Una de las amenazas de campaña del ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo realidad. En 2016, durante un debate televisado con su contrincante, Hillary Clinton, dijo que tenía planes de anular el fallo del caso Roe vs. Wade de 1973, que despenalizó el aborto en aquel país. Para cumplir su promesa, nominó a tres jueces para que sumaran un frente conservador en la Corte Suprema y efectivamente, el 24 de junio anularon el derecho constitucional a la interrupción del embarazo.
Grupos conservadores tuvieron por años en la mira revocar la sentencia del caso Roe vs. Wade. Por ejemplo, la U.S. Conference of Catholic Bishops (la Conferencia Episcopal de Estados Unidos), en un comunicado de 2018, describía ese fallo como el producto de “una sociedad cada vez más embrutecida por la tolerancia y la aceptación de actos que destruyen deliberadamente la vida humana”. Además, la consideraba “una mala ley, mala medicina y mala política social” que ha dejado “muerte, dolor y confusión”, debido a que “muchas mujeres han sido mutiladas o asesinadas por aborto legal, y los abortistas han sido protegidos del escrutinio legal de los tribunales que aplican Roe”.
La decisión de la Corte Suprema significa un apoyo simbólico a organizaciones o actores sociales y políticos muy conservadores “que están cuestionando los avances en materia de derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales”. Lo explica Carmen Díaz Alba, doctora en Ciencias Sociales y académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO), de México, en conversación con la plataforma periodística latinoamericana CONNECTAS.
Ello podría tener un efecto expansivo en países de América Latina, donde estos grupos tienen una presencia muy importante. La razón, puntualiza Rubio Schweizer, es que Latinoamérica se encuentra altamente determinada por Estados Unidos, ya que “nosotros somos parte de su esfera o su círculo; por lo tanto, naturalmente va a tener una influencia no muy buena en la región”.
En un artículo académico titulado “La restauración conservadora en América Latina”, Carlos Otto Vázquez, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, habla de la instauración en el continente de un neoconservadurismo que tuvo una de sus principales expresiones precisamente en Donald Trump. Señala el racismo, la xenofobia, el machismo, el autoritarismo, el clasismo, la homofobia, el no reconocimiento del otro y el rechazo a lo diferente como principales valores y prácticas de este movimiento. Según él, esto “abre cauces a lo que ha sido calificado como una especie de fascismo social”.
Vázquez aclara que este fenómeno no es exclusivo de América, ya que en Europa se ha visto el ascenso de grupos y sectores de derecha y extrema derecha, que, incluso, han llegado a ocupar instancias de poder y de representación política. Algunos de los países donde se encuentran presentes estos movimientos son Francia, Italia, Hungría, Polonia, Alemania, Austria y Suiza.
El parlamento de Polonia rechazó el pasado jueves un proyecto de ley para legalizar el #aborto hasta las 12 semanas. Otra victoria Pro-Vida en la misma semana. pic.twitter.com/jso91gqlLN
— Observatorio de la Dignidad (@DignidadOk) June 26, 2022
De acuerdo con este investigador mexicano, en América Latina dicho conservadurismo “continúa extendiendo y profundizando su operación (…) en lo económico, político, social, narrativo, cultural y simbólico”. En esta región, Vázquez lo encuentra presente en Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, entre otros países.
Bajo la influencia de este movimiento neoconservador, en los últimos años se ha emprendido una campaña para incidir en proyectos “orientados a ocupar el Estado”, según analizan José Manuel Morán y María Angélica Peñas, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Ellos ponen como ejemplo el caso de Brasil, donde el presidente, Jair Bolsonaro, cambió el nombre del Ministerio de las Mujeres y los Derechos Humanos, por el de Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Detrás de este giro, aparentemente sutil, estaba toda una doctrina acerca de la familia tradicional, única admisible desde ese momento en el país. Y además, como dicen los investigadores, “el giro en este caso no fue solo nominativo. Para dirigir a este Ministerio nombró a la pastora evangélica Damares Alves, actora clave en la promoción del discurso de la ‘ideología de género’ y férrea opositora al aborto en todos los casos”.
