«La apuesta es entregar a los capellanes a la justicia». Los investigadores advierten que muchos de los mencionados por Bonamín siguen vivos. El aporte del diario a las causas judiciales.
Antes de morir a los 82 años, en Funes, provincia de Santa Fe, monseñor Victorio Manuel Bonamín pasó los últimos tiempos de su vida quemando papeles. Se lo confesó al investigador José Pablo Martín en una célebre entrevista que dio, quizás la única, antes de fallecer el 11 de noviembre de 1991, luego de transitar su ancianidad en el seminario de la Casa Obra Salesiana Ceferino Namuncurá, un lugar que las Fuerzas Armadas utilizaron durante la última dictadura militar para desaparecer, al menos, a tres personas. Bonamín, rosarino de nacimiento, fue provicario castrense entre abril de 1975 y marzo de 1982 y su cercanía con los mandos militares muchas veces fue igual, o mayor, a la que mantuvo su jefe Adolfo Servando Tortolo, el vicario general de las Fuerzas Armadas y dos veces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Nunca se sabrá cuántos documentos, fichas y archivos habrá incinerado Bonamín en su remanso salesiano. Según contó en 2011 Susana Beatriz Castiglione, sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó dentro de Campo de Mayo, el prelado castrense tenía fichas con información de desaparecidos y de represores. Quizás fueron consumidas por el fuego de las hogueras secretas que confesó Bonamín. Pero existe una parte de esa colección de documentos que se salvó de la incineración. Son los diarios personales que escribió el provicario entre 1975 y 1976 de puño y letra. Una detallada agenda diaria, de lunes a lunes, hora por hora, donde el cura anotaba cada una de sus reuniones, reflexiones y conclusiones durante dos de los años más tormentosos de la política argentina. Es posible que esa fruición se haya extendido a lo largo de una bitácora íntima más amplia que incluyera todos los años de plomo. Por ahora no hay forma de saberlo, aunque los registros personales de Bonamín, entre el fin de la democracia y el comienzo de la dictadura, aportan un relato en primera persona sobre la estrecha relación que existía entre los mandos militares y la Iglesia Católica argentina. Los documentos son parte de un extenso trabajo realizado durante más de seis años por los investigadores sociales Ariel Lede y Lucas Bilbao, que recibieron el diario personal de manos de un reconocido archivista eclesiástico: el sacerdote tercermundista de la orden de los jesuitas José María Meissegeier.
En sus 750 páginas, el diario personal refleja todos "los encuentros, sensaciones, tareas, compromisos y reuniones que tuvo Bonamín", explican los investigadores a Tiempo Argentino luego de haber concluido el trabajo sobre la primera documentación escrita en primera persona que refleja la estrechísima relación entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas antes y durante el golpe. Los originales ahora están atesorados en la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, pero cada uno de sus párrafos fueron minuciosamente leídos y entrecruzados por ambos jóvenes para construir el primer estudio sistemático sobre el vicariato castrense en la Argentina.
"Bonamín se reunió con más de 700 miembros de las tres Fuerzas Armadas en esos dos años y, entre ellos, con diez integrantes de la SIDE y otros diez de la inteligencia militar", cuenta Lede para graficar que el provicario no sólo hablaba con los capellanes, sino que tenía un trato directo con buena parte de los oficiales y suboficiales que luego se encargarían de administrar los centros clandestinos de detención que el vicariato castrense acompañaría con una gran cantidad de capellanes. Los caminos para esos hallazgos fueron abiertos a partir del diario personal del pro vicario. Gracias a su lectura y al entrecruzamiento con distintas fuentes oficiales que hicieron Lede y Bilbao, ahora se puede saber que la Iglesia Católica aportó 400 capellanes entre 1975 y 1983 para acompañar "la lucha antisubversiva" que implementó la Junta Militar durante su gobierno. La cifra es mucho mayor a los números conocidos.
