La Iglesia goza del privilegio de no pagar impuestos y recibe una subvención del Estado en Costa Rica
Durante varios días, recientemente, Telenoticias del Canal 7, a mediodía, dedicó gran parte del programa a discutir el importante tema del enorme privilegio de la Iglesia católica, a la que se le permite no pagar impuestos de ninguna clase. Su conductora, Pilar Cisneros, no solo dirigió el programa y emitió su opinión al respecto, sino que, también, invitó a varias personalidades, unas a favor y otras en contra, a expresar sus ideas con altura y sin insultos o agresiones personales. El diputado José María Villalta, por ejemplo, consideró que si estas exenciones están basadas en leyes, estas deben cambiarse o derogarse. “Podría estar de acuerdo, dijo, en exonerar un templo, pero no fincas y propiedades con fines lucrativos”.
En el pasado he escrito varios artículos en los cuales he denunciado el amor inmenso que tiene la cúpula dirigente católica por el dinero y cómo busca obtenerlo sin tomar muy en cuenta los métodos para lograrlo. Hace poco más de dos años, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal, José Francisco Ulloa, fue acusado por administración fraudulenta, aunque, después del escándalo inicial, no se volvió a saber nada más del juicio que parece dormir el sueño de los justos, aunque más bien debiera ser el de los injustos.
Se supo, entonces, que los jerarcas de esta iglesia usaban los nombres y las cédulas de los empleados más humildes, la muchacha que limpiaba los pisos o el jardinero, para hacer inversiones por muchos millones que producían jugosos intereses. Recordarán los lectores que cuando el obispo Ulloa trató de justificar una de las administraciones fraudulentas, culpó a un pobre contador, que no tenía ningún poder de decisión, pero que tenía la enorme ventaja de haberse muerto, y agregó: “No sé por qué lo hizo. Cuando vaya al cielo se lo preguntaré”.
Un estudio hecho por la firma de abogados “Jurisis” encontró que hay más de 1.500 propiedades que pertenecen a las “Temporalidades de la Arquidiócesis” que no pagan impuestos y entre ellas, además de iglesias, se encuentran colegios privados, casas de habitación, conventos y muchos terrenos. Es conveniente recordar, también, que esta iglesia es una de las mayores inversionistas del Puesto de Bolsa Sama y también accionista mayoritario de la Cervecería Costa Rica, lo cual produce el contrasentido de que mientras muchos sacerdotes en sus sermones atacan el alcoholismo, sus dirigentes invierten en la fabricación de una bebida alcohólica.
Subvención estatal. No solo goza esta iglesia del privilegio de no pagar impuestos, como lo hacemos todos los otros mortales, sino que recibe, además, una subvención del Estado que este año será por más de ¢50 millones. Finalmente, como la cereza de un pastel, existe la ley 7266 desde el año 1991, la cual autoriza a todas las instituciones estatales y las empresas privadas a hacer donaciones para la restauración de los templos y otros edificios pertenecientes a esa iglesia. El dinero recibido lo usan las autoridades religiosas como lo consideren conveniente, sin explicar ni dar cuentas a nadie.
En el caso de las empresas privadas, estas, en realidad, no donan nada, ya que la suma dada se rebaja, íntegramente, del impuesto de la renta que deben pagar, por lo que en realidad los que hacemos la donación somos todos los ciudadanos, a pesar de que nadie nos pregunta si deseamos hacerlo.
Un problema adicional consiste en el hecho de que todos estos privilegios se conceden solo a la Iglesia católica en perjuicio de las otras religiones, tan respetables como la católica.
Algunos diputados consideran que lo justo sería otorgar los mismos beneficios a todas las entidades religiosas, pero el presupuesto para esta meta sería una suma extremadamente alta y acabaría con la salud de las finanzas públicas.
Más bien, en lugar de otorgar más beneficios, se deben eliminar todos estos privilegios y que todas las personas en el país, ricos, pobres, trabajadores, patrones, católicos, protestantes y ateos sean simplemente ciudadanos costarricenses, sin odiosos privilegios, todos con el mismo trato, con los mismos derechos, como debe ser en todo país civilizado y justo.
