Análisis del autor ante la situación planteada por el caso del aborto de «Beatriz»
La joven salvadoreña Beatriz, nombre ficticio para proteger su intimidad, permanecía ayer ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos después de que los médicos le practicasen una cesárea ante el agravamiento de su estado.
Los últimos meses los ha vivido con la angustia de no saber si su cuerpo podría soportar, además del lupus y de la insuficiencia renal que padece, la carga de un embarazo que a medida que avanzaba la iba debilitando y la acercaba hacia un fatal desenlace. Las asociaciones religiosas, antiabortistas y hasta la Conferencia Episcopal de El Salvador han ejercido una fuerte presión para impedir la interrupción del embarazo, tal y como había solicitado la propia Beatriz, madre de otro niño de un año con necesidades especiales.
Si su recuperación es satisfactoria, dejará de ser noticia en días, pero su traumática experiencia debería servir para promover un cambio legislativo que impida que nuevas Beatrices se vean en la misma encrucijada y tengan que rozar el lecho de la muerte para que se respete su derecho a la vida.
Más allá de las leyes actuales que prohíben el aborto en cualquiera de los supuestos y lo castigan hasta con penas de 50 años de prisión, el problema de fondo está en que las Beatrices de El Salvador o de cualquier otra parte del mundo son mujeres sin recursos económicos que, a menudo, no tienen acceso a una educación integral y, mucho menos, a información sobre planificación familiar. «Aquellas que no tienen recursos son las que pagan el coste de la penalización con su vida, con su salud y con su integridad, porque las mujeres que tienen dinero, incluso si el aborto está totalmente prohibido, nunca han tenido problemas para interrumpir su embarazo con plenas garantías. O bien pagan un médico privado que guarde discreción o bien viajan a un país donde esté permitido», subrayaba a GARA Women's Link Worldwide.
El Gobierno, en manos del FMLN, debe elegir entre dar respuesta al clamor de todas las Beatrices y revertir la sinrazón de la sentencia de la Corte Suprema o seguir plegado a las exigencias de influyentes grupos de presión ligados a la Iglesia.
