Este martes el Congreso de los Diputados abrirá la puerta a la proposición de ley que despenalizará en España la eutanasia y reconocerá el derecho a poner fin a la propia vida en caso de enfermedad incurable, grave, crónica e invalidante. Se trata de la tercera vez que llega al Parlamento esta proposición socialista, que vio frustrado su recorrido legislativo antes por sendas convocatorias electorales.
Lo que se pretende aprobar es la eutanasia, entendida como la intervención voluntaria y consensuada que acelera el final de un paciente con una enfermedad terminal e incurable. En este caso lo relevante es que es un equipo médico el que suministra los fármacos para evitar el sufrimiento el dolor.
Porque eutanasia no es lo mismo que suicidio asistido. En este otro caso es el médico quien receta al paciente el medicamento que se debe tomar para acabar con su vida, aunque puede ser apoyado por un profesional sanitario o cualquier persona sin que sus actos tengan consecuencias penales.
Tampoco eutanasia son cuidados paliativos. Estos últimos no tienen por objeto la muerte, sino evitar el sufrimiento en vida mientras llega el deceso.
Mientras los cuidados paliativos están extendidos por buena parte del globo, la eutanasia solamente es legal en un pequeño grupo de países occidentales. Entre ellos destacan Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. El suicidio asistido es legal en Suiza, algunos estados de EE UU y de Australia.
Holanda: En el año 2001 Holanda legalizó la eutanasia y, según las últimas estadísticas, en torno al 4% de las muertes son asistidas por personal sanitario en casos de enfermedades incurables y graves. En concreto, en 2018 hubo 6.126 eutanasias, la mayoría en procesos de cáncer irreversibles y en mayores de 60 años. En el caso de Holanda también está legalizado el suicidio asistido. La edad mínima es 12 años, aunque hasta los 16 es necesario el permiso paterno. El requisito es un sufrimiento insoportable sin perspectiva de recuperación.
Bélgica: Desde 2002 es posible la eutanasia en el país. La ley belga es más extensa y detallada que la holandesa. En este caso no regula el suicidio asistido. Una comisión evalúa cada caso, en ella están presentes médicos, juristas y organizaciones dedicadas al cuidado de pacientes terminales. Bélgica fue el primer país en practicar la eutanasia a un menor de edad. Anualmente unas 2.000 personas recurren a la eutanasia en Bélgica. La mayoría de los casos ocurre entre los 80 los 89 años.
Luxemburgo: La ley de eutanasia y suicidio asistido fue aprobada en 2009. Debe solicitarlo un paciente adulto, consciente y capaz en el momento de pedirlo. Sin presiones externas y por escrito. Una comisión de control y evaluación es garante de la buena aplicación de esta norma. El país solo ha tenido medio centenar de eutanasias y un suicidio asistido.
Canadá: Después de que en 2015 el Supremo de este país reconociera el derecho a la muerte digna y voluntaria, empezó el proceso de la legislación, primero creando excepciones penales a quienes asistieran un suicidio, siempre y cuando fueran especialista médicos y pacientes terminales. En 2018 un 1,12% de las muertes fueron con asistencia médica para morir.
Colombia: En este país no existe marco legal, pero los tribunales han autorizado la eutanasia «por piedad». Se debe aplicar a los enfermos en fase terminal y con inexistencia de alternativas de tratamiento o cuidado razonables. La petición ahora debe ser aprobada por un comité científico para el derecho a morir con dignidad. También es legal en menores a partir de 6 años.
Suiza: En realidad en este país lo que está permitido desde los años cuarenta del siglo pasado es el suicidio asistido de carácter altruista, pero no la eutanasia. Son las asociaciones sin fines de lucro las que empezaron a administrar medicamentos para poner fin a la vida. El país es conocido por el turismo del suicidio, porque a él llegan europeos deseando poner fin dignamente a sus vidas. En 2011 se quiso prohibir el suicidio de extranjeros, pero solamente se endurecieron los requisitos para permitir que pudieran acceder a ello los enfermos terminales.