"Hasta ahora no había un registro sintetizado y completo, pero cruzamos listados oficiales, del Ministerio de Defensa, los boletines del vicariato y los 60 que había en los registros y hemos podido demostrar que el vicariato castrense nunca fue una institución separada de toda la Iglesia", explica Bilbao. La prueba, agrega Lede, radica en que el vicariato "se componía de capellanes castrenses y auxiliares. Los castrenses tenían trabajo exclusivo y los auxiliares tenían su tarea en la parroquia y colaboraban con el vicariato. Para que esos capellanes auxiliares integraran el vicariato necesitaban la autorización del obispo diocesano, y a partir del entrecruzamiento que hicimos, hemos podido concluir que los capellanes auxiliares conformaron, entre los años '75 y '83, el 75% del personal del vicariato, con lo cual comprobamos que se trataba de la institución eclesiástica y militar que físicamente dependía de la autoridad de la Iglesia en general, que le brindaba sacerdotes para que funcionaran como capellanes. De otro modo el vicariato no habría tenido la presencia que tuvo en todo el territorio nacional y eso fue volcado en toda la zonificación militar, con un despliegue que cubrió no solamente los comandos de zona, sino cada uno de los batallones, grupos y regimientos que son los que estaban a cargo de la represión directa y de los centros clandestinos. A tal punto que era así, que hemos descubierto que hubo alrededor de 100 capellanes, mucho más que los 30 que se tenían hasta ahora por denuncias, y que tuvieron relación con unidades militares que alojaron centros clandestinos o bien que administraban centros militares en otras unidades dependientes", detalla el joven.
De ese total de auxiliares "el 30% dependía de las órdenes y congregaciones, no del clero secular", acota Bilbao y resume que "la orden de los salesianos aportó 40 capellanes del total de 400, los franciscanos otros 20 y los jesuitas están en el tercer puesto de órdenes aportantes con siete sacerdotes".
INTIMIDADES DEL GOLPE. Entre la dedicación exclusiva al vicariato de Bonamín y la función mixta que ejercía Tortolo, como vicario y arzobispo, radica la confirmación del papel central que jugó el provicario castrense. El detalle está en su agenda personal, donde Lede y Bilbao descubrieron su desempeño para "contener las internas militares para la guerra antisubversiva y abogar por la unidad de los militares. Se lo puede ver a Bonamín en todos sus actos y alocuciones abogando por esa unidad para enfrentar al enemigo. Y eso también aparece en sus diarios, donde Bonamín se destaca no sólo porque en su ideario lo teológico y lo militar está muy sintetizado, casi mejor que ningún otro obispo en el país, sino porque además era uno de los jefes de la institución que articulaba las relaciones entre las FF AA y la Iglesia, pero también entraba al gobierno como interlocutor".
Con semejantes funciones a su favor, Bonamín refleja en sus diarios personales la importancia que tuvo el Operativo Independencia, la ofensiva militar promovida por las Fuerzas Armadas que lanzó el gobierno de Isabel Perón en 1975 para "combatir a la guerrilla". A partir de esa intervención militar antes del golpe, comienzan a llegar los "problemas de conciencia" por la utilización de la tortura y la violación de prisioneros. "A fines del 75 comienza a aparecer la muerte y la tortura en sus anotaciones. Sobre todo porque vienen los capellanes a contarle que hay intranquilidad de conciencia en la tropa o porque el mismo asiste a algunas unidades militares y los directores le piden que les dé una conferencia para abordar este problema. Así empiezan a aparecer en su diario los títulos de conferencias de adoctrinamiento que funcionaron como instancias de formación y también de legitimación religiosa de la violencia: "Religión y combate", "Matar en combate", "Visión teológica militar", "Criterios sobrenaturales al accionar de los militares" y "Administradores de la fuerza"", detallan los investigadores.
