Los ayuntamientos deberán reservar suelo para uso religioso
Construir un espacio de culto tiene que dejar de ser una empresa imposible, se trate de una iglesia católica, de una mezquita o de una sinagoga. La Generalitat de Cataluña ha aprobado una ley que pretende acabar con la discrecionalidad de los ayuntamientos a la hora de autorizar la apertura de espacios de culto. El texto fijará las medidas de salubridad y seguridad mínimas que deberán cumplir estos oratorios y obligará a los ayuntamientos a reservar suelo para espacios de culto en los nuevos planes urbanísticos. El tratamiento igualitario que el texto hace de todas las religiones ha indignado a la Iglesia católica.
El rechazo vecinal y de algunos ayuntamientos a la apertura de oratorios, sobre todo musulmanes, es lo que ha motivado la nueva ley. "La apertura de locales de culto es un derecho por el que tienen que velar las administraciones", resume el preámbulo de la ley, que ahora comienza su tramitación en el parlamento catalán.
Garantizar suelo para la construcción de estos locales es el punto que se prevé más polémico. El texto obliga a todos los ayuntamientos a que en sus planes urbanísticos incluyan suelo donde se admitan los usos de carácter religioso. Se dará diez años a los ayuntamientos para que adapten su planeamiento a la nueva ley. La forma cómo esto se llevará a cabo está expensas del reglamento, que no se redactará hasta el próximo año.
Pero la Iglesia católica no ha esperado a conocer los detalles para criticar la iniciativa. "Preocupado" se mostró ayer el portavoz de los obispos catalanes, Joan Enric Vives, quien denunció que el texto "pretende regular con una misma ley realidades muy diversas, como son las iglesias, las sinagogas, las mezquitas y otros centros. En un comunicado, el también obispo de Urgell advirtió de que los diferentes templos "tienen una naturaleza, contenidos y finalidades diferentes y específicas".
Precisamente para evitar el choque con la Iglesia católica, la ley recoge en una disposición adicional según la cual la aplicación del texto ser hará "sin perjuicio de los acuerdos suscritos con la Santa Sede". Dichos acuerdos eximen, por ejemplo, a la Iglesia católica de pagar impuestos como el IVA, lo que contradice una directiva europea.
Frente a las críticas de la Iglesia, la ley cuenta con el apoyo del resto de confesiones. El portavoz del Consejo Evangélico catalán, Daniel Rodríguez, cree que diferenciar entre las religiones sería "discriminación". El portavoz del Consejo Cultural Islámico de Cataluña, Mohamed Halhoul, espera que el nuevo texto permita a los oratorios musulmanes "salir de la precariedad".
