Por supuesto, definir un Estado por su identidad religiosa es discriminatorio, vulnera la laicidad y nos lleva a la Edad Media. Pero también es discriminatorio y vulnera la laicidad del Estado que el art. 16 de la Constitución establezca que la Iglesia católica tiene derecho a especiales relaciones de cooperación por parte del Estado, o que se mantenga un Concordato y unos Acuerdos con las confesiones religiosas que les permiten disfrutar de beneficios fiscales, simbólicos, educativos, financieros,… Y esto en España y otro montón de países, sin que la Iglesia católico y su franciscano papa hagan nada para eliminar tanto privilegio generador de discriminación.
El Patriarcado Latino de Jerusalén expresó hoy que definir por ley Israel como el «Estado Nación del pueblo judío» es un «motivo de gran preocupación» porque no proporciona garantías a las minorías y calificó la recién aprobada Ley del Estado Nación, con rango constitucional, como «discriminatoria».
«La ley falla en proporcionar alguna garantía constitucional para los derechos de los nativos y otras minorías que viven en el país. Los ciudadanos palestinos de Israel, que constituyen el 20%, están flagrantemente excluidos», declaró la institución en un comunicado.
Según la representación católico-latina en Tierra Santa, la normativa es más «excluyente que inclusiva, más polémica que consensuada, politizada en lugar de arraigada en las normas básicas que son comunes y aceptables para todos los segmentos de la población».
El Patriarcado Latino la calificó de «discriminatoria» y consideró que «contraviene directamente la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como la propia Declaración de Independencia de Israel«.
«La primera garantizaba el establecimiento de un Estado judío y, al tiempo, plenos derechos civiles a los árabes que vivían en él y, en la segunda, los fundadores del país se comprometían clara e inequívocamente a fomentar su desarrollo en beneficio de todos sus habitantes y garantizar la completa igualdad de derechos sociales y políticos para todos, independientemente de su religión, raza o sexo», remarcó.
El comunicado pone el acento en los cambios que supone la normativa, como la degradación del árabe de lengua oficial a idioma con «estatus especial», la disposición sobre el interés nacional de desarrollar comunidades judías en el país, «sin mencionar el mismo para resto de la población», consideró.
Además, valora que contraviene y contradice la Ley Básica -que tiene rango constitucional a falta de Carta Magna- de «Dignidad Humana y Libertad», que no garantiza «igualdad de derechos entre judíos y árabes y se niega a reconocer la existencia de estos (últimos)».
«No es suficiente con tener o garantizar los derechos individuales. Cualquier Estado con amplias minorías debería garantizar derechos colectivos y preservar su identidad, con su religión y tradiciones étnicas y sociales», reclamó.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, volvió a defender la normativa, aprobada el 19 de julio, y aseguró que garantiza el significado de «un estado judío y democrático», con los mismos derechos para todos sus ciudadanos.
