El Estado luso presenta su informe económico sobre el encuentro que incluye una partida general de 18 millones a la que se suman los gastos de los distintos ministerios
“¿Cuánto gastó el Estado en la JMJ? Siempre dije, entre gastos directos e indirectos, que el gasto del Estado portugués asciende a 30 millones en total”. Es la respuesta que ha dado esta semana la viceministra portuguesa de Asuntos Parlamentarios, Ana Catarina Mendes, ante los diputados de la Comisión Parlamentaria de Administración Pública, Ordenación del Territorio y Poder Local.
La cifra sale de la partida destinada directamente por el Ejecutivo, que asciende a 18,2 millones de euros de los 20 millones previstos inicialmente para organizar la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa celebrado el pasado mes de agosto con presencia del Papa Francisco. A ellos, se suman los millones generados en cada uno de los ministerios como Justicia, Administración Interior, Infraestructuras, Salud, Medio Ambiente y Economía. La viceministra explicó que se trata de “gastos indirectos que forman parte del Presupuesto del Estado de cada uno de los ministerios”.
Responsabilidades cumplidas
En concreto, Mendes ha fijado esta factura central en 18.245.996 euros, por lo que no se rebasó el límite previsto para el multitudinario acto. “ No era posible, después de lo acordado entre el Gobierno y las autoridades locales, no cumplir con lo que teníamos que cumplir en nuestras responsabilidades, ya sea en movilidad, salud o en todas las operaciones logísticas en las que teníamos que involucrarnos”, explicó la representante del Gobierno luso ante los diputados.
La viceministra concretó además que se realizaron hasta cinco licitaciones públicas, a los que correspondería el 94% de los gastos. A la vez, subrayó que todos estos contratos contaron con la aprobación previa del Tribunal de Cuentas. Además de explicar con detalle cada una de las partidas públicas destinadas al evento eclesial, Mendes entregó un informe a los diputados con todos los contratos con el fin de mostrar “total transparencia y conocimiento de los gastos del Estado en este evento”.
