Los primeros borradores de la Comisión para la Reconstrucción establecían que los fondos extra para educación se destinarían únicamente a la educación pública. Este fue muy criticado por el PP. Pero la ministra Isabel Celaá ha aclarado que realmente se repartirán entre concertada y pública “de forma equitativa” y que no dependerán de la titularidad del centro. El Gobierno del PSOE y UP continúa incrementando los ingresos de la educación concertada mientras en la educación pública se mantienen las políticas de austeridad.
Los primeros borradores de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica establecían que los fondos extra para educación se destinaran únicamente a la educación pública, dejando fuera, aparentemente, al negocio de la educación concertada. Como se hace patente en el punto 18.1 del documento aprobado este miércoles en el Congreso de los Diputados, en el apartado denominado “Incremento de los recursos públicos dedicados a la educación y las becas”, se afirma que “la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa”. La derecha (PNV, JxCat, PP, Cs…) no ha tardado en protestar por excluir a la educación concertada de esta nueva oportunidad de recibir más dinero público del que ya reciben, esta vez a costa del denominado “pacto de reconstrucción”.
A pesar de las afirmaciones de la derecha de que el PSOE y UP “abandonan” y “dejan atrás” a la educación concertada, el documento de la comisión, que es todavía provisional, tan solo excluye a la concertada de unos “fondos extra”. Sin embargo, este jueves la ministra de Educación Celaá ha aclarado ante EuropaPress que el fondo para Educación se repartirá «de forma equitativa» dando a la concertada «lo que corresponde».
Las concertadas, recordamos, son escuelas totalmente privadas, tanto en su propiedad como en su gestión, pero que se financian masivamente con dinero público. Lejos de tratar de acabar con la educación privada mantenida con dinero público, el PSOE no ha dejado de salvaguardar en todo momento los intereses de la patronal de la educación privada (mayoritariamente vestida con sotana), incrementando año tras año las partidas presupuestarias destinadas a la educación concertada, y de reducir la financiación de la educación pública. Podemos, Izquierda Unida y el PCE, si en sus orígenes cuestionaban la educación concertada, han acabado por aceptarla, aceptando con ello la otra cara de la moneda: la desfinanciación de la educación pública.
La acusación de la derecha de que la política del PSOE respecto a la educación pública es “ideológica” es cierta, pero de la misma ideología que la derecha: desfinanciar la escuela pública, sobrecargar y precarizar a sus trabajadores y docentes, mientras se desvía ese dinero a sobrefinanciar la red clientelar de escuelas privadas. Esto se expresa en el hecho de que el Estado Español sea el país con más escuelas concertadas de la Unión Europea. Tanto engordan los centros privados a costa del erario que el 30% de los centros son privados bajo concierto público, frente a la media inferior al 15% de la UE.
Tantas políticas de derecha por parte del PSOE hacen que ahora la educación concertada, de la que tanto se ha cuidado de subvencionar, se haya convertido en uno de los bastiones de los partidos de la derecha y la extrema derecha como Vox. Esto también ha tenido su reflejo en el crecimiento de las medidas reaccionarias como el “pin parental”. Como dice el refranero “cría cuervos y te sacarán los ojos”.
El Estado dedica 6000 millones anuales a la educación concertada, que es católica en un 60%. Los centros católicos reciben cada año 4.866 millones de euros por su labor educativa, según sus propios datos (consultado en laicismo.org). A través de los distintos acuerdos entre el Vaticano y el Estado se trata de mantener los feudos de la iglesia en el ámbito educativo: 2.500 centros a lo largo de todo el Estado, que en vez de ser mantenidos por la Iglesia corren a cargo de los impuestos de los y las trabajadores. Lejos de reducirse la financiación o de acabar con modelos heredados del franquismo, el dinero destinado a la educación concertada por los gobiernos del PP y PSOE va en aumento y con ello la influencia de la Iglesia en las aulas.
