El laicismo se ha confundido, históricamente, con el anticlericalismo.
Hay quienes consideran al carácter laico del Estado como una de las características o componentes de la democracia; aunque esto es así, es relevante hacer una precisión, pues más que una “parte”, en realidad la separación del Estado de cualquier culto o autoridad eclesial es precondición de la vida democrática y más aún, puede sostenerse que es uno de sus fundamentos.
El laicismo se ha confundido también, históricamente, con el anticlericalismo; es decir, como un ataque o una muestra de intolerancia en contra de un credo en particular, confusión a todas luces infundada pues, por el contrario, un Estado laico y democrático es aquel que establece las garantías necesarias para que toda persona pueda profesar y ejercer a plenitud sus libertades de pensamiento y credo.
Para la cultura política y cívica en Latinoamérica este asunto es de la mayor relevancia histórica, pues fue precisamente un Estado clerical el que promovió la Conquista. Desde esa lógica, se formó en nuestro continente y en particular en México lo que Mario de la Cueva llamó un “Estado que no terminaba de ser Iglesia y una Iglesia que no terminaba de controlar a todo el Estado”.
Al finalizar la revolución de Independencia en el siglo XIX, la Iglesia católica era dueña de más de 80% de la riqueza nacional y a lo largo de todo ese siglo se vivieron intensas disputas para lograr la redistribución de la tierra y el capital acumulado por esa institución y lograr la consolidación de un Estado nacional.
Aun en el siglo XX, hubo varios intentos por restaurar los privilegios estamentales a favor del clero, lo cual desató la llamada “guerra cristera”, y cuya naturaleza fue definida por quienes la promovieron, como una “guerra santa”.
Ninguna democracia puede fortalecerse si en las instituciones se ejercen influencias ajenas al propio funcionamiento democrático; es decir, si sobre ellas se imponen poderes de decisión para privilegiar a uno u otro grupo económico, político o religioso.
De ahí la importancia de que, quienes ejercen cargos públicos, tengan la madurez personal y política, así como una profunda convicción democrática, para comprender que independientemente de sus creencias personales, el Estado no puede comprometer recursos para promover a las autoridades del credo que profesan.
Hay un riesgo real para el orden institucional cuando un jefe de Estado se pliega ante el jefe de otro Estado con base en el reconocimiento de una autoridad ajena a la emanada de nuestra Constitución y nuestras leyes. De ahí lo cuestionable de la actitud mostrada por Vicente Fox al haberse arrodillado ante Karol Wojtyla; y de la que actualmente ha mostrado el Presidente de la República frente al señor Josep Ratzinger.
En su calidad de jefes de Estado, las reglas y protocolos diplomáticos indican que el trato debe darse respetuosamente entre pares. El problema, sin embargo, se encuentra cuando una de las partes asume una posición de sumisión ante quien es el jerarca de la Iglesia a la que pertenece.
Este es uno de esos casos en los que la forma es fondo, y en el que el jefe del Estado mexicano, sea quien sea, está obligado a mantener firmemente los principios constitucionales respecto del Estado laico, pues es con base en éste que su propia libertad para creer en lo que mejor le parezca encuentra su fundamento.
