A los firmantes del desplegado “No a la generación del No”, objeto de una amplia campaña publicitaria, se les escapa que a diferencia de la falta de colaboración que ha caracterizado al sistema de partidos en México, donde ciertamente se han obstruido entre ellos para definir una agenda legislativa que convoque a los intereses nacionales, existen otras expresiones sociales desde donde se combina la oposición a medidas legislativas y gubernamentales contrarias al interés general, con la capacidad propositiva que busca salidas para los problemas planteados y que intenta construir consensos de abajo hacia arriba. No me parece criticable el protagonismo de quienes convocaron y firmaron esta iniciativa, pues al ser figuras públicas reconocidas están en su derecho de impulsar sus puntos de vista. Lo que me parece limitado es que su discurso se dirija prioritariamente al poder constituido y débilmente al ciudadano que dicen interpelar.
Desde organizaciones que se reclaman ciudadanas, se procesan bajo lógicas diferentes las tensiones entre oposición y consenso. Y esta reforma pretenciosamente llamada política ha merecido un No pero si, en varios sentidos. El deterioro de la capacidad de reforma legislativa durante los últimos trece años corresponde al poder concentrado por la partidocracia, la cual está cada vez más aislada de sus representados; su desprestigio responde al aprovechamiento irresponsable del erario y al monopolio de la representación popular. También ha contribuido la erosión de la institución presidencial que no ha sabido remontar Acción Nacional, como partido de la alternancia. Insuficientemente acotado, el poder unipersonal metaconstitucional del presidencialismo heredado del antiguo régimen, se suma al sistema de partidos plural, con fuerte influencia priista, que tampoco asume responsabilidad en las negociaciones entre poderes autónomos.
A esa doble limitación, la que impone la partidocracia y la que produjo un presidencialismo ambiguo en la relación con su partido, aunada a la falta de una cultura parlamentaria para formar consensos básicos, se sumó el paralelismo extra constitucional bajo el que actúan los poderes fácticos. Asociando poder de cabildeo y ejercicio de influencia sobre la opinión pública, los medios electrónicos han impedido que prospere una ley de medios favorecedora de una cultura democrática. Paralelamente, la jerarquía eclesial, principalmente la católica, se ha convertido en gran legislador y factor limitante del carácter laico del Estado, lo que obstaculiza la deliberación informada que necesita el espacio público. Es imposible, entonces, una reforma política que no contemple reformas legislativas simultáneas que erradiquen la partidocracia, que actualicen la institución presidencial, que sometan al interés público el papel de los medios electrónicos en las elecciones y el fomento a la participación ciudadana, y una legislación acorde al carácter laico del Estado.
Los diez puntos de la reforma propuesta por Felipe Calderón que ahora se discuten, se complementan y sobre todo se desdibujan, buscaban acertadamente influir sobre el empoderamiento del voto, para así estimular la competencia partidaria; fortalecer diversos mecanismos de participación ciudadana en la legislación y rediseñar las relaciones entre Legislativo y Ejecutivo. Sin embargo, es cierto, la “generación del No” impone mayor empoderamiento de la partidocracia, lo que la convierte en el principal obstáculo por rehusar reformarse a si misma ¿cómo negarse a perder privilegios sin una fuerza que la obligue a cambiar? Hay una voz del No a esas reformas aisladas pero Si, a una reforma integral que pugne porque haya rendición de cuentas con consecuencias legales para los funcionarios electos, porque se fortalezcan todos los formatos de participación ciudadana como la iniciativa legislativa, la revocación de mandato, porque se legisle el papel de los partidos, se reduzca su financiamiento, porque haya legislación democrática para los medios y fortalecimiento del Estado laico.
