Decreto que aumentará en 4,5 millones de euros la privatización de la educación.
El 21 de octubre el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba el decreto ley 6/2022 en el que “con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas para la mejora de los módulos de los conciertos educativos, ante la situación generada por el coronavirus”. Una propuesta que pretende dotar de 4,5 millones a las partidas de “otros gastos” destinada al mantenimiento, funcionamiento y conservación de los centros concertados.
La justificación del gobierno andaluz es que “los centros docentes concertados puedan afrontar el coste que conlleva la adopción de estas medidas específicas y extraordinarias” referentes al covid19 que, a pesar de que el curso actual ha comenzado sin una situación epidemiológica reseñable, “resulta necesario continuar adoptando las medidas específicas de higiene y limpieza”.
Según recoge el BOJA, el gobierno andaluz cree que dentro del sistema educativo andaluz el sector “particularmente afectado” es la enseñanza privada concertada por lo que pretende tomar “numerosas medidas de apoyo dirigidas a este sector”. Desde la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA) creen que la medida, a pesar de justificarse en las consecuencias de la pandemia, “se trata de la introducción disimulada de una medida reclamada por la patronal de la enseñanza concertada, por lo que probablemente se convertirá en un mecanismo de sobrefinanciación permanente de la enseñanza concertada”.
El aumento se realizará desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de este año. No es la primera vez que la junta de Andalucía aprueba un decreto para aumentar la inversión en este tipo de enseñanza privada. Durante el curso 2021-2022, el gobierno de Juanma Moreno aprobó un decreto similar que supuso un aumento de 6 millones de euros en la inversión en infraestructuras relativas a la enseñanza concertada. La propia consejera de educación,Patricia del Pozo Fernández, ha reconocido que esta medida tendrá una continuidad en los presupuestos para el año 2023. Del Pozo ha comentado que este Decreto Ley: “Es un esfuerzo que es responsabilidad de todos”. La Consejera ha insistido en que: “Sería imposible desde cualquier posición que respete la igualdad de oportunidades de todos nuestros estudiantes, que algún grupo de la cámara votara en contra de este Decreto”. Un incentivo que ha durado hasta mediados del mes de septiembre. Desde colectivos de enseñanza como el sindicato USTEA comentan que estás medidas tienen como objetivo “el desvío de fondos públicos a la enseñanza privada”.
En su participación en pleno parlamentario la diputada de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha achacado al gobierno a tener “un doble rasero” y ha recordado que durante los años de pandemia varios ayuntamientos andaluces, como el de Cádiz, han reclamado la coresponsabilidad de la junta a la hora de aplicar los protocolos de limpieza en los centros educativos públicos de sus ciudades y pueblos, sin recibir respuesta alguna por parte de la Junta. Y ha expresado la negativa de su partido a la propuesta del gobierno de Juanma Moreno por: “sobrefinanciar a la educación privada por la puerta de atrás, que es un modelo segregador y limitador de las posibilidades del sistema educativo andaluz”.
Hasta 2020, Andalucía destinaba de su presupuesto público el mínimo estatal fijado en los Presupuestos Generales del Estado, sin embargo desde ese año la inversión en educación privada concertada no ha dejado de aumentar. Siendo actualmente una de las comunidades que más inversión está realizando en esta privatización de la educación. En el año 2020 las cifras alcanzaban el máximo histórico de 879 millones de euros en inversión. Una situación que se ha desarrollado en detrimento de la inversión en las escuelas públicas de toda la comunidad. En este inicio de curso Andalucía se encontraba a la cola en gasto en educación pública por alumno de todo el estado, 5.442 euros anuales frente a la inversión de 6.230 de todo el país.
Además de esta decisión tomada por el equipo de gobierno de Moreno la rebaja fiscal anunciada la semana pasada va a suponer una pérdida, según los propios datos de la junta, de 360 millones de euros en las arcas públicas andaluzas. Una pérdida que va a suponer una falta de inversión en servicios públicos como sanidad y educación que seguirán con la tendencia privativa del gobierno.