Pero esta no es la única vía de financiación. Las asignaturas de religión en los centros públicos son impartidas por profesores elegidos por la Iglesia. La red de docentes de religión que imparten en la escuela pública, por fuera de la contratación del Estado, permite a la Iglesia embolsarse otra partida de ingresos. La organización Europa Laica viene denunciando hace tiempo la falta de transparencia por parte de las comunidades, pero estima que “la administración central se gasta al menos 100 millones de euros cada año solo en los profesores de Religión de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla, los territorios sobre los que tiene control”.
El dinero público dedicado a la red concertada ha aumentado un 50,4% desde 2004, mientras que el porcentaje dedicado a la red pública tiene una tendencia decreciente. Año tras año se baten records históricos en las sumas de dinero público destinado a la educación concertada. Los datos del Ministerio de Educación hablan por sí solos: en 2016, todas las administraciones educativas gastaron en la concertada 6.055 millones de euros, casi 140 millones más que en 2015. Esta cifra es la más alta desde el año 1992, que es cuando se empiezan a comparar estos datos de inversión. Desde 2012, año en que llega al gobierno central el PP, este gasto público en la escuela privada aumentó en 346 millones, un 6,11% más. Si analizamos estos mismos años y comparamos la inversión destinada a la educación pública desde 2012, aunque es verdad que la inversión en la escuela pública ha aumentado en 753 millones, sigue muy lejos de sus mejores años. La inversión en la escuela pública ha descendido en 6.400 millones en comparación con los tiempos previos a la crisis. Es un hecho que la escuela concertada ha salido reforzada de la crisis respecto a la escuela pública. Si en 2009 el gasto en conciertos suponía el 10,9% del presupuesto educativo total, en 2015 alcanzó el 12,6%.
Esto sucede a pesar de que esta patronal de la educación concertada incumple una y otra vez los términos establecidos para recibir estos “conciertos” públicos. A lo ya sabido de que cobran un dinero extra a los padres por conceptos como uniformes, donaciones, etc., y a que en muchos de estos centros se segrega por sexos, se ha sumado el “fraude” que realizan con las cifras de Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, los llamados ACNEAEs, que están obligados a matricular para recibir el dinero público. La Consejería de Educación puso de manifiesto la gran cantidad de diagnósticos falsos tras la denuncia de CGT en Zaragoza en el año 2018.
La educación concertada es defendida por el PSOE y el PP bajo el pretexto de ahorrar costes y de la “libertad de elección de los padres” respecto a qué centro llevar a sus hijos. Este debate se mantiene dentro del marco de los prejuicios liberales, de la concepción normativa de los hijos bajo un modelo tradicional de tutela familiar y no habla sobre los derechos colectivos de los jóvenes a una misma educación, pública e igualitaria, salvaguardada de los prejuicios de sus padres, sin segregación en función de los criterios de los éstos, el lugar de origen, necesidades especiales o el sexo, así como el derecho a una educación separada de la Iglesia. Por ejemplo, el 79% de los alumnos de origen inmigrante están matriculados en la educación pública, según los datos del ministerio, frente al 14,1 % matriculado en la educación concertada. Mientras el 2,3% de los alumnos de la escuela concertada tiene necesidades especiales de aprendizaje en primaria, en la pública son el 3,7%.
La portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Reconstrucción, Sara Giménez, afirmaba que con la propuesta del gobierno “se establece si se debe proteger más o menos a un niño de un colegio concertado o público, cuando lo que debe de haber es una igualdad de oportunidades. Hago una llamada a la rectificación”. Esto es radicalmente falso. Los intereses de la derecha y el Gobierno PSOE-UP confluyen en la defensa de la patronal de la educación privada. En los hechos se protege más, efectivamente, a los centros privados bajo concierto público, recortando y precarizando a los centros públicos. No se protege, de este modo, ni a la enseñanza pública, cada vez más precarizada, ni a los jóvenes de la escuela concertada.
Frente este modelo que favorece a la educación privada y concertada, defendemos el derecho a una enseñanza pública de calidad, gratuita, democrática y laica; luchamos por el fin de los conciertos educativos y el pase de esos centros y sus trabajadores a una red única de educación pública. Echemos, asimismo, a la Iglesia de las aulas.
