El Pleno de La Laguna aprobó en 2022 estudiar el cobro de impuestos, pero el asunto está pendiente
El gobierno local afirma que se convocará una «comisión bilateral»
La Laguna cuenta con alrededor de 300 propiedades que están exentas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y, de ellas, un centenar pertenecen a la Iglesia Católica. Así se desprende de un documento fechado en 2020 y cuyos datos no habían trascendido. Se trata de una solicitud que formuló el por entonces diputado de Sí Podemos Canarias Manuel Marrero al Ayuntamiento de La Laguna. Le pidió la relación de propiedades del Obispado de Tenerife y de otras instituciones y organismos públicos que no tributan el impuesto conocido popularmente como la Contribución.
Hubo respuesta del Consistorio. Le contestó el concejal lagunero de Hacienda, Asuntos Económicos y Seguridad Ciudadana de aquel tiempo, Alejandro Marrero. El listado cuenta con 298 inmuebles. Entre ellos los hay que no pagan IBI por no tener fines lucrativos, por pertenecer a Cruz Roja, por ser edificios históricos, por estar dedicados a la enseñanza, por ser propiedad de Defensa o por encuadrarse en la categoría promoción de viviendas.
Sin embargo, el motivo de exención de la Contribución con más casos es el religioso. Hay 114 edificios en esta situación. Ahora bien, aunque todos ellos aparecen bajo la descripción iglesia, el análisis de las direcciones muestra unos pocos con actividad de otras confesiones que no son la católica, como es la Cristiana Evangélica.
En cuanto a los de la Iglesia Católica, figuran inmuebles con uso religioso y otros que pudieran tener fines sociales, mientras que son cuantiosos también en los que se atisba un uso ajeno a las actividades propias de esta confesión. Cada uno de los inmuebles aparece acompañado de su valor catastral, y ahí destaca el Seminario Diocesano, al que la Administración otorgaba a a la fecha del documento un valor de 14,2 millones de euros.
Los edificios sin uso religioso ni social son los que se hallan principalmente en el punto de mira
Sobre esta controversia del IBI y la Iglesia en el municipio, hay que referir un pleno celebrado en marzo de 2022 en el Ayuntamiento lagunero. Aquella sesión tuvo eco porque se aprobó por unanimidad analizar los bienes inmatriculados (registrados por primera vez) por la Iglesia en el municipio y ofrecer cobertura a los propietarios que se pudieran haber visto afectados por esa práctica.
Como se recordará, el de las inmatriculaciones es un asunto que tiene en sus orígenes una ley de 1998 que le permitió a la Iglesia realizar este procedimiento con solo una certificación eclesiástica y, en consecuencia, con un bajo coste económico. Esa coyuntura fue aprovechada por las diócesis de toda España para apuntarse incluso lo que no era suyo, según vino a confirmar en 2022 un informe en el que la Conferencia Episcopal Española (CEE) reconocía que un millar de esos bienes eran ajenos. Aquella relación incluía casos en Santa Cruz de Tenerife, aunque con posterioridad el Obispado tinerfeño negó en un comunicado que hubiese registrado a su nombre propiedades de otros y que estas figuraban en el documento de la CEE por un «lamentable error».
¿Y qué tiene que ver aquella cita plenaria con el IBI? La misma iniciativa en torno a las inmatriculaciones incluía otro aspecto que quedó en un segundo plano, pero que fue igualmente acordado: «Estudiar la posibilidad de cobro de posibles tributos sobre los inmuebles sin uso social o religioso titularidad de la Iglesia Católica o del Obispado en los que se desarrollan actividades económicas o se cobra alquiler por hacer uso de los mismos».
Preguntado por este periódico sobre la situación en general, el Obispado de Tenerife apuntó días atrás que «el IBI referido a la Iglesia y otras entidades, fundaciones, etcétera viene regulado, entre otras, por la Ley de Mecenazgo». Y añadió: «La Iglesia, si hubiera algún cambio legislativo al respecto, lo aplicaría».
Este asunto ya había estado de actualidad en La Laguna, sobre todo de la mano de Unidas se Puede. Una nota remitida a los medios de comunicación por esta formación política en 2018 recogía: «Según los datos del año 2012, el Obispado de Tenerife cuenta con un total de 42 propiedades en La Laguna que no tienen funciones religiosas, sociales o educativas y por las que no pagan IBI, con un valor total de 19.833.745,81 euros». En aquella ocasión, el portavoz de Unidas, Rubens Ascanio, abogó por lograr fórmulas para que el Obispado pagase el IBI «por las actividades lucrativas que realiza en el Seminario Diocesano y otros edificios donde hay actividades económicas».
Recientemente, ese partido lamentó públicamente, y tras un informe del Área de Hacienda y Servicios Económicos, la ausencia de actuaciones del Ayuntamiento en torno a las inmatriculaciones. En concreto, Unidas criticó que no se esté dando cumplimiento a los acuerdos plenarios para «clarificar posibles inmatriculaciones de bienes públicos».
¿Y sobre el cobro o no de impuestos se ha dado algún paso? ¿Cuál es la postura del alcalde y del grupo de gobierno? A estas y otras preguntas planteadas por esta publicación, fuentes oficiales del gobierno local expresaron la pasada semana: «Convocaremos una comisión bilateral donde abordaremos todos estos aspectos». Serán, pues, los próximos meses los que digan si esa cumbre se lleva a término o si bien se queda en la gaveta de los anuncios para salir del paso.
