La Guardia Civil ha pedido incluir en el caso de los ERE como investigado al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, por una ayuda de 300.000 euros que le concedió la Junta de Andalucía en 2009 al centro geriátrico de la institución religiosa.
En un atestado entregado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que instruye el caso, la Guardia Civil afirma que «puede existir responsabilidad penal por tráfico de influencias» del obispo emérito de Cádiz, según recoge el informe policial, al que ha tenido acceso Efe y que adelanta El Independiente.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) afirma que Ceballos, obispo entre diciembre de 1993 y agosto de 2011, tuvo una «intervención directa» con la Consejería de Empleo para la consecución de la ayuda económica, que se hizo «prescindiendo del procedimiento» establecido.
Esa ayuda se concedió «vulnerándose la igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia», principios que deben regir los actos de la Administración Pública, agrega la Guardia Civil.
El atestado se ha unido a la pieza principal de los ERE, y ahora las juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, debe decidir si imputa a Ceballos y a los responsables de Empleo implicados en la ayuda concedida.
En este sentido, los agentes consideran responsables al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al viceconsejero Agustín Barberá y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, que habrían otorgado ayudas económicas «de forma supuestamente arbitraria y saltándose los procedimientos establecidos».
El atestado afirma que «no se ha acreditado suficientemente» el carácter excepcional de la subvención, y añade que «hay una total inexistencia de justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió. Qué condiciones y/o requisitos deben de reunir los solicitantes de estas ayudas y cuál es la legislación que lo ampara».
La Guardia Civil recuerda que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo decretó el archivo de este expediente, con el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía, porque no hubo mala fe por parte de los trabajadores.
El atestado señala que se está «dando la impresión de que, con dicha actuación, se buscara la redención a través de la intercesión del Obispado«, apuntan los investigadores.
También reprochan los agentes que no consta la relación de beneficiarios en el expediente, que el importe del gasto justificado «sobrepasa» la cuantía de la ayuda concedida y que la ayuda concedida «pasó a formar parte del gasto corriente del Obispado, sirviendo para abonar todo tipo de facturas».
En el caso de los ERE, la juez que abrió en 2011 el caso, Mercedes Alaya, incluyó como imputada a la monja de clausura Carmen Muñoz Rivas, que antes de ingresar en un monasterio de Constantina (Sevilla) fue presidenta de una cooperativa textil que recibió una subvención de 44.000 euros de la Junta de Andalucía.
