Cataluña se ampara en la nueva ley educativa para retirar el concierto a los centros que segreguen por sexo a partir del próximo curso
La semana pasada, el pleno del Parlament de Catalunya aprobó una resolución a favor de suprimir el concierto educativo en las escuelas que segreguen por sexo, con los votos en contra del PP, Vox y Ciutadans. La Generalitat lo hará a partir del próximo curso, que es cuando toca renovar algunos conciertos, y afectará a los segundos ciclos de Infantil, la ESO y Bachillerato, especialmente en centros del Opus Dei. En el caso de Primaria, los conciertos se renovaron en el curso 2020-2021, así que habrá que esperar a la siguiente renovación de cara al curso 2026-2027. El conseller de Educació, Josep González Cambray, ha sido claro: «En el siglo XXI no puede haber ninguna escuela con financiación pública que siga separando a niños y niñas».
Aunque el Govern intentó frenar la renovación del concierto de la etapa de Primaria el año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió la iniciativa debido la ausencia de cobertura jurídica, ya que aún no había entrado en vigor la Lomloe. González Cambray explicó que, sin embargo, ahora ya cuentan con esa cobertura de la ley Celaá, que prohíbe financiar con dinero público a los centros que separen al alumnado por razón de sexo.
La situación en otras comunidades
Hay algunas comunidades autónomas que blindan el concierto educativo, como Madrid, que antes de entrar en vigor la Lomloe alargó el periodo de los conciertos de 6 a 10 años para evitar cumplir la nueva ley. Pero también existen algunas autonomías que se han atrevido a enfrentarse al concierto educativo. La Comunidad Valenciana ha renovado los conciertos con la condición de que en la próxima matriculación se acepte un alumnado mixto y se termine con la segregación.
En Navarra se ha establecido una cancelación progresiva. Así, se ha empezado con la eliminación de la financiación pública en 1º de la ESO para ir subiendo de nivel hasta terminar. De esta forma se garantiza a las familias poder continuar con las mismas condiciones económicas con las que empezaron.
En el caso de Cataluña, la medida afectará a 3.850 alumnos y alumnas de 11 centros que, de repente, se verán en la obligación de pagar más. No hay que olvidar que muchos centros concertados obviamente deben admitir a personas en situación de vulnerabilidad y con bajos recursos que en principio también se verían afectadas. La solución navarra parece a priori la más interesante, ya que permite un periodo de adaptación a las familias. Aun así, debe ofrecerse una alternativa, es decir, el acceso a una educación pública de calidad. Y para esto hace falta invertir recursos y, sobre todo, construir más colegios para disminuir la ratio de estudiantes por clase.
El famoso caso de Finlandia
Desde hace años se destaca el ejemplo de Finlandia como modelo a seguir en temas educativos. Así como Suecia cayó estrepitosamente cuando decidió abrir la gestión de escuelas públicas a empresas privadas, su país vecino permaneció fiel a lo público. Aunque no está prohibida la educación privada, existen requisitos muy estrictos para ejercerla, entre ellos que haya una necesidad educativa o cultural específica y un acuerdo entre una fundación o asociación y la autoridad local. Además, se prohíbe el ánimo de lucro, a no ser que se trate de centros que no desean tener capacidad de expedir diplomas oficiales.
Sí que existen algunos colegios privados que reciben financiación pública, pero, por ejemplo, al igual que los públicos, no pueden cobrar matrícula. En total, los colegios privados no superan el 2% y la calidad de las escuelas públicas es muy semejante entre sí, de manera que los padres y madres no deben preocuparse por el que se les asigne. De hecho, el 80% de padres y madres de Finlandia cree que el país no debería tener escuelas privadas.
Educación pública o privada
El concierto educativo nació en un momento en el que no existían suficientes centros públicos para cubrir la demanda de estudiantes. Empezó como una solución temporal, pero con los sucesivos gobiernos de PP y PSOE se acabó consolidando hasta convertirse en una opción más.
Si pensamos en la misma situación en la sanidad, por ejemplo, nos parece inverosímil. Aunque también se está llevando a cabo desde hace años, derivando a centros privados para operaciones que en los públicos tardarían meses, la percepción en la sociedad no es la misma. Concebimos la posibilidad de sanidad pública o privada, con todas las de la ley, y son muchas las voces que se alzan contra ese modelo mixto de desvíos a la sanidad privada, aunque sean financiados con dinero público.
Sin embargo, en la educación se ha asimilado de manera totalmente natural la existencia de la concertada incluso en casos donde se vulneran directamente los derechos de los menores, como es la segregación por sexos en un Estado democrático y que debe luchar por la igualdad. Pero para terminar con la educación concertada se han de destinar más recursos a la pública, con la construcción de nuevos centros, ya que el ratio de estudiantes por clase ha llegado a puntos insostenibles.
No es un secreto que durante años se ha intentado destruir y desmantelar la educación pública, al igual que se hace con la sanidad. Es deber de un Estado aconfesional y que busca la igualdad entre mujeres y hombres dejar de destinar recursos públicos a quienes no se ciñen a los valores democráticos, de manera que, aunque no se pueda tener una educación totalmente pública, al menos se deba elegir entre pública y privada, sin medias tintas.
