La Fiscalía de Nueva York ha demandado a la diócesis católica de Búfalo y a varios de sus responsables por no haber tomado las medidas necesarias para proteger a los menores de los «abusos sexuales descontrolados» cometidos por al menos 25 clérigos.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó hoy una demanda contra la diócesis católica romana de Búfalo y sus antiguos altos responsables «por no haber seguido las políticas y procedimientos obligatorios que habrían ayudado a prevenir los abusos sexuales descontrolados de menores por parte de sacerdotes dentro de la Iglesia Católica», aseguró un comunicado difundido hoy.
La Fiscalía señala, en concreto, al obispo emérito Richard Malone y al antiguo obispo auxiliar Edward M. Grosz.
El comunicado sostiene que tras dos años de investigaciones se ha concluido que las «acusaciones de conducta sexual inapropiada contra sacerdotes» de dicha institución religiosa «fueron investigadas inadecuadamente, si es que se investigaron, y fueron encubiertas por años».
«Aunque los líderes de la diócesis encontraron creíbles las quejas de abuso sexual, protegieron a los sacerdotes acusados de que se hicieran públicas, los consideraron ‘inasignables’ y les permitieron retirarse o tomar una supuesta ausencia por razones médicas, en lugar de ser remitidos al Vaticano para su posible destitución del sacerdocio», subraya el escrito difundido por la Fiscalía.
Para James, «cuando se rompe la confianza con los líderes espirituales, se puede producir una crisis de fe. Durante años, la diócesis de Búfalo y sus dirigentes fallaron en proteger a los niños de los abusos sexuales».
«En su lugar, eligieron proteger a los mismos sacerdotes que fueron creíblemente acusados de estos actos atroces. Las personas que son víctimas de abuso merecen que se investiguen y se determinen sus reclamaciones de manera oportuna, y la diócesis de Búfalo se negó a darles esa oportunidad», concluye la fiscal general de Nueva York.
UNOS CÓDIGOS NO CUMPLIDOS
El comunicado remitido por James recoge que tras saltar en 2002 el escándalo de los abusos sexuales de menores en el seno de las instituciones de la Iglesia Católica, la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos «adoptó políticas y procedimientos específicos que exigían a las diócesis realizar investigaciones adecuadas y tomar medidas rápidas e inmediatas sobre esas investigaciones».
Sin embargo, la investigación de los fiscales desveló que Malone y Grosz, a pesar de que votaron a favor de la adopción de dichas políticas y de que anunciaron públicamente su seguimiento, «se negaron a tomar medidas sustantivas cuando se enfrentaron a denuncias de abuso sexual dentro de la Diócesis», que recientemente ha admitido que «encontró acusaciones fundadas de conducta sexual impropia contra 78 sacerdotes».
Según la Fiscalía, la denuncia que han presentado ante los tribunales da fe de los supuestos actos ilícitos «mediante un examen detallado de los historiales de 25 sacerdotes de la diócesis que fueron acusados de abuso», y asegura que «después de extensas demoras», la mayoría de ellos fueron «expulsados del ministerio, pero no fueron remitidos oportunamente al Vaticano para un juicio y la posible expulsión del sacerdocio».
El escrito suscrito por James asegura que busca exigir que se cumplan los procedimientos para evitar que vuelvan a ocurrir hechos similares y que se nombre un auditor independiente para supervisar y revisar dicho cumplimiento.
Asimismo, la fiscal general ha presentado una moción para que se hagan públicos los nombres de los 25 sacerdotes supuestamente implicados en los abusos así como las acusaciones contra ellos.
El pasado febrero, la diócesis católica de Búfalo se declaró en bancarrota ante la incapacidad de afrontar 250 demandas presentadas por supuestos abusos sexuales y con el objetivo de no suspender su actividad.
En un comunicado difundido entonces, la diócesis aseguró que se había acogido al capítulo 11 del código de bancarrota para poder «reorganizase» y «con el objetivo principal de permitir las resoluciones financieras para el mayor número de personas que ha presentado reclamaciones bajo la Ley de Víctimas Menores».
De acuerdo con esta legislación, que entró en vigor en el estado de Nueva York el pasado 14 de agosto, se abrió una ventana legal de un año para que todas las personas víctimas de abusos sexuales durante su infancia pudieran abrir procesos judiciales sin importar los años transcurridos desde el delito.
