Esta fiscalización es un paso mínimo, si llegara a producirse, ya que la financiación pública de la Iglesia Católica supera entre subvenciones y exenciones fiscales los 11.000 millones de euros anuales, que con esta operación de distracción se puede pretender encubrir. Un paso mínimo porque la actuación que procede es eliminar el privilegio de que cualquier religión reciba financiación pública. La fiscalización de los fondos públicos es una obligación, acabar con la opacidad ineludible y terminar con su financiación pública una exigencia democrática que no admite demora.
La Iglesia Católica española está dispuesta a que los fondos que recibe del Estado a través de la casilla del 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta puedan ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. “La Iglesia cumplirá en todo momento lo que se solicite desde la autoridad civil en el marco de la legalidad vigente. No hay ningún problema en ello. Para nosotros la transparencia de cara a la sociedad es clave para poder comunicar lo que la Iglesia es y hace. Es su misión en el mundo”, sostiene Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Los obispos españoles recibieron en 2014 —último año del que han presentado Memoria— un total de 251,2 millones de euros por la casilla por la que cada contribuyente individual asigna directamente a la Iglesia el 0,7% de su cuota del IRPF. El 81% de esa cantidad, que no pasa por los Presupuestos del Estado, se distribuyó a las 69 diócesis españolas y el resto lo distribuyó la conferencia de prelados para diferentes conceptos: seguridad social del clero, retribución de los obispos, proyectos de rehabilitación y construcción de templos.
El pasado diciembre, el pleno del Tribunal de Cuentas rechazó, con el voto de los siete consejeros nombrados a propuesta del PP, incluir a la Iglesia en el programa de fiscalizaciones de fondos públicos para el presente 2017. El PSOE entiende que la Memoria que presenta cada año la Conferencia Episcopal en virtud de los Acuerdos entre la Santa Sede y España de 1979, no responde a los criterios mínimos de transparencia en el manejo de fondos públicos.
Por ello, los socialistas han registrado en la comisión mixta Congreso-Senado una iniciativa para obligar al máximo órgano fiscalizador del Estado a auditar los fondos destinados por los contribuyentes al sostenimiento de la labor de la Iglesia. En este empeño cuentan con el apoyo de Podemos y Ciudadanos, con lo que suman mayoría en la Mesa de la comisión mixta para que la propuesta pueda entrar en el orden del día.
La asignación directa del 0,7% de la cuota del IRPF supone, según la Conferencia Episcopal el 23% de los recursos de las diócesis españolas, frente al 37% de las aportaciones directas de los fieles.
La Iglesia Católica es la única confesión religiosa que en España recibe una asignación de los contribuyentes por la vía de la casilla del 0,7%. Este mecanismo sustituyó en 2007 a la entrega por parte de Hacienda a la Iglesia del 0,5239% de los ingresos por IRPF. El cambio vino acompañado por una reforma en el método de elaboración de la Memoria, que está auditada por PriceWaterhouseCoopers.
Giménez Barriocanal cree que el debate sobre la posible fiscalización de estos fondos por el Tribunal de Cuentas cuestión está “en determinar la naturaleza de la asignación tributaria”. El encargado de las finanzas de la Iglesia española entiende que lo que esta recibe “no es una partida presupuestaria de gasto sino una minoración de ingresos derivada de la libre e individual determinación de los contribuyentes”. Y añade: “Si nadie marcara la casilla, la Iglesia no recibiría nada para sostenimiento, porque no hay partida presupuestaria consignada”.
El responsable financiero de la Conferencia Episcopal, autor de varias obras sobre la fiscalidad y la financiación de la Iglesia Católica española, se declara “consciente” de que “hay un largo camino que recorrer” en transparencia. No obstante, Giménez Barriocanal, destaca una serie de medidas en esta materia como la aprobación de unas normas contables homologadas para todas las entidades diocesanas que, según él, permitirán comparar y revisar la información que aporten los obispados, o la realización de auditorías de gestión en las Diócesis. Además, señala, se han redactado manuales de buenas prácticas en inversiones financieras y de prevención del blanqueo; se ha implantado un portal de donativos online para toda España y se ha firmado un protocolo con la prestigiosa ONG Trasparencia Internacional.
Estos 250 millones son solo una parte de lo que recibe la Iglesia católica del Estado. Europa Laica calcula que entre subvenciones, desgravaciones y exenciones de impuestos recibe unos 11.000 millones de la Administración.