Los adoctrinamientos oficiales de la Iglesia en Tucumán para 1975, que surgen del diario personal de Bonamín, luego se extenderían al resto del país durante el golpe. "En un momento entiende que tienen que "aunar criterios los capellanes" y entonces organiza reuniones de los capellanes con Tortolo, para fomentar la justificación teológica para que se muevan con la misma línea discursiva", cuenta Lede sobre los diarios, donde Bonamín escribió las quejas de algunos capellanes, especialmente uno de Córdoba, que le advirtió que "están actuando por mano izquierda" en referencia a las violaciones y torturas atroces.
Antes del derrocamiento de Isabel Perón, Bonamín tejía el golpe en sendas reuniones. En cada una de ellas, según su propio puño y letra, hablaba de "la situación", como una forma de cifrar en silencio la marcha del golpe que, en algunas páginas vaticina para el 3 de marzo y otras para algunos días después. Página por página, Bonamín anota los detalles de sus aportes para la conspiración. El 17 de noviembre de 1976 escribió: "promuevo una reunión de comandos militares y el secretario general para el problema "seguridad en la casa fría estirada" luego invitamos a monseñor Graselli por el problema que nos crean los que acuden a él por presos políticos, etcétera", en directa referencia al Operativo Independencia, su aplicación, y a monseñor Emilio Grasselli, ex secretario de la vicaría castrense y capellán militar, cuya indagatoria fue solicitada a la justicia acusado de desorientar "dolosamente" a familiares de desaparecidos.
En otra oportunidad, Bonamín refleja que las visitas a las unidades militares tenían un cometido amplio. "En la Escuela de Infantería Campo de Mayo, invitado por el director coronel García. Debía ir para cenar y luego entretenerme 15 minutos con la Compañía 'General Paiva' que se está entrenando tipo comando para la lucha anti guerrilla, aguerridísima! Pero me encontré con que toda la escuela estaba esperándome para una conferencia en el salón. Improvisé sobre religión y combate. Después sí, cena y 'buenas noches' (tema pedido: matar en combate) (Hay intranquilidades de conciencia) De regreso salimos cerca de las 23."
Otros tramos reflejan el poder de la vicaría castrense. El 6 de febrero de 1976, 45 días antes del golpe, registra: "Gral. Buasso, vino a saludar a Monseñor Tortolo, de paso quiso conversar conmigo 'sobre lo que va a pasar'. Conveniencia seria de prevenir a la Santa Sede por si son detenidos algunos sacerdotes." La referencia confirma la estrecha comunicación con el Vaticano, incluso para advertir la detención de sacerdotes. O de otras personas, como el ex ministro de Isabel, Antonio Cafiero, que había sido nombrado embajador ante el Vaticano un día antes del golpe. El 14 de abril, entre otras reuniones, Bonamín recuerda que "Nunciatura pide transmitir al Almirante Massera no encarcelar al ex ministro Cafiero."
"Después comprobamos que ese mismo día detuvieron a Cafiero según se desprende de su autobiografía", cuenta Bilbao para mostrar la profundidad del entrecruzamiento que hicieron a partir del propio trazo de Bonamín, una prueba irrefutable, y en primera persona, de una relación casi promiscua entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas que deja en evidencia el enorme silencio que todavía guarda su episcopado, especialmente "porque muchos de esos 400 capellanes siguen vivos y sin decir una palabra", recuerdan los investigadores mientras muestran orgullosos el espejo más incómodo que tiene la Iglesia sobre su relación con la dictadura. Y en primera persona.
Durante los cinco años que duró investigación de Ariel Lede y Lucas Bilbao sobre los diarios de Bonamín, las pruebas siempre estuvieron a disposición de organismos de Derechos Humanos y de la justicia. En este tiempo han abierto una y otra vez las páginas de esos diarios manuscritos para que familiares e investigadores puedan acceder a elementos que les permitan conocer la verdad. De ese modo, el material ya aportó datos en la investigación judicial por el asesinato del obispo de la Rioja, Enrique Angelelli, y también por la desaparición de un familiar del propio Bonamín, un caso donde ambos autores declararon a instancias del fiscal federal Gonzalo Stara. "El sobrino nieto de Bonamín fue fusilado, militaba en la JUP y se llamaba Luis Anselmo Bonamín. En sus diarios el provicario enumera a quiénes les preguntó para saber quién lo mató. Buscó junto al padre del muchacho, y la apreciación de la familia es que fue la policía de la provincia", explican los dos jóvenes mientras dialogan con Tiempo Argentino en un bar de La Plata y reivindican las investigaciones de Emilio Mignone (Iglesia y Dictadura) y Horacio Verbitsky como bases indispensables para su trabajo, que será publicado en breve.
