Moreno Bonilla ha cerrado 1.943 aulas y prevé clausurar otras 600, según datos del sindicato Ustea. Mientras tanto, la privada y la concertada católica refuerzan su posición y ya copan el 24,2% del sistema educativo.
La enseñanza pública en Andalucía sigue en caída libre y en solo una década ha perdido tres puntos porcentuales de cuota en el sistema educativo andaluz. No hay año en que no descienda peldaños en términos relativos, según se desprende de los datos proporcionados por la propia Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. En el curso 2014-2015, la educación pública dominaba claramente, con un 78,8% de los centros homologados de la comunidad autónoma. En el periodo 2023-2024, la cuota había descendido ya significativamente al 75,8%, tres puntos menos.
Las cifras indican de forma palmaria que la Administración pública está dejando caer lentamente a su propia red educativa en beneficio creciente de la enseñanza privada y concertada. El retroceso de la pública se produce indistintamente bajo gobiernos del PSOE como del PP, según reflejan los datos, sin ningún género de duda. Hasta que Juan Manuel Moreno Bonilla ascendió al poder, en enero de 2019, la educación estatal había perdido 1,8 puntos en seis años, mientras que desde esa fecha ha seguido disminuyendo otros 1,2 enteros.
Paralelamente, la enseñanza privada y concertada siguen su camino ascendente. En una década, la privada sin subvenciones ganó un 1,9% de cuota, a la vez que la concertada, mayoritariamente católica, amplió en un 1,1% su presencia en el escenario educativo andaluz. «Es evidente que se está potenciando la educación concertada, mientras se abandona la pública», sostiene Fran Fernández, portavoz del sindicato andaluz Ustea, muy combativo en la defensa de los servicios de carácter estatal. Ustea estima que la Junta de Andalucía prevé cerrar unas 600 aulas para el próximo curso
La previsión para el próximo curso mantiene las mismas coordenadas de la última década. Menos pública y más privada. El propio sindicato Ustea ha cifrado en 600 las aulas que la Junta de Andalucía tiene previsto cerrar a cal y canto. No son datos oficiales. Son estimaciones proporcionadas por la central educativa a partir de un barrido efectuado por iniciativa propia. «Hemos ido llamando a todos los centros», puntualiza Fran Fernández.
Desde que Moreno Bonilla se sentó en el Palacio de San Telmo, 1.943 clases de centros públicos han sido suprimidas en Andalucía. Si sumamos ambas cifras, para finales del curso próximo el total de aulas clausuradas habrá ascendido a 2.600, siempre según proyecciones de Ustea. La Consejería de Desarrollo Educativo explica el imparable descenso de la pública con el argumento del declive de la natalidad, pero lo cierto es que las plazas privadas y concertadas se mantienen o aumentan, tal como acreditan los datos aportados por la propia Administración autonómica.
Todas estas cifras son corroboradas por la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa), que participa directamente en el proceso de escolarización iniciado el pasado 1 de marzo. «Somos conocedoras del número de vacantes de cada zona», subraya su presidenta, Marina Jiménez. Tienen, por lo tanto, datos de primera mano sobre las plazas disponibles para el curso próximo, aunque lamenta las dificultades que encuentran para obtener proyecciones provinciales sobre la educación pública y concertada. «Nos vemos obligados a hacer casi un trabajo de investigación». «Están cerrando unidades y muchas familias se están quedando sin plazas en centros públicos», explica Jiménez
«Hay un retroceso de la pública. Lo estamos viendo», afirma la presidenta de Codapa. A Marina Jiménez no le convence el argumeno esgrimido por la Junta de Andalucía en el sentido de que la concertada forma parte también de la red pública educativa. «Todos los años se tocan las vacantes de los centros públicos y se merman la capacidad de las familias de elección. Eso no pasa en los concertados. Allí no se tocan las plazas», protesta. Y pone el caso de Sevilla Centro. «Están cerrando unidades y muchas familias se están quedando sin plazas en centros públicos, con lo cual se acaban matriculando en colegios concertados o se tienen que ir a zonas limítrofes».
El presente curso hay 1.802.816 alumnos matriculados en Andalucía, casi 57.000 menos que hace diez años. Algo más de 1.366.000 están integrados en la red pública, mientras que 337.655 estudian en centros privados concertados y 98.357 en privados no subvencionados. Hasta ahora, la educación pública dominaba sin apenas competencia en el ciclo de bachillerato, pero la tendencia se está revirtiendo. De hecho, el Gobierno andaluz ha concertado 22 aulas nuevas en dos años, que se añaden a las 260 que ya existían en la etapa socialista.
El recorte de la enseñanza pública se deja sentir en todas las provincias andaluzas, según Ustea. Una de las zonas más afectadas es el poniente almeriense, con El Ejido y Roquetas a la cabeza, pero el proceso también se extiende a San Fernando, Isla Cristina, Lepe, Ayamonte, Cartaya, Linares, Alhaurín, Morón, Utrera o Dos Hermanas. También se clausurará una escuela infantil en Málaga y tres colegios: el Duque de Rivas y el Alfonso Churruca, en Córdoba, y el Adolfo de Castro, en Cádiz. Dos institutos perderán sus clases en secundaria y bachillerato, y sus alumnos pasarán a FP. «Los mimbres de la privada concertada ya estaban puestos con el PSOE», lamenta Fran Fernández
El proceso de privatización de la enseñanza andaluza viene de largo. «Los mimbres de la privada concertada ya estaban puestos con el PSOE», lamenta Fran Fernández, «cuando los socialistas debían haber sido los garantes de la educación pública». El PP no ha hecho sino consolidar y reforzar una tendencia ya iniciada años atrás, en opinión del portavoz de Ustea. «Al PP le gusta la educación de élite. Es un partido católico y no tiene interés en promover la enseñanza pública», agrega.
El avance de la educación privada, tanto concertada como no, es lento pero constante. Andalucía, con todo, sigue manteniendo una cuota notable de enseñanza pública, en relación con otras comunidades autónomas. La Confederación de Padres y Madres apuesta sin fisuras por la educación de carácter estatal. «La concertada debe ser subsidiaria de la pública», afirma Marina Jiménez. Y eso no sucede de forma habitual. «Yo veo que los conciertos no se tocan, salvo en casos muy excepcionales».
Ante la disminución de plazas públicas, muchas familias, consecuentemente, se ven obligadas a matricular a sus hijos en centros católicos. Aunque hay otros factores, a su juicio. «Hemos perdido la visión de la educación pública como garantía de derechos universales, diversidad e inclusión. Y, en cierto modo, estamos dando a entender a las administraciones que da igual el tipo de centro donde estudien nuestros hijos. Quizás eso sea un error».
Codapa cuestiona el compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública y lo emplaza a que aproveche el descenso de la natalidad para que se rebaje la ratio de alumnos por clase en lugar de cerrar aulas y clausurar centros. «Todos los informes educativos indican una clara mejoría en los resultados educativos cuando la ratio es más baja», argumenta la organización de padres y madres de alumnos.
