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La Iglesia admite que hay un millar de bienes inmatriculados que no son suyos

La Iglesia admite que hay un millar de bienes inmatriculados que no son suyos.

La Iglesia española reconoce que cerca de un millar de bienes inmuebles que aparecen en la lista de activos inmatriculados no son suyos, y ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para abrir un proceso para su devolución.

En concreto, la Conferencia Episcopal ha informado de que “un millar aproximado” de bienes pertenecerían “a un tercero” o a la Iglesia “no le consta su titularidad sobre el mismo”.

El acuerdo se ha hecho público este lunes tras la reunión que han mantenido este lunes el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. En agosto pasado se puso en marcha una comisión de la Iglesia y del Ejecutivo para revisar los casi 35.000 bienes inmatriculados (concretamente, 34.976) a nombre de la Iglesia católica entre 1998 y 2015 gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria introducida en tiempos de José María Aznar, y que figuraban en el listado que el Gobierno envió en febrero de 2021 a las Cortes

La ley hipotecaria de 1946 permitía a la Iglesia registrar a su nombre bienes inmuebles con un procedimiento más sencillo del exigido al resto de personas físicas o jurídicas. Pero en 1998, con el PP en el Gobierno, la norma se reformó y le permitió registrar también templos de culto, con lo que las inmatriculaciones se aceleraron. La ley se modificó en 2015 y, desde entonces, la Iglesia está sometida al mismo proceso que los demás para reclamar la propiedad de los bienes.

Informe de la Conferencia Episcopal

Según el informe presentado por los obispos este lunes, en el listado elaborado por el Gobierno y remitido a las Cortes hay 84 bienes pertenecientes a comunidades religiosas u otras entidades religiosas.

Aparecen en ese apartado iglesias o colegios inmatriculados por distintas órdenes, de los franciscanos a las ursulinas, pero también bienes de otras religiones, como un terreno de la Comunidad Judía de Madrid, un solar de la Iglesia Evangélica de Buenas Noticias de Almansa (Albacete) o dos locales de la Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana de Tarragona.

Hay además 111 bienes “duplicados”, que aparecen dos veces en el listado. Según la revisión de la Conferencia Episcopal, 608 bienes asignados a la Iglesia no han podido ser identificados por las diócesis por la falta de información, o porque les resultan desconocidos.

El grueso de ese millar de bienes se encuentra en la comunidad de Castilla y León. Hay en ese grupo, por ejemplo, alrededor de sesenta bienes (fundamentalmente “edificaciones de una planta”) inscritos en el registro de Sepúlveda (Segovia) con el Obispado de Segovia como titular y que la diócesis no puede identificar porque faltan datos. En la provincia de Soria se atribuyen al Obispado de Osma-Soria varias iglesias y decenas de fincas rústicas sobre las que no hay documentación, según la diócesis. “Quizás al inscribir no se pidió certificado o se ha traspapelado, la mayoría son antiguos”, se anota en el estudio.

Un total de 31 bienes del listado, continúa, no constan como inmatriculados, un bloque en el que aparecen, por ejemplo, la ermita de Udías (Santander), el cementerio de Pedroso (Zamora), una cochera en Montánchez (Cáceres) o una era de trillar en Dos Torres de Mercader (Teruel).

En 28 bienes se habla directamente de “errores”, ermitas que no existen en las localidades en las que las sitúa el listado o que la diócesis no reconoce como propiedad.

El listado del Gobierno incluye asimismo, según el informe delos obispos, 276 bienes que tienen otros titulares, muchos de ellos porque han sido vendidos por alguna diócesis y algunos que han sido donados a diversos ayuntamientos. Aparecen por ejemplo en este bloque ermitas y cementerios en terrenos del Estado y sumergidos bajo las aguas de distintos pantanos.

El informe de la Conferencia Episcopal detecta además 746 bienes que no deberían estar incluidos en el listado porque fueron inmatriculados antes de 1998 o porque son fruto de herencias donaciones o compras. Se incluye en ese grupo, por ejemplo, 48 fincas rústicas en Puerto del Rosario (Las Palmas) que fueron donadas a la Diócesis de Canarias en 1971, según sus escrituras.

Tampoco deberían aparecer, según los obispos, 691 bienes que llegaron a manos de la Iglesia en el periodo en cuestión (1998-2015) pero no por inmatriculaciones, sino por otras vías, desde donaciones a permutas o compraventas. Se trata fundamentalmente de fincas, viviendas y locales.

Ahora, el Ejecutivo pondrá en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información para que se puedan iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia ha manifestado su compromiso de colaboración con el fin de facilitar esos procesos.

Críticas de los laicistas: “Sólo son migajas”

La Coordinadora Recuperando, que aglutina a más de treinta asociaciones patrimonialistas de todo el país, considera que el acuerdo al que han llegado el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre las inmatriculaciones es “un trampantojo” que hace pagar a la iglesia un “premio menor”, las migajas de los más de 100.000 bienes que esta asociaciones considera que se han inmatriculado desde 1946.

Según Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en Córdoba y portavoz de esta red de entidades que luchan para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, la mayor virtualidad del acuerdo conocido este lunes es que la Iglesia reconoce “las migajas” de algo “gravísimo” y, por tanto, asume que “ha obrado ilegalmente, pero también inmoralmente”, es decir, en contra de sus propios mandamientos.

El portavoz de Recuperando critica también al Gobierno que “está convalidando la mayor estafa inmobiliaria de la historia”, al aceptar este millar de bienes y dar por buena la versión de la Iglesia de que en el caso de los otros 34.000 no actuó mal. Es “inconcebible”, ha agregado, que en un estado que “presume” de ser de Derecho se le conceda a la Iglesia, una entidad privada, esa “potestad desorbitada” y “anómala” de poder decidir si las cosas le pertenecen o no, dice Antonio Manuel Rodríguez.

El Gobierno, según el portavoz de la coordinadora, ha llegado a este acuerdo a cambio de dos cosas. Políticamente “ha demostrado que puede pactar con la Iglesia y con los empresarios, mientras la oposición no puede” y jurídicamente “se quita un marrón de encima”.

Y eso aunque, según el profesor, todas las inmatriculaciones sean inconstitucionales desde 1978, cuando la Iglesia, ha explicado, deja de ser una administración pública y los obispos dejan de ser funcionarios. “Todo lo que se hizo desde 1978 es nulo de pleno derecho”, y más tratándose de bienes que son “de dominio público”, que por lo tanto no se pueden embargar, vender o adquirir, como pasa con la playa, el río Ebro o las plazas de los pueblos, ha ilustrado.

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