–Luego del recorrido que han hecho, ¿qué opinan de los pronunciamientos del Episcopado para promover aportes de información a la justicia?
Lucas Bilbao: –Dicen que no pueden volver sobre lo que hicieron sus hermanos mayores, pero este material nos lleva a preguntarnos cómo podían no saber. El documento demuestra que no se pudieron poner de acuerdo. Adentro del Episcopado no hay acuerdo para que estos temas sean revisados. Ahora la estrategia va por planteos individuales, pero vale la pena preguntarse qué católico que haya apropiado a un hijo de desaparecidos, por mas católico que sea, va a aportar información.
Ariel Lede: –La Iglesia todavía tiene una primera fuente en vida, que son los capellanes militares que aún viven, empezando por monseñor Grasselli y siguiendo hacia abajo en la jerarquía. El Episcopado tiene los recursos no sólo para convocar a los católicos, sino a sus propios capellanes para que aporten los datos, porque el diario de Bonamín confirma que saben mucho. Varios de los capellanes que están mencionados están vivos. Creo que esta nueva estrategia de la Iglesia, que es brindar algun tipo de colaboración luego de escandalosos treinta años, carece de cualquier pedido de colaboración a los victimarios, porque la información de por sí es escasa, sobre cosas que las querellas y los fiscales ya conocen. Están brindando información poco relevante pero además, la Iglesia se centra en las víctimas y no en los victimarios que salieron de sus propias filas. Entregar a los capellanes a la justicia es la apuesta que no se atreven a jugar y, si eso no está, lo demás es poco y nada.
–¿Como impactarán en el clero estas revelaciones del diario?
AL: –Nosotros pensamos que este material tiene una gran diferencia con hallazgos anteriores. Ha sido escrito en primera persona, es incuestionable e imposible de desmentir, pero ante la aparición de otros documentos la respuesta siempre ha sido el silencio y hacer como que no conocieron nunca la noticia. No tenemos mucha confianza de que puedan decir algo públicamente, pero lo que sí sabemos es que muchos obispos van a tener que ir a buscarse. Así es que suponemos que van a comprar el libro para buscarse a ver si hay algo comprometedor. Quizás lo encuentren.
–En el caso de Angelelli, asesinado en agosto del '76, ¿qué hallazgos encontraron?
–Los obispos renovadores Angelelli, Ponce de León y Jaime de Nevares son los tres casos que aparecen reflejados en los diarios de Bonamín de un modo conflictivo. No hay opiniones, pero se puede extraer lo mismo que dijo el fallo de la justicia riojana por Angelelli, el nivel de participación en la preparación del asesinato y en la generación de condiciones propicias para asesinar a un obispo de la Iglesia católica. Lo que refleja el diario es su justificación de esta exacerbación, desde un punto de vista religioso, que derivó en su asesinato.
–¿Cuántas unidades militares visitó Bonamín en esos dos años?
AL: –Fue a cien unidades repartidas en 14 provincias. Alrededor de 15 fueron centros clandestinos entre abril y diciembre del '76. La dictadura no habría alcanzado los niveles de legitimidad que tuvo para hacer esto si no fuera por la voz y la acción de la Iglesia. En este caso, la Iglesia católica fue el sostén, fue a la par y, en algunos, casos dirigió acciones.
Investigadores – Lucas Bilbao y Ariel Lede llevan seis años desmenuzando el contenido de los diarios personales de Victorio Bonamín – Foto: mariano vega
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