Ocho enfermos de sida que viven en un piso de acogida gestionado por la asociación Comité Ciudadano Antisida de Ourense podrían quedarse en la calle si la vicaría para asuntos económicos del obispado de Ourense no da marcha atrás en la reclamación de una supuesta deuda contraída en un piso de su propiedad. La reclamación, que ha iniciado su tramitación judicial con la celebración de un acto de conciliación, consiste en el pago del alquiler desde 2009 y de facturas de gasto corriente. La vicaría no se queda ahí y también solicita el desalojo de la vivienda. El siguiente paso, en caso de no llegar a un acuerdo amistoso, pasaría por la interposición de una demanda de desahucio y su posterior ejecución. Fuentes del obispado consultadas por este periódico reconocen la reclamación patrimonial y añaden que “no van a hacer ninguna declaración”, porque el asunto “está siguiendo su curso legal con normalidad”.
En esta casa de acogida —la primera del Estado abierta por una asociación ciudadana— viven enfermos que provienen de centros penitenciarios y de unidades asistenciales de drogodependencias que no tienen otro tipo de recurso para sobrevivir y que, en caso de tener que abandonar las instalaciones, no tendrían dónde residir. En algunos casos, mantenerlos en un hospital únicamente para suministrarles el tratamiento farmacológico tendría un coste de hasta 400 euros al día, frente a los, aproximadamente, 50 euros que supone su estancia en estas instalaciones.
El piso fue cedido por la Iglesia hace casi dos décadas. Hasta la ausencia de obispo en la diócesis —el puesto ha estado vacante los dos últimos años— las relaciones entre ambas partes eran buenas. De hecho, los responsables del Comité señalan firmemente que “sin la ayuda de la Iglesia, la casa de acogida no existiría”. El acuerdo firmando en 1993 y prorrogado en numerosas ocasiones hasta su caducidad hace dos años, establece una cesión gratuita de la vivienda, mientras que las facturas de gasto corriente (agua, electricidad, IBI, etcétera) deben ser asumidas por la asociación. La vicaría para asuntos económicos reclama el pago de facturas atrasadas, aspecto que niegan desde la asociación. “Los pagos de esos conceptos están al día”, matizan.
Desde el Comité Ciudadano Antisida defienden la actuación de todos los obispos hasta la fecha, que “han apoyado la casa de acogida sin excepción” y achacan la situación al desgobierno que rige la diócesis por la ausencia de prelado desde hace dos años. “Las personas encargadas de la parte económica solicitaron una rescisión de ese acuerdo de cesión gratuita y ahora buscan una forma de hacernos pagar un contrato de alquiler”, afirma uno de los responsables. Las cuentas de la asociación —muy mermadas desde 2009 por los recortes de la Xunta de Galicia— no posibilitan asumir el pago de rentas. “No estamos en condiciones de asumir el pago de un alquiler, ya sea en ese piso o en otro porque el dinero casi no nos llega ni para mantenimiento”. Tienen claro que es necesario buscar fuentes de financiación alternativas a las Administraciones públicas. Los ingresos para mantener el proyecto en marcha no se limitan a subvenciones directas, que además obligan a la posterior auditoría de las cuentas. Los socios pueden aportar una cuota anual voluntaria de 200 euros, pero el montante total que suman con ellas es demasiado pequeño.
El piso puesto en cuestión por los responsables económicos del obispado oferta dos servicios. Una zona de residencia en la que viven ocho personas —para la que hay lista de espera— y una zona que funciona a modo de hospital de día, con una sala multiusos. Allí trabajan cinco personas. Hasta los recortes en las subvenciones directas —reducidas a la mitad desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta—, había más empleados, pero tuvieron que prescindir de ellos. Además de ofrecer una atención muy personalizada en cada caso y de evitar su exclusión social, los empleados ofertan cursillos o coordinan las tareas del hogar.
Algunos habitantes presentan una movilidad muy limitada por lo que tienen que desplazarse a las consultas médicas acompañados siempre por el personal laboral del centro. La mayoría tienen problemas relacionados con la dependencia de la droga, ya que se contagiaron por el uso de jeringuillas compartidas. Y es que precisamente, la toxicomanía y la cárcel están en el historial de muchos de los enfermos. Otros presentan una autonomía suficiente para ser independientes. De hecho, los hay que han abandonado el centro voluntariamente, pero la mayoría nunca acaban reinsertándose en una sociedad que hace oídos sordos con el sida. En la casa de acogida han muerto varios enfermos durante sus dos décadas de existencia. Los afectados que están en la calle y que se valen sin ayuda, pueden acogerse al programa de día. Allí se oferta una sala de usos múltiples en la que pueden consultar Internet, leer prensa, entablar relación con otras personas o algo tan simple como tener una dirección postal en la que recibir correo.
La diócesis está organizando estos días la toma de posesión de Leonardo Lemos Montanet —hasta ahora canónigo de la catedral de Santiago de Compostela— como nuevo obispo de Ourense. Será el próximo 11 de febrero. El Comité centra todas sus esperanzas en que la llegada del nuevo responsable diocesano reconduzca la situación y permita mantener la buena relación que existía hasta la fecha.
