El ministerio público estima en un informe remitido al Defensor del Pueblo que las comisiones para investigar la pederastia clerical deben ser independientes y ve “esencial” formar parte de la iniciativa oficial
La Fiscalía General del Estado desdeña que la propia Iglesia católica se investigue a sí misma sobre los casos de abusos a menores cometidos en su seno y su encubrimiento. Califica, además, “de escasa utilidad” el encargo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) al despacho Cremades & Calvo-Sotelo para que lleve a cabo este cometido: “Deben descartarse y considerarse de escasa utilidad las auditorías o investigaciones parciales encomendadas por parte de la Iglesia a despachos de juristas privados, donde las víctimas adolecen del espacio seguro donde narrar su vivencia y se les insta a rellenar un formulario donde se refiere a ellas con el término ‘afectados”, precisa el ministerio público en un informe que remitió el martes al Defensor del Pueblo, en el que analiza desde su perspectiva el problema de los abusos y cómo afrontarlo. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, advierte de que este tipo de comisiones deben ser independientes, y estima “esencial” la presencia de la Fiscalía en la investigación que el Congreso de los Diputados ha encargado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
El ministerio fiscal ordenó a comienzos de año a los 17 fiscales superiores de toda España que le remitiesen los procedimientos penales (denuncias y querellas) en tramitación referidos a abusos a menores cometidos por miembros de la Iglesia. Recibió 68 procedimientos, aunque no destacó cuáles correspondían al ámbito católico y cuáles a otras instituciones religiosas. El recuento, valorado por la Fiscalía como “meramente referencial”, no reflejaba la amplitud del problema, ya que la cifra resultante era una fotografía de un instante, la de los casos abiertos de 2022. En ese cómputo no se incluyen las sentencias condenatorias del pasado y tampoco los casos que no llegan a la justicia civil, sino que se instruyen en los procesos canónicos. Por otro lado, la gran mayoría de estos delitos no han visto la luz, bien porque las víctimas nunca lo han contado o la Iglesia los ha silenciado.
En el texto, el ministerio público, apoyado con aportaciones de expertos en el tema, describe el problema de los abusos como una “realidad criminal de incuestionable gravedad”, en la que subyace una gran responsabilidad por parte de los obispos y superiores de las órdenes religiosas, que frecuentemente supieron de estos delitos en el pasado y no hicieron nada: “Ese conocimiento previo de los hechos por parte de los superiores jerárquicos de la institución ha podido ser el motivo, entre otros, del desconocimiento del número real de casos, de que se hayan silenciado muchos de ellos y de que en el momento de intentar detectar la dimensión de lo ocurrido nos encontremos con archivos secretos, denuncias silenciadas o cierto encubrimiento de los hechos, que tiene como coartada el tiempo que ha pasado o la minimización de lo ocurrido, lo que sin duda eleva el grado de sufrimiento para las víctimas”.
La Fiscalía valora que “esa situación de ocultamiento”, “la minimización de los abusos sexuales por las congregaciones religiosas” y la escasa “asunción de responsabilidades” son los motivos por los que las indagaciones promovidas por la propia Iglesia carecen de un valor real y no cubren totalmente las necesidades de las víctimas. “Lógicamente, la desconfianza que despierta esta investigación en ellas les impide tramitar su denuncia con unas garantías mínimas o serias de que se pueda llevar a trámite”, explica.
El ministerio fiscal también señala que uno de los obstáculos con los que se encuentra para eliminar “esta lamentable lacra” es la existencia de “una falsa creencia de cierta inmunidad de los religiosos que cometieron los abusos”, al estar sometidos al derecho canónico y, antes del 3 de enero de 1979, al estar acogidos a los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, cuando para denunciar a un sacerdote era necesario un permiso especial por parte de su obispo o superior. “Lo que suponía un filtro en el que no llegaban a tramitarse todas las denuncias. Es innegable que existe un enfoque distinto de las causas y las consecuencias que dan lugar a los abusos por parte de los representantes de las congregaciones religiosas y por parte de quienes los sufren”, se cita en el informe.
En el documento, además, se insiste en la responsabilidad de la cúpula eclesiástica. Por ello, una de sus propuestas es “la posibilidad de una reforma de las normas sobre prescripción de la responsabilidad civil, lo que permitiría que respondieran las instituciones con independencia de que los responsables penales de los delitos estén o no en condiciones de hacer frente a un proceso penal”.
Un fenómeno extendido y silenciado
Ante la recurrente queja de los obispos de que una investigación sobre la pederastia no debería circunscribirse exclusivamente al ámbito de la Iglesia católica, la Fiscalía argumenta que una iniciativa de esta naturaleza está justificada porque es la institución religiosa más extendida en España “y en la que más casos se han detectado o se han silenciado, lo que impide tener una referencia real de la dimensión de este fenómeno”. Razón por la que, según el ministerio fiscal, el problema de los abusos en el ámbito eclesiástico “no finaliza con dar una respuesta al hecho delictivo que ha sido denunciado y acreditado”. “Es necesario impulsar otras iniciativas que permitan detectar los casos que hayan podido ocurrir en otros momentos históricos, acudiendo a mecanismos distintos al judicial para poder escuchar y reparar a las víctimas y velar por la prevención de estas conductas”, añade el escrito.
El modelo que la Fiscalía, según el criterio de las publicaciones de diversos expertos, aconseja seguir al Defensor del Pueblo es la creación de una comisión independiente de expertos que “deberá trabajar en un periodo de tiempo de cierta amplitud para obtener mejores resultados”. Que divida los trabajos en tres fases con distintos objetivos: escuchar, dimensionar el fenómeno con un recuento objetivo, y reparar a las víctimas. El equipo, prosigue el documento, debe trabajar a tiempo completo y “sin vínculos de interés alguno”. Además, “tendrá que estar dotado de una partida presupuestaria suficiente”. El documento subraya: “Lo que es importante es que los profesionales que intervengan en la fase de escucha sean totalmente independientes a cualquier congregación religiosa, huyendo así de posibles actitudes defensivas que conlleven revictimización”. Como ejemplo, en el informe se citan las comisiones creadas en Navarra y Cataluña, o las puestas en marcha en el País Vasco para otro tipo de víctimas.
Otra de las propuestas que el ministerio fiscal lanza al Defensor del Pueblo es la creación de oficinas de asistencia para las víctimas, en las que pueda ofrecérseles información sobre los posibles procedimientos administrativos y judiciales que pudieran iniciar, asesorarlas sobre servicios de peritajes especializados o articular la intermediación con otras entidades de información a víctimas. Por otra parte, insiste en que su presencia en la comisión en la que Gabilondo está trabajando la dotaría “de realidad institucional” y aportaría en cada caso los criterios jurídicos oportunos para buscar una respuesta eficaz. “El ministerio fiscal formaría parte de esa comisión no en calidad de acusador público ni para determinar hechos concretos, sino para proteger a la víctima y promover los mecanismos necesarios para que reciba la asistencia necesaria”, explica el ministerio público.
