El gobierno de Sebastián Piñera estaría obstaculizando el acceso de las mujeres al aborto terapéutico, tras la aprobación de la ley hace un año durante la presidencia de Michelle Bachelet, advierte un informe publicado este lunes por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
El documento, elaborado por el organismo que representa a 184 organizaciones civiles y la ONG chilena Observatorio Ciudadano, considera un “avance” la norma que legalizó la interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida de la mujer, inviabilidad del feto y violación, pero denuncia serios problemas en su implementación.
“Las autoridades del presidente Piñera intentan, desde su entrada en funciones el 11 de marzo de 2018, introducir nuevos obstáculos en el acceso al aborto de las mujeres que ya deberían poder optar por un aborto legal y seguro”, advierte el informe.
La crítica se centra en el protocolo que facilita la posibilidad de que instituciones y trabajadores de la salud invoquen la objeción de conciencia para negarse a participar en un aborto, aludiendo a creencias o reglas morales.
A través de un reglamento, a los 11 días de haber asumido el poder, el gobierno de Piñera redujo los requisitos exigidos a las instituciones para justificar su decisión de negarse a realizar abortos y permitió acudir a la objeción de conciencia a las instituciones privadas que tengan convenios de atención con el Estado.
Pero a petición de parlamentarios opositores, la Contraloría estimó que este protocolo no se ajustaba a derecho y obligó al gobierno a ingresar una nueva iniciativa –actualmente en revisión- que vuelve a prohibir la objeción de conciencia en organismos privados que reciban aportes públicos.
Sin embargo, esta “también elimina diversas disposiciones dirigidas a garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y contribuye a facilitar el ejercicio de la objeción de conciencia”, de acuerdo al reporte.
Para Elsie Monge, vicepresidenta de la FIDH, “las últimas medidas tomadas por las autoridades chilenas con relación a la objeción de conciencia parecen más concebidas para no aplicar la ley que para garantizar el acceso al aborto legal y seguro en las tres causales previstas”.
La objeción de conciencia, de acuerdo a la FIDH, pone en riesgo la implementación de la ley en ciudades con escasos recursos de salud, donde la negativa de una institución o un obstetra limitan las opciones de las mujeres.
