El juicio contra la Hermandad de la Esclavitud del Cristo de La Laguna y el Obispado de Tenerife por la negativa de la junta de esa organización a admitir mujeres ha quedado visto para sentencia, con el apoyo de la fiscalía a la demanda por vulneración del derecho de igualdad.
«La autoorganización de una asociación no está por encima del derecho fundamental» a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, por lo que el artículo primero de los estatutos de la hermandad, que establece que sus miembros han de ser «caballeros», debe ser anulado, según el fiscal Jonay Socas.
La demanda, que se ha visto en el juzgado de primera instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife, cuya titular es la magistrada Gabriela Reverón, fue interpuesta por Teresa Laborda en representación de otras 35 mujeres, que llevan pidiendo sin éxito desde 2008 a la Hermandad del Cristo de La Laguna y al Obispado de Tenerife que las admita.
La junta directiva de la Hermandad acordó en diciembre de 2018, el mismo mes en que fue presentada la demanda, abrir un proceso de decisión que concluyó en diciembre de 2019 con una votación interna en la que fue rechazada la pretensión de las mujeres por el 70 % de los votos.
Adasat Afonso Martín, abogado defensor de la Hermandad, defendió el derecho de esta asociación a la «autoorganización, sin injerencias del Estado ni del poder judicial» y argumentó que hay asociaciones en la sociedad civil solo de hombres, solo de mujeres o mixtas.
«En España está reconocida la autonomía de las organizaciones religiosas y de las confesiones religiosas», indicó, y el tratado de 1979 de España con el Vaticano, que es un acuerdo internacional, reconoce a la Iglesia Católica su derecho a autoorganizarse libremente.
Agregó que la Hermandad se rige por el derecho canónico, que no obliga a que sea mixta, y se apoyó en sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para concluir que la libertad religiosa supone que no corresponde al Estado tomar decisiones sobre la organización interna de las asociaciones religiosas.
El abogado de la Hermandad destacó que la decisión de someter a votación la presencia de mujeres ha sido una iniciativa propia anterior a la presentación de la demanda, y en el futuro podría volver a someterse a votación.
Javier Seco, letrado del Obispado, dijo que este aceptará lo que decida la Hermandad o en su caso los tribunales, pero afirmó que el obispo no puede imponer modificaciones en los estatutos, «salvo que sea algo inaceptable en derecho».
Sin embargo, Andrea Cáceres, letrada de la demandante, rechazó que sea válido el argumento de que no se admiten mujeres por «costumbre o tradición» cuando se están vulnerando dos derechos fundamentales, el de igualdad y el de asociación.
La letrada acusó de «cinismo» a la junta directiva de la Hermandad por anunciar que iban a abordar un proceso de decisión justo cuando se presentó la demanda, un proceso que en todo caso ha finalizado con la denegación del acceso a las mujeres.
La Hermandad, según la abogada, está compuesta por unos 1.500 hombres, pero en la votación para excluir a las mujeres sólo participaron 48, de los que 12 votaron a favor de incluirlas, 31 en contra y 5 se abstuvieron.
No solo la Constitución y las leyes proscriben la discriminación, sino que ni siquiera el derecho canónico la admite, expuso la abogada, y subrayó que la Hermandad, creada en 1545, fue mixta durante sus primeros 145 años de existencia.
Los requisitos para participar son ser varón, estar bautizado, ser mayor de edad y tener un comportamiento cristiano, pero en la práctica admiten a niños de siete años mientras excluyen a las mujeres, denunció.
«El derecho a la autoorganización no puede ser absoluto, la autoridad eclesiástica está sometida a los tribunales», a las leyes de igualdad y a la Constitución, dijo.
Teresa Laborda, la demandante, declaró a los medios tras el juicio que las mujeres llevan muchos años pretendiendo entrar «de buena fe» en la Hermandad como uno más, para colaborar «en el culto al santísimo Cristo y para ayudar a los necesitados y a los pobres», pero siempre han tropezado con la oposición de la organización y el silencio del Obispado.
«Nacer mujer no supone más que un hecho biológico, nadie nos tiene que discriminar. Somos adultas, estamos bautizadas y la Iglesia no nos tiene por qué discriminar, y menos una asociación», dijo.
