La Educación, ese sagrado mandato cívico, ya se rige por la ley de la oferta y la demanda. Las tesis neoliberales han atropellado a este país al dictado de las leyes del mercado, si bien es un contrasentido llamar leyes a lo que sólo es codicia.
Tan contradictorio como que nuestros neoliberales, hoy al mando de la Junta de Andalucía, tan enemigos de la subvención cuando se trata del cine o de la danza contemporánea, vean estupendamente que se sufrague un negocio educativo privado.
La derecha −PP y C´s con el apoyo entusiasta de Vox− va a introducir con rango de ley un texto para que los colegios se adapten a la demanda social, amparándose en la “libertad de elección del padre”. Aparte de borrar los límites entre “alumno” y “cliente”, esto podría ser justo si todos los centros partieran de las mismas condiciones. Pero no, no todos los centros están en las mismas condiciones, porque no han recibido la misma atención de la administración educativa.
El socialismo versión PSOE gobernó la Junta durante 40 años y no pudo, no supo o no quiso (o las tres cosas a la vez) hacer nada por priorizar lo público sobre lo privado, perpetuando un sistema tan extravagante como injusto. Hoy en la oposición, el “Partido que Nunca Estuvo Allí”, defiende a la pública más por obligación que por convicción. A buenas horas mangas verdes.
Así, cada vez se oye con obstinada firmeza que “los padres prefieren la concertada”, o sea la privada pagada con dinero de todos. Es normal, cuando se van a destinar más recursos a los centros más solicitados, condenando a los que están en peor estado a seguir estándolo.
Apelan a la libre elección de los padres, y me pregunto ¿es que antes no había libertad para elegir? Así que tal vez lo que se persigue no es la libertad de elección, sino la libertad de selección.
Esa es la base del cínico jueguecito: reforzar la desigualdad a través de la subvención pública y expulsar a las clases medias de lo público, que quedaría como una mera institución de beneficencia.
De esto sabe mucho la jerarquía católica, propietaria mayoritaria de los centros concertados, y también sabe que la voladura de lo público favorece los intereses privados. O sea, los suyos. En realidad, el primero de los suyos.
El segundo, no menos importante, es el adoctrinamiento. Un adoctrinamiento religioso, valga la redundancia, que se sufrague con fondos públicos. Ya la legislación actual exige ofrecer clases de Religión en horario lectivo, se ve normal que en esos centros se celebren procesiones, ofrendas florales a vírgenes y santos, y que se permitan charlas homófobas o contra la eutanasia, y que el proselitismo religioso sea omnipresente.
Ello supone pagar con dinero público la entrega de la Educación a manos de grupos ideológicos y religiosos, que deforman la libertad a través de unos códigos que aprisionan la inteligencia y fomentan el fanatismo y el egoísmo social, o sea el elitismo.
Pero, pese a todas estas dificultades, la enseñanza pública resiste y lucha con los recursos a su alcance: la profesionalidad de su personal y el coraje del superviviente por su dignidad. Dignidad que se resiste a ser doblegada, mostrando a sus alumnos y alumnas que no todo está perdido, y que la Educación no se mide con dinero.
Porque la enseñanza pública, a salvo de sotanas y chisteras neoliberales, debe ser el sustrato de una sociedad que persigue la libertad por el camino de la igualdad, la gratuidad y el laicismo.
