El artículo del profesor López Casimiro, Doctor en Historia Contemporánea, tiene una década, pero no ha perdido actualidad.
«Yo siempre he creído que se reformaría el género humano, si se reformase la educación de la juventud». (Leibnitz)
Hace 125 años que se fundó la Institución Libre de Enseñanza. El decreto del marqués de Orovio y los límites a la libertad de cátedra obligaron a varios profesores a abandonar la enseñanza pública y a fundar aquélla. Cinco años más tarde, en la primavera de 1881, se polemiza en la Baja Extremadura, con extensión y profundidad, sobre la enseñanza laica. En efecto, Miguel Pimentel, propietario y director de El Magisterio Extremeño, publicaba sus 'Cartas abiertas sobre la enseñanza laica'. Contestaba a El Grano de Arena, periódico sevillano que se había declarado partidario de la enseñanza religiosa. Para Pimentel, la escuela debía estar libre de controversias y luchas religiosas, y ser neutral para todas las creencias, de modo que defendía: «La enseñanza laica en la escuela y la enseñanza católica en el templo». La primera carta iba dedicada a su «querido amigo D. Heriberto Larios». Para rebatir la enseñanza laica fundó éste La Verdad, de Almendralejo. Confesaba Larios estar contra la libertad de conciencia y de cultos, y decía combatir la enseñanza laica, porque no había más que una religión verdadera. Además la enseñanza laica era absurda e impía. Para Pimentel, no sólo el hombre era incompetente para impedir la libertad de pensamiento y de conciencia, sino que Dios mismo no podía hacerlo «sin destruir la esencia del alma, es decir, sin aniquilar al ser humano». El obispo de Badajoz, Fernando Rivera, en julio de 1881, publicó una pastoral condenando el periódico de Pimentel.
Aunque la pastoral del obispo parecía haber puesto punto final a la polémica, las actitudes se radicalizaron con el cambio de línea editorial del periódico católico El Avisador de Badajoz y la aparición, en el otoño de 1882, del Diario de Badajoz, republicano y promasónico. Para el Diario, los padres que llevaban a sus hijos a colegios religiosos no tenían caridad. Quién sabría qué habrían sido esos niños en la ciencia o en el arte, «a no haber cometido los lobos con piel de cordero el asesinato moral de no dejar florecer sus entendimientos». Para El Avisador, sin embargo, los efectos de la enseñanza laica eran el aumento de la criminalidad en Francia, sobre todo en los niños. Hasta el suicidio de un niño que había perdido tres dientes era fruto del laicismo.
En los primeros meses de 1887 se reanudó la polémica sobre la enseñanza laica. En marzo de 1887, el Boletín del Magisterio, que dirigía Joaquín Romero, antiguo miembro de la logia Pax Augusta, había atacado al laicismo atribuyéndole toda clase de males. Desde las páginas de El Magisterio Extremeño-Onubense (así se llamaba ahora el periódico de Pimentel) le contestó Anselmo Arenas, catedrático de Geografía e Historia del Instituto. Afirmaba éste que la inmoralidad de las poblaciones se hallaba en razón directa del predominio que en ellas ejercía el clero y la enseñanza religiosa. Para Romero, sin embargo, el laicismo había proscrito de las escuelas la educación moral. Defendía también que, en España, no había otra moral aceptable que la que se fundía en la religión católica, apostólica y romana. Para Arenas, Romero confundía lastimosamente los conceptos de la moral y de la religión. Separaba Arenas la religión de la moral, para que «nunca manchen el puro campo de ésta, ni la hagan solidaria de crímenes disfrazados de moral religiosa».
Tanto Arenas como Pimentel eran miembros prominentes de la logia Pax Augusta. Fueron librepensadores y masones los defensores de la enseñanza laica. Laicismo y masonería beben de las mismas fuentes. Los principios de libertad de conciencia y culto, la tolerancia respecto a las ideas de los demás, que son la base de la filosofía masónica, son también fundamentos ideológicos de los laicistas. En 1892, la logia badajocense encomendó a Pimentel un informe sobre 'Qué debe entenderse por enseñanza laica y qué medios deben emplearse'. Se conserva el documento manuscrito que en otra ocasión he estudiado. El espíritu de tolerancia y respeto por las ideas y creencias ajenas parecen ser las consignas. Las conclusiones, pocos se negarían a suscribirlas hoy: «La enseñanza de la religión es competencia de las familias y de los ministros de los respectivos cultos. La escuela debe ser neutral. El maestro debe abstenerse de todo espíritu de proselitismo en materia religiosa. Un maestro sectario es una aberración».
Hoy vivimos en un estado laico (nos parece bizantina la distinción entre laico y aconfesional). Nuestra Constitución propugna como un valor superior el pluralismo político. Los temas religiosos apasionan menos. Sin embargo, durante la elaboración de la constitución, Peces-Barba, representante socialista en la ponencia, abandonó ésta por su desacuerdo con la redacción del artículo 27 sobre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. Después de aprobada la Constitución, grandes movilizaciones se han producido por los temas escolares. Recuérdense las manifestaciones sobre el Estatuto de Centros o sobre la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación).
Los socialistas inteligentemente trataron de evitar las viejas 'guerras de religión'. Pero quizás haya llegado el momento de suscitar un debate en la sociedad y de arrojar luz sobre el tema. El verano pasado, sectores importantes de la sociedad española criticaron y mostraron su oposición al despido de varios profesores de Religión. Creo que la Iglesia obró con total coherencia: No pueden formar buenos católicos quienes no dan ejemplo de vida auténticamente católica. La incongruencia es del Estado, que contrata y paga a unos profesores que selecciona e inspecciona la jerarquía católica. Quizás sea el momento de aplicar el principio laicista: «La enseñanza laica en la escuela y la enseñanza religiosa en el templo». Sin embargo, ante la ignorancia de nuestros escolares sobre historia y símbolos religiosos, habría que abogar por la inclusión en el currículo de la enseñanza de la historia de las religiones o de cultura religiosa, pero a cargo de un profesor público seleccionado como el resto de los funcionarios docentes.
