Califica de «error» el decreto que impulsa el Ejecutivo para estructurar la Comisión Islámica de España y asegura que es para «bloquearla»
«Consideramos que la Comisión Islámica de España (CIE) es una entidad privada». Fue el mensaje que el presidente de la Federación Islámica de la Región de Murcia (FIRM), Mbarek Demouche, lanzó ayer al Gobierno de España por tratar de regular mediante un decreto la estructura y representación del CIE ante las instituciones. Esa norma acabaría con la bicefalia de este órgano, compuesta por dos secretarías generales, que serían sustituidas por un presidente, y, a la postre, único interlocutor de los 1,8 millones de musulmanes que residen en el país ante el Ejecutivo central.
«Esta intervención es para bloquear la comisión». Demouche tilda de «error» este proyecto del Gobierno de la Nación y denuncia que obedece a una estrategia europea «para controlar el Islam». Además, alude de forma soterrada a la iglesia al recordar que estas iniciativas «no las hacen con otras confesiones». El presidente de esta federación, que engloba a 75 entidades islámicas de la Región, aprovechó la celebración de su cuarto congreso en la pedanía de Aljucer para avanzar que la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) presentó el pasado octubre un contencioso contra el citado decreto. «El problema ya está en los juzgados».
Derechos musulmanes
A falta de que se pronuncie la Justicia, la bicefalia con la que se gestionaba el CIE ha sido resuelta por una comisión gestora que está presidida por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), que dirige el español de origen sirio Riay Tatary. La vicepresidencia es para FEERI, liderada por el murciano de origen marroquí Mounir Benjelloun. «El Estado quiere un interlocutor, pero el presidente no puede hacer todo el trabajo», denunció Demouche. La FIRM forma parte de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, cuyo presidente Benjelloun está inspirado intelectualmente por Justicia y Caridad: un movimiento de oposición al Gobierno de Marruecos calificado de «radical» por la Administración española. Sin embargo, Demouche aseguró que «Benjelloun defiende un discurso del Islam español, los derechos de los musulmanes, y hay otro [Tatary] que quiere callarse».
Además, recordó que en FIRM apuestan por diez interlocutores ante el Gobierno de la Nación, que se corresponderían con diez comisiones de trabajo en áreas como enseñanza, alimentación, lugares de culto y patrimonio islámico. Pero la presidencia del CIE no es el único incendio que el nuevo Ejecutivo estatal tendrá que solventar en la próxima legislatura, ya que esta federación murciana también ha impugnado ante la Secretaría de Estado de Justicia los estatutos de la Comisión Islámica aprobados en 2015.
«En noviembre de 2012, se celebró una asamblea anual y todos los musulmanes, sin excepción, hicieron otros estatutos y eligieron como presidente a Benjelloun, pero la Administración siempre bloquea».
Los atentados perpetrados por el Estado Islámico en París y la ‘islamofobia’ fueron otras cuestiones tratadas en el congreso. Demouche explicó que desde la creación de FIRM en 2005, «hemos formado a los imanes y se ha trabajado en el discurso de las mezquitas. En un discurso de tolerancia. Ahora mismo, en Murcia, no hay ningún tipo de radicalización».
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En la imagen los dos líderes musulmanes en una reunión en el Ministerio del Interior
