Vigo es la localidad con más inmuebles en esta situación. La Conferencia Episcopal admite que el Monasterio de Santa Clara en Allariz y un solar en Mondariz-Balneario son de comunidades religiosas y se desliga de una casa vendida en 2007.
La Iglesia se abre a regularizar en Galicia menos de una decena (un 0,1%) de las 6.867 propiedades que, bajo la vigencia de la reforma impulsada por el Gobierno de José María Aznar, abrió la puerta a centenares de inmatriculaciones por todo el territorio español entre los años 1998 y 2015. En la pasada jornada se hizo un público un acuerdo entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal mediante el que esta se comprometía a facilitar la regularización de casi un millar de propiedades en las que, tras una revisión en profundidad, la propia Iglesia reconoce problemas con la titularidad de los mismos.
En el caso gallego, los cálculos del Gobierno situaban en más de 7.000 las inmatriculaciones, pero el informe publicado en su web por la Conferencia Episcopal las rebaja a 6.867, cuyo registro considera implícitamente adecuado aún por una vía legislativa no exenta de polémica social y política. En él se aclara que 111 inmuebles fueron en realidad adquiridos en un periodo distinto al que está en el foco de la investigación y que otros 96 fueron adquiridos mediante compraventa, donación, permuta, herencia u otras vías diferentes a la inmatriculación, por lo que no deberían figurar en el listado.
Además, la Conferencia Episcopal hace constar un inmueble duplicado en Galicia y sitúa, en consecuencia, el foco de la regularización pendiente en nueve propiedades, empezando por desligarse de una vivienda rústica en A Veiga (Ourense), dependiente en su día de la Diócesis de Astorga, y que, según el informe, fue vendida en 2007, por lo que se desvincula de su titularidad.
Otras comunidades y sin datos suficientes para identificar titular
Asimismo, señala que el Monasterio de Santa Clara en Allariz pertenece a la Comunidad Religiosa de Clarisas y un solar ubicado en Mondariz-Balneario (Pontevedra), a la Congregación Misionera del Divino Maestro.
Y en el apartado de bienes sobre los que faltan datos para identificar si son de su titularidad o no sitúa un piso en Narón (A Coruña), vinculado a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol; y un total de cuatro terrenos y un «atrio/capilla», todos ellos ubicados en Vigo, la localidad gallega con más inmuebles en esta situación.
El papel de los municipios
A la espera de ver cómo se concreta el proceso, el Gobierno informó que se trasladaría esta información a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proceder a una regularización de propiedades que la Iglesia se ha comprometido a «facilitar».
El asunto de las inmatriculaciones se remonta al año 1998, cuando el entonces presidente del Gobierno José María Aznar llevó a cabo una reforma de la Ley Hipotecaria, por la que se suprimió la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico.
De esta forma, desde 1998 hasta el año 2015 la Iglesia católica española tuvo la posibilidad de inmatricular bienes, registrarlos por primera vez, de acuerdo con esta reforma de la ley hipotecaria. Si bien, en 2015, durante el gobierno de Mariano Rajoy, se derogó este sistema y la Iglesia católica dejó de tener esta posibilidad.
Procedimiento en el Congreso
Dos años después, en abril de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley para urgir al Gobierno a aportar una relación de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en el periodo de 1998 y 2015.
Finalmente, fue en febrero de 2021 cuando el Gobierno, ya con Pedro Sánchez como presidente, hizo público dicho listado. En concreto, según esta lista, la Iglesia católica en España inmatriculó un total de 34.961 bienes desde 1998 hasta 2015.
La entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, precisó que estas inmatriculaciones se hicieron «a la luz de la legalidad».
Negociación y voluntad de subsanar «errores»
Desde entonces, se ha producido una negociación entre la Iglesia y el Estado consistente en verificar que todos los bienes que aparecen en dicho listado son los que se han efectuado conforme a la ley y subsanar errores, como pueden ser registros que figuren duplicados, bienes inscritos en otro periodo de tiempo o que se enajenaron.
La CEE ha realizado este estudio a través de consultas a las diócesis, que ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados.
