Un informe preliminar al que ha tenido acceso Infolibre explica que hay un desfase de 300.000 euros entre el dinero que recibe de la casilla de la Renta y el que justifica
Ya lo había adelantado la vicepresidenta del Gobierno en su reciente entrevista en la Ser: «Vamos hacia una nueva fiscalidad mucho más justa (…). La Iglesia católica debe rendir cuentas sobre cómo administra esos fondos en función de los objetivos que atiende, no de otras cosas».
Ahora, las conclusiones preliminares de un informe del Tribunal de Cuentas, según publica Infolibre, hacen de las palabras de la vicepresidenta algo premonitorio. La información señala un desfase de más de 300.000 euros entre la Memoria de Actividades de la Iglesia y el dinero entregado por el Estado. Desde el Tribunal de Cuentas señalan que se trata de un borrador susceptible de sufrir modificaciones, y que por tanto no pueden pronunciarse sobre su contenido. La Conferencia Episcopal prefiere, por el momento, no hacer ninguna valoración.
La asociación Europa Laica asegura que el informe corrobora una denuncia que han hecho reiteradamente: la Conferencia Episcopal no justifica el dinero que recibe a través de la casilla del IRPF, unos 268 millones de euros en 2017. La asociación exige la «denuncia y derogación inexcusable de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979» al considerar que «se está vulnerando el principio de aconfesionalidad del Estado» al admitir una pérdida de ingresos por parte de las arcas públicas, que se agrava cuando parte de esos fondos se destinan no a fines pastorales o litúrgicos, sino a financiar proyectos comerciales, como la televisión TreceTV.
«La Administración carece de información precisa acerca del destino efectivo de esta asignación pública que se transfiere a la Iglesia católica, por lo que no se puede distinguir entre lo que la Iglesia destina a actividades confesionales de otras claramente mercantiles que vulnerarían la legislación comunitaria sobre la libre concurrencia y las ayudas de Estado», defiende Europa Laica.
Además, señala que el Tribunal de Cuentas «responsabiliza directamente a la Administración de la desidia sobre este tema y falta de control, puesto que esa Memoria nunca ha sido revisada ni formulada objeción de ningún tipo durante todos estos años, también por no tener establecidos criterios analíticos y contables al respecto». La conclusión de Europa Laica es que «el superávit que la Iglesia católica declara disponer por esta Asignación –15,9 millones en 2017 y 19,3 en 2016– es claramente atípico y señal de que el Estado está financiando a la Iglesia católica a través del IPRF con más dinero de lo que figura en los Acuerdos de 1979».
Según el texto publicado por Infolibre, el Tribunal alerta de que tampoco existe plan alguno por parte de la Iglesia católica para su autofinanciación, tal y como figura en los compromisos que adquirió en esos mismos Acuerdos.
En opinión de Europa Laica, el informe del Tribunal de Cuentas «corrobora las denuncias que venimos haciendo acerca de todo este tinglado confesional y el carácter de patraña que tiene la Memoria nada justificativa de la Iglesia católica», y hace responsable «a la desidia, cuando no connivencia, de la Administración y los Gobiernos de turno por la falta de control del dinero público regalado a la Iglesia católica, además de por contradecir el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado».
Por ello, afirman, «no existe razón para que el Gobierno progresista PSOE-UP no cumpla con sus promesas electorales y partidarias, y proceda sin más demora, después de más de cuarenta años, a la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, los existentes con las confesiones minoritarias y cualquier legislación de privilegio, acabando de una vez con este vergonzoso sistema de subvencionar organizaciones privadas con los impuestos de todos, con una Iglesia católica que, de forma arrogante, ni siquiera justifica en qué los emplea».
