Si no existiera el sacramento de la penitencia, los dirigentes de la Conferencia Episcopal Española irían al infierno de cabeza por tramposos. Ayer, sólo veinticuatro horas después de que Público.es denunciara su pertinaz ocultación del destino del dinero que la religión católica recibe del Estado, presentaron una Memoria Justificativa de Actividades que no hay por dónde cogerla. Pretendían transmitir con ella una sensación de transparencia, pero no les ha salido bien, cosa previsible en una institución tan opaca en asuntos económicos como la Iglesia.
La Memoria, que se refiere a 2011, sólo reconoce la percepción de 253 millones de euros procedentes de la asignación tributaria y no hace alusión ninguna al resto de las ayudas que la religión católica recibe de los contribuyentes. Según los cálculos recogidos el miércoles por Público.es, estaríamos hablando de cerca de 11.000 millones anuales, sumando las subvenciones y las exenciones fiscales de las que se beneficia la Iglesia gracias a su privilegiado estatus. De ello no se dice ni una sola palabra en la Memoria, como si ese dinero no exigiera un importante esfuerzo al conjunto de los españoles, sino que lloviera del cielo.
Aun del destino de la asignación tributaria, las explicaciones que da la Conferencia Episcopal son bastante parcas. Casi 192 millones de euros se los reparten las diócesis, sin que conste en qué proporción ni conforme a qué criterios, salvo una vaga mención a “sus necesidades generales” y “su capacidad de obtención de recursos”. Y del resto hasta los 253 millones, el nivel de detalle que se ofrece no va más allá de unos grandes epígrafes que impiden hacer una mínima valoración de la consistencia de las cuentas.
Por supuesto, en la Memoria no hay ni rastro de lo que cobran, por ejemplo, los obispos; ni del sueldo de los directivos de la Conferencia Episcopal, pese a que buena parte de sus retribuciones las costeamos entre todos los españoles, ya seamos católicos o no. Porque eso de que la asignación tributaria sólo la pagan quienes marcan la correspondiente casilla del IRPF es una absoluta falacia. La soportamos todos, pues los 253 millones de euros que se embolsó la Iglesia en 2011 van contra el presupuesto común y, en consecuencia, exigen una reducción equivalente de otros gastos o una mayor recaudación.
En lo que sí pone mucho énfasis la Memoria es en el supuesto ahorro que la presencia de la Iglesia en el ámbito educativo proporciona al Estado y que cifra en 4.091 millones de euros para el ejercicio de 2011. Lo que no dice es que esa cantidad está de sobra compensada por los conciertos, que suman alrededor de 4.000 millones anuales, y por el pago a los profesores de religión, que son otros 700. Y eso sin contar, naturalmente, con la ventaja intangible que para la Iglesia supone la inmensa capacidad de adoctrinamiento que su posición, particularmente en la enseñanza privada, le permite.
Los obispos, en fin, con todas estas deficencias, han presentado sus números como si hubieran sido auditados por Price Waterhouse Coopers. Pero se trata de una verdad a medias: se han auditado las actividades, no las cuentas. Es decir, si los indicadores manejados, tanto de fuentes internas como externas, son fiables y si la elaboración de la Memoria respeta las normas que para hacerla se ha dado la propia Conferencia Episcopal. En definitiva, una auténtica milonga, que al menos servirá para que sus terminales mediáticos puedan ir propagando por ahí que la Iglesia sí que es transparente.