EE UU: Algunos estados de EE UU también tienen aprobada legislación para el suicidio asistido en casos de enfermedad terminal. En concreto, se trata de California, Oregón, Washington, Vermont y Hawai.
Australia: La región de Victoria, el segundo estado más poblado y al sur de Australia, aprobó en 2017 el suicidio asistido que permite a los pacientes poner fin a su vida. Aquí solamente es legal para los mayores de 18 años, y previo paso por un comité independiente y con control de un médico forense. Su aprobación ha abierto el debate en otros estados del país.
Nueva Zelanda: Podría ser el primer país del mundo en aprobar la eutanasia en un referéndum. La ley de elección de terminación de la vida ya fue aprobada en el parlamento, pero los diputados pidieron que se incluyera un referéndum para su legalización definitiva. La primera ministra, Jacinda Arden, lo ha fijado para el 19 de septiembre de este año. Los requisitos son que el demandante sufra una enfermedad terminal y esté bien informado. Las últimas encuestas daban un 74% de apoyo a la muerte asistida.
Hasta ahora, en España lo que no está penalizado es una especie de eutanasia pasiva. Es decir, según la Ley de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, el paciente puede «decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles» y como tal, «tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley».
Francia: El país galo permite también este tipo de prácticas, aunque sigue existiendo polémica al respecto. El caso de Vincent Lambert ha sido un claro ejemplo de ello después de años de lucha entre la familia por la desconexión de este hombre de 42 años que quedó tetrapléjito y pasó más de 10 años en estado vegetativo. El pasado año, después de una larga batalla judicial, el Consejo de Estado de Francia respaldó la decisión de los médicos y de la esposa de Lambert de interrumpir los tratamientos y cuidados que recibía ante la oposición de sus padres.
Italia: También en este país es legal retirar el tratamiento que un enfermo terminal pueda estar recibiendo y que le mantiene con vida si ello supone la mejor opción o si forma parte de un cuidado paliativo, pero tanto la eutanasia como el el suicidio asistido está castigado en estos dos últimos países con penas de prisión. El pasado mes de septiembre, el Tribunal Constitucional italiano emitió una sentencia histórica al dejar la puerta abierta a la absolución de Marco Cappato, un exeurodiputado y activista a favor de la eutanasia que ayudó a morir a DJ Fabo, de 40 años, que tras quedar ciego y tetrapléjico por un accidente decidió poner fin a su sufrimiento en una clínica de Suiza. Este caso reabrió el debate sobre la eutanasia pero aún no se ha podido llegar a un acuerdo al respecto. Lo que consiguió Cappato es que un caso así no sea castigado de forma automáticasiempre que se reúna una serie de condiciones. Entre otras, que el paciente manifieste un sufrimiento físico y psicológico intolerable pero siga siendo capaz de tomar decisiones libres y conscientes.
Portugal: Hace alrededor de año y medio que la Asamblea de la República lusa se quedó a seis votos de legalizar la eutanasia. Los cuatro proyectos de ley fueron rechazados en una sesión en la que la mayoría de los partidos dio a sus diputados libertad de voto. El debate también llegó a la calle: los líderes de ocho religiones con presencia en el país firmaron un manifiesto conjunto en contra de la eutanasia y con una petición para reforzar los cuidados paliativos, que el Portugal solo llegan al 10% de los pacientes que los necesitan, y por los que la población se manifestó el día de la votación de la eutanasia. Sigue penada, por tanto, aunque no se castiga la pasiva, que si bien no provoca la muerte, tampoco la impide.
La eutanasia pasiva, cuando se consigue la muerte del paciente en situación irreversible suspendiendo el tratamiento médico, está reconocida bajo ciertas condiciones en las legislaciones de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.
En el lado opuesto se encuentra Polonia, que entiende la eutanasia como un asesinato y castiga su práctica con hasta cinco años de prisión, aunque no es el único país europeo donde está penado. También Bulgaria o Croacia lo castigan con hasta 6 y 8 años respectivamente.
