La Iglesia frente al pluralismo

A menudo, se ha señalado como una particularidad específica de Europa separar el poder espiritual del temporal.

En el Imperio Romano, siguiendo las huellas del despotismo oriental, ambos poderes se fusionaron, unión que ha perdurado hasta nuestros días en el mundo islámico, pese a que en el monoteísmo tenga otro alcance que en el politeísmo.

Una nítida separación del poder político caracterizó al primer cristianismo, sufriendo por ello discriminación y persecuciones. En el llamado edicto de Milán (313), sin ocultar sus simpatías por el cristianismo, el emperador Constantino lo igualó a las otras religiones, garantizando por vez primera la neutralidad del Estado ante las distintas confesiones. Los apoyos y privilegios que recibió la Iglesia los pagó al alto precio de ver transmutados los obispos en funcionarios imperiales. En el último tercio del siglo IV, con la proclamación del cristianismo como religión oficial del Imperio, se suprimió de un plumazo la frágil tolerancia religiosa. El senado, último baluarte pagano, en el 382 abjuró solemnemente de los dioses tradicionales, decretando castigos para los que se mantuvieran fieles a los antiguos cultos. La religión perseguida, en cuanto se vinculó al poder del Estado, se transformó en perseguidora.

Con la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia queda abandonada a sí misma, con el objetivo de reconstruir lo antes posible la antigua alianza con el poder político. En el afán de un mayor grado de integración centralizada, el poder temporal y el eclesiástico se necesitan mutuamente, configurando así el binomio Imperio-Papado que singularizó a la cristiandad. Ni qué decir tiene que el equilibrio entre ambos poderes fue siempre muy inestable, predominando el poder temporal, hasta que la fragilidad del Imperio por la dispersión feudal del poder, pero sobre todo por el resurgir de los reinos, robusteció una Iglesia que pretende librarse de la sumisión a los poderes temporales, libertas ecclesiae. Gregorio VII (1073-85) llega a defender la superioridad del poder espiritual, así como el alma prevalece sobre el cuerpo, incluida la posibilidad de destituir a los poderosos, sean cual fuere su rango, que a juicio de la Iglesia se aparten de los dictados divinos.

La crisis del Imperio y del Papado a partir del siglo XIV -Francia logra incluso llevar la corte papal a Aviñón- debilitan el binomio hasta la insignificancia. La reforma protestante refuerza la autonomía de las distintas iglesias, en buena parte sometidas al poder de los Estados, incluso en los países en los que se impuso la Contrarreforma. Después de haberse desgarrado en las guerras de religión, a finales del siglo XVII Europa encuentra su identidad en la tolerancia religiosa, matriz de todas las demás libertades. Las libertades civiles, tales como las entienden los europeos, son inconcebibles sin la libertad de cada cual de salvarse a su manera, de creer o no creer lo que les dicte la conciencia, libertad religiosa que presupone, tanto la neutralidad del poder, como la estricta separación de Iglesia y Estado.El enfrentamiento de la Iglesia católica con la libertad de conciencia, como base de la tolerancia religiosa y de la estricta separación del Estado, ha durado casi tres siglos, un largo trecho del que no puede sentirse muy orgullosa. La oposición visceral a los valores constitutivos de Europa, tal como se expresa en el Syllabus, o catálogo de los errores modernos (1864), muestra hasta qué punto la jerarquía católica por boca del papa Pío IX puede desbarrar política y socialmente. Enclaustrada en prejuicios acumulados en una tradición moldeada por un solo interés, salvaguardar poder y privilegios, la Iglesia ha ido apartándose de aquel primer cristianismo, "que daba al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".

La Iglesia no se ha instalado en la modernidad europea hasta el Concilio Vaticano II, en el que por fin reconoce la libertad de conciencia con todas sus consecuencias. Empero, lo más significativo de este último medio siglo es que una buena parte de la jerarquía ha ido distanciándose de los postulados básicos del Concilio, como si renunciar a los privilegios provinientes del poder político implicase el resquebrajamiento de su estructura interna. Más que confiar en la ayuda del Espíritu Santo, la Iglesia prefiere asegurarse la del Estado; la española, en particular, no ha sabido librarse de su pasado nacionalcatólico y las críticas que recientemente ha hecho a la neutralidad laica del Estado rezuman valoraciones y conceptos de un pasado que creíamos superado.

La jerarquía eclesiástica española ha vuelto a plantear posiciones que en los años setenta del siglo XIX ya llevó al enfrentamiento con la Alemania de Bismarck (Kulturkampf). Al apelar a un "derecho natural", en sí mismo racional y además, incardinado en la ley eterna de origen divino, que sólo a la Iglesia correspondería interpretar, coloca sobre el derecho positivo uno de origen divino en manos exclusivas de la Iglesia. Si el poder político sanciona leyes que van contra el "derecho natural", como es el caso del aborto o del matrimonio homosexual, de hecho rompe con el orden democrático, ya que únicamente es legítimo si se sostiene sobre el "derecho natural". Desde una argumentación que creíamos superada por el último Concilio, algún obispo español ha llegado a descalificar al Gobierno de "antidemocrático".

Habrá que recordar a la jerarquía eclesiástica que el Estado de derecho, tal como lo construye la ciencia jurídica alemana del siglo XIX, y que se recompone en el XX en "Estado democrático de derecho" se basa en tres principios: 1.- Sólo el Estado es fuente de derecho; no hay otro derecho que el estatal; 2.- A la vez que obliga a todos, el Estado respeta el derecho que se ha dado a sí mismo, evitando toda arbitrariedad; 3.- Ha sido promulgado siguiendo un procedimiento en el que se haya expresado la voluntad de la mayoría.

Si se reconocen la libertad de conciencia de cada uno, así como las libertades civiles y los derechos humanos, el resultado es un pluralismo de ideas y posiciones sobre lo que es bueno y justo, sin que instancia alguna pueda definir previamente sus contenidos. La Iglesia lo puede hacer para sus fieles, pero en ningún caso para el conjunto de los ciudadanos, que supondría el fin de las libertades. Este pluralismo, que tanto le ha costado reconocer a la Iglesia, es consustancial con la democracia y obliga al Estado a mantener una neutralidad ideológica y confesional, así como a imponer como único derecho válido el que haya sido aprobado por la mayoría según los procedimientos previstos.

Sólo cuando la Iglesia acepta el pluralismo implícito en el reconocimiento de las libertades y derechos humanos fundamentales -Pío VI condenó como "apostasía nacional" la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789)- puede decirse que ha asumido la democracia, dispuesta a convivir en un mundo en el que muchos no comparten sus valores y "verdades". En todo caso, al igual que los demás ciudadanos e instituciones religiosas y civiles en una democracia, la Iglesia tiene garantizados libertades y derechos, sin que pueda sufrir persecución alguna, a no ser que, como a menudo ha ocurrido en el pasado, y sigue sucediendo hoy en España, llame "persecución" a ver cercenados privilegios heredados que no encajan en una democracia, necesariamente, recalco, pluralista y laica.