Las exenciones fiscales que impone el Concordato, que le permiten eludir el pago del impuesto municipal, eximen también al Pilar de una factura anual de 132.900 euros.
La iglesia se ahorra un recibo anual de 66.827 euros de IBI en el templo zaragozano de San Juan de los Panetes, inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad desde el 23 de enero de 1989 a pesar de que el Ministerio de Hacienda sostiene que desde el 17 de noviembre de 1933 se trata de un “Bien de Interés Cultural con categoría de monumento”, adscrito al Ministerio de Cultura e incluido en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.
El templo, característico por su mezcla de elementos arquitectónicos barrocos y mudéjares y por su peculiar torre inclinada, se ubica en el número 1 de la plaza César Augusto de Zaragoza, aunque su dirección oficiosa es el número 3 de la calle Salduba. Tiene una superficie construida de 2.029 metros cuadrados sobre una parcela de 1.406, el grueso de la cual, 680, está dedicada a usos religiosos mientras el Catastro registra otros 1.261 para usos sanitarios y 88 más para almacén.
San Juan de los Panetes es una de las 584 propiedades eclesiásticas que se benefician de las exenciones tributarias que imponen los Acuerdos Jurídicos con la Santa Sede de 1979, y que impiden que cada año entren en las arcas municipales de la capital aragonesa 2.602.203 euros.
El mayor de esos recibos que el consistorio nunca llega a cobrar, de 132.908,72 euros, corresponde a la basílica del Pilar, ubicada en el número 19 de la plaza del mismo nombre.
Este templo emblemático de la capital aragonesa, que llega a atraer a cinco millones de visitantes al cabo del año, pasó a ser propiedad indiscutible del arzobispado de Zaragoza el pasado 5 de abril, al cumplirse 30 años de la anotación de su inmatriculación en el Registro. Para entonces habían pasado 136 años de su consagración en 1872 y 337 desde el inicio delas obras sin que nadie hubiera registrado su titularidad, algo que nadie cuestionó en las tres décadas posteriores a la inscripción.
Casi cuatro millones al año en exenciones
Junto con las exenciones eclesiásticas, disponibles en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, las que benefician a las fundaciones suponen una merma de 1,62 millones de euros anuales en los ingresos municipales que afectan a un total de 335 inmuebles.
Buena parte de ellos corresponden a fundaciones vinculadas a la iglesia, algunas de las cuales gestionan complejos educativos y deportivos. En este sentido, llama la atención la exención de 458.605 euros que suman los jesuitas entre las de su organización provincial (275.358) y las del Stadium Casablanca (183.247). Colegios como el Marianista se libran de un recibo de 142.144.
Entre los beneficiados por las exenciones tributarias de la legislación española se encuentra una fundación bancaria como la de CAI (Caja de Ahorros de la Inmaculada, absorbida por Ibercaja), con 206.223 euros, centros deportivos como Helios (86.378) e, incluso, la Federación Española de Fútbol, que elude hacer frente al pago de 89.118 por sus campos del distrito del Actur.
La suma de las exenciones del IBI por motivos eclesiásticos y las que afectan a las fundaciones suman un total de 3.892.074 al año en Zaragoza, lo que supone una merma de casi el 2,5% sobre la previsión de 160 para el resto de los propietarios de inmuebles de la ciudad.
Una iglesia estatal inscrita a nombre del arzobispado
El conflicto sobre la titularidad de la iglesia de San Juan de los Panetes afloró hace año y medio, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza planteó un acto de conciliación al arzobispado para interrumpir los plazos que le habrían permitido hacerse entre el pasado año y el próximo con la propiedad de, además de ese templo, la catedral de la Seo y las iglesias de la Magdalena y Santiago el Mayor.
La iniciativa del equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), el primero de España en disputarle a la iglesia la titularidad de una catedral apoyado por Cha, que fue quien la llevó al pleno, y avalado por la abstención de PSOE y C’s, desató una tormenta política y mediática en la ciudad en la que, pasados unos meses, terció Patrimonio del Estado al certificar la titularidad estatal de San Juan de los Panetes.
Esa misma resolución, en la que descartaba que La Seo, Santiago y La Magdalena fueran “sedes vacantes” y descartaba litigar por ellas, recogía que el arzobispado había formalizado el pasado 12 de diciembre “una escritura para la cancelación de la anotación registral” de la inmatriculación.
Sin embargo, la finca seguía hace unos días inscrita a nombre del arzobispado en el Registro, mientras Patrimonio descartaba dar ninguna orden “ejecutiva” para regularizar la situación. Eso ha llevado a Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico) a solicitar por segunda vez la intervención del Defensor del Pueblo.
“Está en un limbo legal, y no hay ninguna base legal para que la Administración no registre a su nombre ese edificio”, señala Jorge García, presidente de Mhuel.
El Gobierno de Lambán frena la investigación de las inmatriculaciones
Por otro lado, el Gobierno de Aragón ha decidido aparcar la investigación sobre las inmatriculaciones de la iglesia católica en la comunidad alegando su elevado coste.
Hasta ahora, las consultas a los registros habían revelado cómo las instituciones eclesiásticas habían anotado a su nombre al menos 2.023 inmuebles en 656 municipios aragoneses en los 17 años (1998-2015) que estuvo vigente la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno de José María Aznar, que permitía a las curias autocertificar el dominio de las fincas. Eso, a falta de recibir los datos de 14 de los 43 registradores.
Una resolución de las Cortes instaba al ejecutivo de Javier Lambán a recabar las notas simples de todas esas propiedades, así como a investigar las inmatriculaciones efectuadas por la iglesia entre 1978 y 1998.
Sin embargo, el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, señala en una respuesta a la diputada de Podemos Amparo Bella que “no existe crédito” en su departamento para realizar esa investigación, puesto que “no se encuentra habilitada ninguna partida para el abono de los gastos que la petición de esas notas registrales, en cualquiera de sus modalidades, pudiera suponer”.
“El coste que la petición de esas notas puede suponer para el Gobierno de Aragón, estaría al menos en torno a los 87.500 euros”, señala el consejero.
