La fiscalización de la relación económica del Estado con la Iglesia, que dejó fuera el dinero de comunidades, diputaciones y ayuntamientos y el grueso de sus ventajas en el terreno fiscal, educativo y patrimonial, tampoco ha forzado cambios a fondo en la justificación de los fondos públicos asignados vía IRPF.
La Iglesia mantiene intacto su privilegiado estatus económico en España, que ha salvado el desafío puntual del histórico examen del Tribunal de Cuentas. Casi un año después de la publicación del informe de fiscalización, una especie de auditoría de las relaciones económicas del Estado con la Iglesia, la evaluación de la situación evidencia que el alcance de los trabajos dejaba fuera el grueso de las ventajas económicas, fiscales, educativas y patrimoniales de la institución católica. Es más, ni siquiera hay cambios significativos respecto a los fondos entregados a la Iglesia vía IRPF.
A la espera de un posible acuerdo reformista entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE), que negocian discretamente desde hace más de un año, la memoria anual de la Iglesia sigue siendo más publicitaria que justificativa. Mientras tanto, los obispos han logrado el aval del Gobierno a las inmatriculaciones y el anteproyecto de una nueva ley cultural prevé un reforzamiento de la cooperación del Estado con la Iglesia para “enriquecer” su patrimonio.
Un listón bajo
La fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la relación económica del Estado con la Iglesia, aprobada el 28 de julio de 2020, se empezó a realizar tras una campaña de presión que incluyó a fuerzas de izquierdas, como PSOE, Podemos e IU, y a grupos como Europa Laica. A finales de 2016, el Tribunal de Cuentas se había opuesto a realizar este examen, pese a la voluntad de hacerlo de miembros del sector progresista. Finalmente, al año siguiente la institución sí probó la elaboración del informe, que también incluía a las confesiones judía, evangélica y musulmana.
Tras siglos de entrañamiento entre Estado e Iglesia, que durante el franquismo habían derivado en una consustancialidad entre los poderes civil y religioso, la expectativa sobre el empeño del Tribunal de Cuentas era alta. ¿Hasta qué punto afectaría al estatus económico y la dependencia del dinero público de la histórica institución rectora de la moral de la sociedad española?
El Tribunal de Cuentas se colocó el listón bajo. Desde el mismo diseño previo de la fiscalización, dejó fuera la mayoría de los ingresos y beneficios públicos, al no escrutar la financiación por parte de comunidades, diputaciones y ayuntamientos, ni tampoco los conciertos educativos o sanitarios, ni las inmatriculaciones, ni el dinero por las entradas a los templos, ni el sueldo de los profesores de Religión, ni de los capellanes… Los trabajos se limitaban a la Iglesia diocesana y se centraron –no exclusiva pero sí mayoritariamente– en los ingresos vía casilla de la Iglesia en el IRPF, y más concretamente en la memoria con la que la CEE justifica en qué los ha empleado y que en teoría debe servir al Estado para mantener un cierto control sobre ese dinero.
La primera noticia sobre el resultado de los trabajos la publicó infoLibre, cuando en enero de 2020 desveló que el informe preliminar alertaba del descontrol del dinero público entregado a la Iglesia. Tras esta información, el sector más conservador del Tribunal de Cuentas se alineó con la jerarquía católica para limitar el alcance de los trabajos. La versión final, ya aprobada por el pleno, mantenía en esencia el diagnóstico general, pero suavizado. Desaparecían afirmaciones duras que sí figuraban en las conclusiones provisionales, como estas: las memorias justificativas del dinero recibido por la Iglesia “se corresponden más con una memoria de actividades que con una memoria justificativa”; “el Estado carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos”; por el modo de justificar el destino del dinero público entregado, no es posible “asegurar el respeto a la normativa comunitaria y, en particular, al principio de libre concurrencia”… Ojo, no es que el informe no recogiese el fondo de estas observaciones, pero lo hacía con una retórica más diluida, más difícil de entrecomillar para los medios, como resalta una fuente del Tribunal de Cuentas.
De modo que a finales de julio de 2020, hace casi un año, al fin salía el informe definitivo de fiscalización. ¿Y qué decía? ¿Qué ha cambiado? Veamos.
Falta de seguimiento
“La Iglesia elabora la memoria con sus propios criterios”, señala el informe, que constata que no existen acuerdos entre el Estado y la Santa Sede o normativa estatal que regulen los plazos, la forma y el contenido de la memoria. Sobre los plazos, poca novedad ha habido. La memoria de de 2017 –ejercicio en el que se centra la fiscalización– se entregó al Gobierno en septiembre de 2019. “Aunque puede parecer excesivo […], se ha constatado que no existen acuerdos o normativa estatal […] acerca de los plazos”, señala el informe. El retraso se ha vuelto a producir este año. La memoria de 2019 fue presentada en una rueda de prensa en mayo de este año, pero no entregada al Gobierno. Ante la pregunta a la CEE sobre si ya había entregado el documento al Ejecutivo, no hay respuesta. El retraso no es sólo imputable a la CEE, ya que esta depende de información que le da el Estado.
El Tribunal de Cuentas constata que el Gobierno no realiza un “seguimiento efectivo” de la memoria justificativa, ni está previsto un órgano encargado. Tampoco están definidas las necesidades de la Iglesia para cuyo “adecuado sostenimiento” colabora el Estado. “Esta inconcreción impide determinar con precisión la existencia de insuficiencias o excesos de financiación”, añade el informe, que recomienda la aplicación de un mecanismo para resolución de dudas y la articulación de vías para un seguimiento eficaz. En una respuesta recabada antes del relevo de Carmen Calvo por Félix Bolaños, el Ministerio de Presidencia, responsable de las relaciones con la Iglesia, explica sobre el conjunto de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas: “Esperamos que los primeros resultados sean una realidad en breve”.
No hay avance alguno hacia la autofinanciación, y la memoria anual tiene más de publicidad que de justificación del destino del dinero público recibido
Memoria justificativa o folleto publicitario
Aunque el acuerdo de 2006 del Gobierno con la Iglesia, cuando José Luis Rodríguez Zapatero subió del 0,52% al 0,7% la aportación por cada casilla en el IRPF, establecía que la CEE debería presentar cada año una “memoria justificativa”, lo publicado es en realidad “una memoria de actividades de la propia Iglesia”, como pone de relieve el Tribunal de Cuentas. ¿Ha cambiado eso? No, a tenor de la memoria de 2019 presentada en mayo de este año. El documento, de hecho, se sigue llamando “memoria anual de actividades de la Iglesia católica“. Y hay mucho más autobombo que justificación. Si no supiéramos que ha habido un informe del Tribunal de Cuentas, leyendo la memoria de 2019 sería difícil enterarse.
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