La Conferencia Episcopal no pone fecha a la concesión de indemnizaciones económicas a las víctimas y considera que se las está “mercantilizando”
Más de 1,25 millones de euros. Es el importe que pagó la Conferencia Episcopal por el informe sobre abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia que encargó al bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo. La auditoría, que contabilizó al menos 2.056 víctimas, llegó con más de un año de retraso y contradice las cifras que la Conferencia Episcopal había estimado en sus propios estudios.
El secretario general de la institución católica, Francisco César García Magán, ha reconocido que la auditoría “no fue barata”, pero asegura que su contenido es “valioso” y que era una investigación necesaria para “llegar a la verdad”. “Las víctimas se merecen eso y más”, ha sentenciado.
García Magán ha asegurado que las conclusiones y sugerencias que aporta el informe de Cremades se han tenido en cuenta para elaborar el ‘plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales’ que la Conferencia Episcopal prevé aprobar en el mes de marzo, en el que también se contemplan las observaciones del Defensor del Pueblo. Desde la institución eclesiástica ponen en valor la “profundidad y profesionalidad” con la que se ha realizado el informe y defienden que Cremades tuvo “libertad absoluta” para determinar quién trabajaba la investigación.
Retraso en las indemnizaciones
Paralelamente, García Magán ha anunciado la creación de una Comisión de Arbitraje de ámbito nacional que asumirá las indemnizaciones económicas de aquellos casos que no sean susceptibles de tener recorrido judicial. Así, esta comisión estudiará las denuncias presentadas en las oficinas de protección del menor que no tienen recorrido judicial, ya sea porque el victimario ha fallecido o porque el delito haya prescrito.
Este organismo estará formado por expertos de distintas procedencias, incluyendo juristas, médicos, psicólogos y personas del ámbito canónico. Su misión será valorar las denuncias presentadas y conceder la indemnización económica que le corresponde a cada víctima, en los casos en los que esta así lo solicite. Sin embargo, García Magán ha enfatizado que esas reparaciones económicas corresponden en primera instancia al victimario, y que solo en el supuesto de que este no pueda hacerse cargo responderá subsidiariamente la institución eclesial a la que pertenece.
Además, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha criticado que el foco de atención se sitúe solo en la cuestión económica, al considerar que la reparación del daño sufrido por las víctimas implica muchos factores más. “Reducir este tema solo a lo económico me parece una mercantilización de las víctimas“, ha denunciado García Magán, asegurando conocer de primera mano casos en los que las víctimas no piden indemnización económica.
Así, en su ‘plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales’, la Conferencia Episcopal fijará una pauta de actuación común a nivel nacional para ofrecer a las víctimas una “reparación integral, buscando dar respuesta a lo que cada víctima en concreto requiera”. Este plan pretende evitar que los casos de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico vuelvan a repetirse y ofrecerá una pauta de actuación personalizada para cada víctima según lo que solicite.
