La decisión del papa Francisco de no oponerse a la decisión del Gobierno disgusta a la mayoría de obispos y genera una virulenta reacción entre sectores ultras
A veces, el silencio es un clamor. “No tengo opinión. Hubo algo pero yo no me metí en eso”, dijo en marzo el papa Francisco sobre la exhumación y los equívocos que se produjeron entre el Gobierno español y la diplomacia del Vaticano. La Santa Sede descartó oponerse a la decisión del Gobierno y el Papa, entrevistado por Jordi Évole en La Sexta, se extendió sobre cómo debe comportarse una sociedad libre ante un proceso de memoria histórica. “Hablando de desaparecidos, en Argentina fueron más de 30.000 en la época de la dictadura. Siempre he defendido el derecho a la verdad sobre lo que pasó y a una sepultura digna, a encontrar los cadáveres. Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos”, dijo. Su postura es rechazada por la mayoría de obispos y sectores católicos conservadores. También por algunos grupos ultra que están haciendo resurgir un anticlericalismo de derechas.
La jerarquía de la Iglesia española siempre execró de la llamada ley de la memoria histórica de 2007 (una ley en la que “se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura”). El cardenal Antonio María Rouco Varela, que presidió la Conferencia Episcopal Española (CEE) durante más de una década, junto a su portavoz, el jesuita José Antonio Martínez Camino, predicaron que la norma, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, era anticlerical y abría heridas de la Guerra Civil. La consecuencia fue que el Ejecutivo siguiente, presidido por Mariano Rajoy, paralizó su cumplimiento.
La posición de Francisco es minoritaria entre sus jerarcas en España, que relacionan memoria histórica y anticlericalismo, antifranquismo y, aún más, con afanes de venganza contra la Iglesia católica, principal apoyo del dictador durante décadas. Es raro el obispo que no se haya pronunciado estos años en sentido contrario al Pontífice romano y, más en concreto, en defensa de Franco. El último fue el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, quien se va a jubilar sin recibir del Papa el capelo cardenalicio como es habitual en una sede primada. El prelado llegó a calificar de “impresentable” la respuesta de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, a las declaraciones del ya exnuncio del Vaticano en España, Renzo Fratini, quien se despidió del cargo este verano afirmando que la exhumación del dictador pretendía “resucitar a Franco” por razones políticas y electorales. “Sinceramente, hay tantos problemas en el mundo y en España. ¿Por qué resucitarlo? Dejarlo en paz era mejor. Dios juzgará. No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil”, dijo entrevistado por Europa Press.
El Vaticano se disculpó como pudo tras la declaración de su diplomático. Lo cierto es que la llegada de Francisco ha obligado a cambiar el tono de sus prelados en España y ha facilitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez una exhumación que, de lo contrario, habría sido imposible de acuerdo con lo concordado en Roma por España y el Estado vaticano en 1976 y 1979. Pero los cardenales Ricardo Blázquez y Carlos Osoro, arzobispos de Valladolid y Madrid respectivamente (el primero es, además, presidente de la CEE) lo están pagando caro, y también toda la Iglesia nacional. La primera consecuencia es que Francisco se niega a venir a España en visita oficial mientras “no haya paz” entre los obispos. Así lo ha dicho en dos ocasiones, y eso que la posición de los dirigentes episcopales no ha podido ser más meliflua. “Es distinto decir que la Iglesia no se opone, a decir que apoya la exhumación”, dice el portavoz de la CEE, Luis Argüello.
En las postrimerías de la dictadura, entre 1966 y 1976, se consolidó en España un curioso anticlericalismo de derechas, que puede resumirse con las pintadas contra el cardenal Vicente Enrique y Tarancón (“Tarancón al paredón”), y contra Pablo VI (“Viva Sofía Loren. Muera Tontini”: el Papa se apellidaba Montini). Han vuelto aquellos comportamientos, por boca de varios medios de la derecha, que tachan de “tibios y cobardes” a los obispos por no oponerse a la exhumación.
La consecuencia es que algunos prelados están siendo insultados a plena luz del día por alborotadores católicos de todas las edades. El último incidente es del pasado fin de semana con pintadas en paredes de la Nunciatura, la catedral de la Almudena, la Conferencia Episcopal, en varias parroquias de la capital y también en la sede de la Gran Logia de España.