?️ «¡Es inadmisible hablar de quitarle la vida a este ser indefenso!», escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter. https://t.co/FjWOISGvnk
— The Clinic (@thecliniccl) June 25, 2022
En este intenso movimiento neoconservador, Morán y Peñas también encuentran en la región la presencia de un “fuerte carácter católico” al que se han sumado otras iglesias, como las evangélicas. Para ellos, “el avance transnacional de los derechos de las mujeres y personas LGBTTI+ es uno de los factores que ha incidido con más fuerza en la reacción de sectores religiosos conservadores” que también presentan un “marcado carácter transnacional”. Previenen, no obstante, que el cristianismo evangélico tiene un papel preponderante que “ha transformado al activismo neoconservador y ha desairado la originaria hegemonía católica”.
En el texto titulado “Una mirada regional de las articulaciones neoconservadoras”, ambos académicos confirman que en Latinoamérica hay un avance de sectores contrarios a los derechos sexuales y reproductivos que han cerrado filas en torno a una “agenda común”. Entre estos enumeran iglesias, partidos políticos, ONG y centros de estudio, los cuales reaccionan fuertemente contra las propuestas feministas y de los colectivos LGBTTIQ+.
Ahora, si bien es cierto que varios gobiernos en América Latina han experimentado un cambio de gobierno hacia la izquierda, ello no garantiza la permanencia de los derechos que grupos vulnerables han venido conquistando en los últimos años. Como explica Carmen Díaz, no todos los Estados de izquierda en el continente son progresistas: “Hay izquierdas bastante conservadoras en términos de derechos de las mujeres o derechos de las disidencias sexuales”. Sin embargo, reconoce que en países como México, Argentina y Colombia es difícil que se pueda dar un retroceso inmediato.
En diciembre 2020, Argentina llegó a un culmino histórico en el movimiento de derechos reproductivos de la mujer, denominado «la marea verde», y aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Luego siguió México en septiembre 2021 y Colombia en febrero 2022.
La #MareaVerde se une al pañuelazo frente a la Embajada de Estados Unidos en México para dejar claro que el acceso a aborto seguro es un derecho humano ?✊? #RoeVWade #AbortoLegal pic.twitter.com/hlgHhPjL7V
— MareaVerdeMx (@MxMareaVerde) June 29, 2022
Así, la revocación de Roe vs. Wade “es un recordatorio de que en todo el mundo los derechos pueden ponerse en duda en cualquier momento y pueden estar en riesgo de retroceso en un régimen conservador. Lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos es un ejemplo clarísimo”, dice Cristina Rosero.
Lo anterior implica que nadie debe confiarse: el futuro de derechos ganados para las mujeres y para la comunidad LGBTTIQ+, entre otros, sigue dependiendo de los gobiernos de turno en América Latina. El peligro es mayor cuando en estos países aparecen proyectos políticos que usan como bandera la supuesta defensa de la moral. “La retórica moralizante –subrayan Morán y Peña– se reconfigura en las crisis institucionales, con fuertes énfasis en los discursos centrados en la corrupción y la incapacidad de los partidos tradicionales para representar a las mayorías, entre otros asuntos”.
¿Qué deben hacer los gobiernos latinoamericanos para defender las leyes que despenalizan el aborto o favorecen los matrimonios igualitarios, entre otros derechos? Vázquez sugiere “constituir redes de resistencia” que permitan “dinamizar el proceso de cambio social en sus más distintos ámbitos: por el respeto y equidad de género y contra el patriarcado; por la inclusión y el reconocimiento de las minorías sexuales”, entre otros puntos, en los que destaca “el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades.
Por su parte, Cristina Rosero y Carmen Díaz coinciden en que los grupos activistas deben seguir luchando para que los países eleven estos derechos a normas constitucionales. Además, Díaz recomienda que los gobiernos generen políticas que contribuyan a crear “una conciencia colectiva sobre los Derechos Humanos, sobre la dignidad humana, sobre la justicia y sobre el derecho al aborto como un tema de salud y de justicia y no como un tema de moral”.
