El procurador acusa al primer ministro islamista de violar la laicidad
El fiscal general del Tribunal Supremo turco, Abdurrahman Yalçinkaya, interpuso ayer ante el Tribunal Constitucional una demanda para ilegalizar al gobernante Partido para la Justicia y el Desarrollo (PJD) e inhabilitar al presidente de la República, Abdulá Gül, y al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, a los que acusa de contravenir las leyes que consagran a Turquía como un Estado laico.
La fiscalía anunció la medida con el argumento de que el PJD (islamista moderado) que lidera Erdogan "se ha convertido en el centro de las actividades contra el laicismo", sin precisar más detalles. Nadie duda, sin embargo, de que la demanda está vinculada a la reciente decisión gubernamental, respaldada por el Parlamento, de autorizar el uso del velo en las universidades, prohibido desde hacía una década.
El presidente del Tribunal Constitucional, Hasin Kiliç, confirmó que había recibido el documento y afirmó que los nombres de Gül y Erdogan, así como el del expresidente del Parlamento Bulent Arinç, encabezan una lista de 71 personas para las que se pide la prohibición de realizar actividades políticas.
"ATENTADO A LA DEMOCRACIA"
El vicepresidente del PDJ, Mehmet Mir Dengir Firat, denunció la actuación del fiscal como un "atentado a la democracia". "El objetivo no es el PDJ sino la democracia turca y el pueblo turco", subrayó.
"Este intento plantea cuestiones sobre el estado de nuestra democracia. Es la mayor injusticia contra nuestra democracia, la voluntad de nuestra nación, nuestra paz y estabilidad y nuestro prestigio en el mundo", añadió el dirigente.
