Fiel a su inveterada lógica smittiana amigo/enemigo, la Iglesia católica no ha podido ni siquiera dejar pasar unos días para atacar furibundamente al premio Nobel José Saramago, uno de los intelectuales más lúcidos, honestos y consecuentes de las últimas décadas. En su enfermiza inquina contra los que no comparten sus creencias, la Iglesia carga contra cualquiera que cuestione sus postulados, y más aún si recurre al humor para ello. El alucinante caso de la fianza de 192.000 euros impuesta al cantante Javier Krahe a partir de una querella fundamentada en el artículo 525 del Código Penal (CP), que castiga a quienes ofendan “los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa”, colma el vaso de la paciencia de los que no compartimos los sentimientos católicos. Dicho artículo dice literalmente:
1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.
2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna.
El buen o mal gusto del corto elaborado por Krahe en 1978 (ya aquí empieza uno a alucinar: este delito no prescribe, mientras que el genocidio franquista parece ser, para este sector ideológico, que está más que prescrito, tratándose de crímenes contra la humanidad que el derecho internacional define como imprescriptibles… pero, bueno, pelillos a la mar) no parece que sea materia de delito. Si lo fuera, habría que despedirse del humor, que forma parte de la legítima crítica que se ampara bajo la libertad de expresión. Así que vamos a reflexionar sobre cómo es que aquí la Iglesia ve un delito tan grave, mientras que no lo hay ante las graves ofensas que continuamente, y sin el más mínimo sentido del humor, profiere contra laicos y ateos. El punto 2 del artículo 525 del CP parece establecer que tan punible es la ofensa a quien profesa una religión como a quien no profesa ninguna. ¿Por qué la Iglesia está blindada con la impunidad y se cree con derecho a ofender continuamente a los que no tienen creencias religiosas?
El artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno de los tratados con más fuerza jurídica del Derecho internacional de los derechos humanos, dice: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”. Como no sabemos si España camina con paso firme hacia la autarquía jurídica, dada la feroz persecución del juez Garzón por su intención de investigar los crímenes del franquismo de acuerdo al Derecho internacional de derechos humanos –a lo que nos obliga la propia Constitución española–, tampoco podemos saber cuánto va a durar la impunidad de las autoridades católicas para ofender a los que no tenemos creencias religiosas. Pero el caso es que no es difícil encontrar declaraciones de miembros de la jerarquía católica ofendiendo gravemente los sentimientos de los defensores del laicismo, que los tienen en no menor medida que los católicos.
Pero, como acudir al Derecho internacional se ha vuelto tan espinoso, miremos qué dice el art. 515 de nuestro CP: “Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: […] 5º. Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello”. Es difícil, leyendo este artículo, olvidar las barbaridades que hemos oído a altos representantes de la Iglesia sobre lo que es para ellos el laicismo y el ateísmo, en lo que se han extendido largamente en relación con el, llamémosle, debate sobre el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
En 2008, el cardenal Rouco Varela relacionaba el laicismo con el nazismo. En 2006, el cardenal Cañizares tachaba la Educación para la Ciudadanía de “amenaza social”. La campaña contra el laicismo “radical”, un concepto artificial para demonizar al laicismo y presentarlo como antirreligioso, ha utilizado todo tipo de artimañas retóricas para apartar a los creyentes de la verdadera idea del laicismo, que lo único que defiende es la ausencia de coacción para creer o no creer, es decir, la libertad religiosa para que nadie se sienta perseguido. Ello acompañado de la idea de que los poderes públicos deben ser neutrales en materia religiosa. Hablar de “ofensiva laicista” o de “expulsar a Dios de la sociedad” son expresiones manipuladoras dirigidas a alimentar la hostilidad hacia una corriente de pensamiento que no tiene nada en contra de la religión, sino que, por el contrario, defiende el respeto hacia todas las creencias religiosas, así como a la falta de ellas. Entre estos excesos verbales nada inocentes hemos oído que el laicismo y la Educación para la Ciudadanía (de inspiración laica) significan la disolución de los valores morales, la colaboración con el Mal, la destrucción de España… ¿No es esto promover el odio ideológico o por razones de creencia? ¿Acaso los principios morales de una persona laica o atea no son tan elevados como los de una persona religiosa? ¿Por qué se deja que estos señores, que deberían ser tan piadosos según sus valores, sigan fomentando el odio hacia quienes no comparten sus creencias?
Después del espectáculo que España está dando respecto a la posible investigación de los crímenes del franquismo, con casos como este que ahora surge, a la Justicia española le va a costar explicarse ante el resto del mundo civilizado.
Pedro López López es sociólogo. Profesor titular de la Universidad Complutense
Ilustración de Javier Olivares
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