La publicación en el BOE de la materia curricular vuelve a poner de manifiesto el trato de privilegio dado a la Iglesia católica por parte de los poderes del Estado.
Las religiones únicamente deberían tener cabida en las instituciones educativas para ser estudiadas científicamente
La Iglesia institucional española es, desde hace ya demasiados siglos, un auténtico poder fáctico que trata de imponer sus dictados a la sociedad. Cuenta en la actualidad con 11 cardenales, entre ellos seis con capacidad de decisión en la elección de un futuro papa, con 70 obispos, de una media de edad de 65 años, con 60.000 religiosos y unos 22.000 sacerdotes. En el terreno de la enseñanza la Iglesia gestiona unos 2.500 centros educativos concertados que escolarizan a más de un millón y medio de alumnos, así como 14 universidades con más de 80.000 estudiantes. Cada domingo en las iglesias los clérigos, durante la predicación, guían por el buen camino a los fieles, les proponen directivas de vida, y criterios morales. La Iglesia española cuenta también con una larga y tormentosa historia, que en el siglo XX se ha visto profundamente marcada por el nacional-catolicismo.
En la lenta transición de nuestro país a la democracia ha habido contribuciones progresistas importantes, algunas protagonizadas por eclesiásticos, entre otros por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, pero en general la Iglesia institucional española ha virado con Antonio María Rouco Varela, que ha sido 20 años arzobispo de Madrid y 15 años Presidente de la Conferencia Episcopal, a posiciones fundamentalistas, retrógradas, que han servido de impulso a los nuevos movimientos eclesiásticos que encarnan hoy el conservadurismo cristiano: Opus Dei, Legionarios de Cristo, Kikos, Carismáticos, Focolares, en fin, Comunión y Liberación, una organización ésta última fundada por el sacerdote Marcial Maciel, pederasta y polígamo, que se vio directamente alentada por el papa Wojtila.
El pasado martes 24 de febrero el Boletín Oficial del Estado ha publicado los contenidos de la asignatura optativa de Religión elaborados por la Conferencia Episcopal Española para la enseñanza primaria y secundaria, una asignatura que se imparte a lo largo de la escolaridad obligatoria en virtud de los acuerdos suscritos en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. En el texto los obispos subrayan los enunciados que expresan el espíritu de la asignatura, y las grandes líneas de los contenidos sobre los que serán examinados los estudiantes. La calificación final de los alumnos figurará en el expediente académico, tendrá un peso en la nota media, y puede resultar importante para la obtención de becas. Se calcula que más de tres millones y medio de estudiantes cursarán esta asignatura de religión impartida por profesores seleccionados directamente por las autoridades eclesiásticas, en su mayoría sacerdotes y religiosos, pero financiados por el Estado, lo que supone cada año un desembolso de unos 700 millones de euros salidos de las arcas del Estado.
Los Estados europeos son en su gran mayoría Estados secularizados, laicos, en los que se respeta, y se hace respetar, la libertad de creencias y de cultos, son Estados emancipados de las religiones y de sus doctrinas. La inclusión de la asignatura de religión católica en las escuelas de nuestro país no deja de ser una un anacronismo incompatible con los valores democráticos, y con un estatuto sólido de ciudadanía. Las religiones únicamente deberían tener cabida en las instituciones educativas para ser estudiadas científicamente. Se podría y debería abrir un espacio para el estudio comparativo de las religiones, para la historia de las religiones, por ejemplo, pero la enseñanza moderna, científica, se encuentra en las antípodas del adoctrinamiento religioso. Confundir la escuela con los centros de catequesis es un grave error que urge subsanar cuanto antes.
Nuestros gobernantes de turno, impulsados por el ala más conservadora y más reaccionaria del Partido Popular, bajo el manto protector de una nueva ley educativa, la Lomce, se han atrevido a poner el Boletín Oficial del Estado directamente al servicio del dictado de los obispos. La casta clerical impone así su ley sobre los ciudadanos gracias a la dejación de funciones de quienes deberían velar por los intereses de todos. Son los mismos que permiten que la mezquita de Córdoba, y otros muchos templos y monumentos, que pertenecen al patrimonio material y cultural de todos los españoles, pasen a ser inscritos en los registros de la propiedad como bienes de la Iglesia. A la hora de votar los ciudadanos deberíamos ser más conscientes de que entregar la confianza para la gestión del espacio público a partidos que sistemáticamente ningunean el patrimonio común, y desprecian a los electores relegándolos al estatuto de feligreses, es una opción equivocada, pues atenta contra el interés general.
Introducir el adoctrinamiento religioso en la escuela implica retornar a la vieja dialéctica entre fieles e infieles, amigos y enemigos, justos y pecadores, cristianos y paganos. Implica también ceder al empuje del irracionalismo y del pensamiento mágico-mítico. De este modo el fundamento de la convivencia, la soberanía nacional, la ciudadanía, salta por los aires para dar paso a una mitología pre-política que condena todo lo que es exterior a ella a la irrelevancia, pues el orden del mundo se convierte en el orden de lo temporal, caduco y perecedero. La voluntad de Dios se impone sobre la voluntad general. La luz de la fe no deja espacio para el desarrollo de la razón. Para comprobarlo basta recurrir a la propia retórica de la que hace alarde la Conferencia Episcopal que acaba de dar luz verde a los programas de la mencionada asignatura. Niños y niñas, en las escuelas de nuestro país, han de enfrentarse a misterios como el de la Santísima Trinidad, la Virginidad de María, la presencia de Cristo en la eucaristía, la creación divina del cosmos, y la resurrección de la carne. Las religiones se pierden en los laberintos de misterios insondables, mientras que los científicos tratan de adentrase en territorios desconocidos para acceder al conocimiento de la verdad. A partir de ahora programas impartidos por miembros de una organización piramidal, jerarquizada, que relega a las mujeres a posiciones subalternas, una organización que esperó hasta 1853 par sacar a Copérnico del Índice de libros prohibidos, introducirán en las aulas, y en las conciencias de los niños y de los jóvenes, la vieja dialéctica heredada entre creyentes e infieles. Retorna un mundo encantado marcado por el temor y el temblor. De momento los programas elaborados por los obispos nos indican que Dios ha creado al ser humano para ser feliz en relación con Él y que quienes prescinden de Dios viven en el pecado.
Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. A los agnósticos, a los ateos, e incluso a los estudiantes que en lugar de la asignatura de religión elijan otra alternativa, concretamente la asignatura de Valores sociales y cívicos, les espera la infelicidad en este mundo, y la condena a las tinieblas exteriores más allá. La laicidad, que no es otra cosa que la democracia, y los derechos humanos, que reposan en el reconocimiento de una común humanidad, son valores conquistados socialmente que se sitúan por encima de cualquier creencia religiosa. La plena integración de esos valores en nuestro ordenamiento jurídico-político una vez más tendrá que esperar. La Conferencia episcopal española, con la aquiescencia del gobierno de turno, se empeña en seguir gozando de una posición de privilegio en los espacios públicos, y en convertir a todos los ciudadanos en ovejas del redil, en seres dependientes, sumisos, envueltos en mitos y en milagros, sin capacidad para la reflexión y para la autonomía. La reflexión y la autonomía son precisamente los valores que sirven de eje a la enseñanza laica.
Fernando Álvarez-Uría es autor del libro “El reconocimiento de la humanidad. España, Portugal y América latina en la génesis de la modernidad”.
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