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Miembros de la comunidad LGTBI el 27 de enero en Nairobi protestando contra el aumento de los feminicidios en el país. Daniel Irungu/EFE/EPA

La fobia contra la comunidad LGTBI crece en Kenia ante la cruzada religiosa y política

Un diputado presentó una propuesta de ley que propone penalizar con 50 años de cárcel a quien sea homosexual, envalentonado por un presidente ultrarreligioso que critica abiertamente a la comunidad

Iya Werimba sospechaba que si William Ruto era elegido no saldrían bien parados. “Sabíamos que si llegaba al poder trabajaría por quitarnos de en medio a los homosexuales en este país. Ese era nuestro miedo. Y nuestros miedos se han confirmado”, dice Werimba en conversación con este diario.

A sus 31 años, Werimba trabaja desde hace tres en el equipo de comunicación de Galck+, una asociación LGTBI creada en 2006 cuyas siglas en inglés significan “Coalición de Gays y Lesbianas de Kenia +”. “Ha habido una regresión en nuestros derechos y ha ocurrido en un espacio muy corto de tiempo, desde 2022”, asegura.

Durante su carrera política, Ruto ya se había pronunciado varias veces contra la comunidad gay. En todas ellas, la religión estaba de fondo. En 2015, como vicepresidente, dijo que “no hay cabida para los homosexuales en este país”, en un discurso en una iglesia. En la campaña de 2022 reiteró su posición: “Mi posición como cristiano es que la Biblia nos enseña contra la homosexualidad”, dijo. 

Kenia es oficialmente un Estado laico, pero en la ceremonia de inauguración, Ruto rezó junto a su mujer. Días más tarde, invitó a predicadores evangélicos a purificar el palacio presidencial. “Ha envalentonado a los religiosos, y las líneas entre religión y política se están desdibujando”, dice Werimba. 

En junio de 2023, Uganda aprobó una de las leyes contra la comunidad LGBTI más duras del mundo, con pena de muerte incluida por “homosexualidad agravada”. Tres meses después, el diputado keniano Peter Kaluma propuso una Ley de Protección Familiar por la que se endurecería la criminalización de la homosexualidad en Kenia con hasta 50 años de cárcel.

Sin embargo, la comunidad LGBTI no le ve mucho futuro a esta iniciativa y no es lo que más preocupación le genera. “El proyecto de ley aún no existe. Pueden estar amenazando, pero no existe un proyecto de ley impreso, presentado al Parlamento y discutido. Nuestras prioridades ahora mismo siguen siendo que no salga adelante, que no vea la luz”, asegura Werimba. 

La responsable de comunicación de Galck+ asegura que las numerosas sentencias judiciales a favor suyo han dado fuerza al colectivo. Entre ellas se incluyen sentencias a favor de cambiar el género de una persona transexual en un examen oficial en 2015, o cuando en 2022 la Justicia reconoció a las personas intersexuales como tercer género oficial. La última llegó en marzo de 2023, cuando la Corte Suprema reprendió al gobierno por impedir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC) se pudiera registrar como una ONG oficial. La justicia dijo que era inconstitucional discriminar por orientación sexual. El presidente, Ruto, dijo que respetaba la orden, pero la criticó diciendo que su “cultura y religión no permite los matrimonios del mismo sexo”. 

“Tenemos un gran número de victorias judiciales que nos hacen sostenernos como comunidad. Esto nos está volviendo más envalentonados y audaces, por lo que no diría que la gente se ha retractado. Ahora, eso no significa que no estén tomando precauciones para preparar la aceptación exterior”, añade la responsable de comunicación de Galck+.

En octubre del año pasado, cientos de personas se movilizaron convocadas por un grupo religioso musulmán en una marcha anti-LGTBI en el centro de Nairobi para criticar la decisión de la Justicia. En las pancartas se leía “LGTBI no es africano” y “Abrís las puertas del infierno, la abominación y la demonización de la institución familiar en Kenia”. Después de esos casos hubo ataques e intimidación contra miembros homosexuales. Eso es lo que más inquieta. “Fue preocupante, había incluso un vídeo de un niño diciendo que se debería decapitar a las personas LGTBI”, dice Werimba. “La verdad es que me vuelvo a traumatizar si pienso en ello”.

La importancia de la religión en este movimiento es enorme, desde el movimiento musulmán a, sobre todo, el evangelismo ultraconservador. “La religión cristiana es un remanente del colonialismo… ser homosexual no es algo importado de fuera. Lo que sí se ha importado es la homofobia”, apunta Werimba. 

El vínculo ultraconservador

Los evangélicos kenianos han tejido relaciones y han sido financiados por grupos ultraconservadores occidentales. En 2020,Open Democracy publicó una investigación en la que acusó a 20 grupos ultraconservadores cristianos de Estados Unidos de financiar movimientos religiosos africanos con hasta 54 millones de dólares desde el año 2007. Dos terceras parte de ese dinero venían de una sola institución: la secta The Fellowship, una organización religiosa con vínculos con la Casa Blanca como comprobó la miniserie documental en Netflix La Familia.

“Sabemos que existe un vínculo muy claro entre la derecha evangélico-estadounidense para retroceder en los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos de género y la comunidad LGTBI que ha inspirado odio hacia las minorías sexuales y hacia la sexualidad integral”, dice Damaris Parsitau, teóloga keniana y directora del Instituto Nagel para el Estudio del Cristianismo en el Mundo, de la Universidad Calvin de Estados Unidos.

La académica estudió los vínculos financieros y descubrió que mucho dinero venía de la organización CitizenGo, creada por los fundadores del grupo ultraderechista español HazteOír. “Cada vez más actores se suman a la agenda antihomosexual. Esto, que también ocurre en Uganda, Nigeria o Ghana, no pasa por casualidad”, dice Werimba. “Nombres como La Familia o la española CitizenGo han creado redes por diferentes regiones kenianas”, añade. 

En 2018, el Gobierno de Kenia cerró las clínicas reproductivas de la ONG inglesa Marie Stopes tras la presión de CitizenGo, que la acusaba de ofrecer abortos y anticonceptivos a menores sin consentimiento de los padres. Un mes después, se levantó el veto al comprobar que era falso.

Para Werimba, es entendible que las familias quieran proteger a sus hijos y tengan miedo de que acaben muertos por culpa de la retórica contra la comunidad LGBTI impulsada desde las iglesias y la política. Ella, que se define como mujer y tiene sus pronombres bien escritos en su firma de correo, es consciente de que tiene suerte. “Mi familia sabe quién soy y me aceptan, lo cual es un privilegio que reconozco. También conocen el trabajo que hago y les parece bien”, y acaba con un mensaje positivo. “Conozco muchas familias que aceptan a los niños LGTBI”, cierra.

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