La entidad financiera con mayor índice de desahucios en Aragón es la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), fundada en 1905 por Acción Social Católica de Zaragoza con el nombre de Caja de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción.
A su vez, Acción Social Católica (en adelante, ASC), ciñéndonos a lo que puede leerse en el sitio web de esta entidad, “es la entidad fundadora de la CAI” y “una entidad que depende jerárquicamente de la Iglesia Católica. Es por tanto una ONG de la iglesia formada por seglares cuyas actividades se inspiran en la Doctrina Social de la Iglesia Católica”.
Según esto, por lo que parece la entidad financiera con mayor índice de desahucios en Aragón es una ONG y depende directamente de la Iglesia Católica. Denominar, a estas alturas, ONG a la CAI puede herir la sensibilidad de no pocas personas, principalmente damnificadas por algunas de sus medidas hipotecarias y laborales. Calificar a ASC de “católica” es una cuestión que tendrán que resolver los católicos y el consejo de administración de la entidad. Pretender decir hoy de la CAI que su acción es “!social” suena ciertamente algo sarcástico.
CAI acordó agruparse en 2010 con Caja Círculo de Burgos (entidad financiera también de la iglesia católica, cuyo nombre completo es Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos) y con Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz (Caja de Badajoz), según el modelo de Sistema Institucional de Protección (SIP). Desde entonces, el nombre oficial global es Caja³. En noviembre de 2012 Caja³ acordó, a su vez, su integración en Ibercaja.
En este proceso de metamorfosis institucional, la entidad financiera de la Iglesia Católica CAI ha ido planteando expedientes de regulación de empleo, que por ejemplo incluyen 592 despidos y el cierre de 187 oficinas, propuesta actualmente en revisión.
Eso no es óbice para que el Banco de España haya señalado que Caja³ debe reducir, entre otras muchas cosas, la remuneración de tres de sus consejeros no ejecutivos y de su máximo directivo, además de revisar las indemnizaciones pactadas de 13 directivos (uno de Burgos, otro de Caja Badajoz y once de la CAI). Según diario.es, en la actualidad, solo un consejero recibe más de 500.000 euros y tres miembros no ejecutivos reciben importes superiores a 100.000 euros. La Iglesia Católica debería aclarar si todo ello forma parte del espíritu fundacional católico de la CAI que, según el web de ASC, está basado en “las propuestas del Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum”, “las diferentes Encíclicas y documentos de doctrina social emanados de la iglesia católica” y “los valores cristianos (…) a través de acciones de formación, divulgación, denuncia y ayuda a los sectores y personas más desfavorecidos de nuestra sociedad, así como del tercer y cuarto mundo”. Desconozco si entre esas personas desfavorecidas está incluida también la gente desahuciada. Confiemos, pues, en una pronta respuesta de Acción Social Católica a este respecto.
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