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La Diócesis de Cartagena publica su protocolo de prevención de abusos sexuales en el seno de la Iglesia: sacristía con puertas abiertas, catequesis con cristaleras,…

Esta norma es de «obligado cumplimiento» y está vigente desde el pasado 28 de febrero. En ‘La Ventana Región de Murcia’ conversamos con Gil José Sáez, coordinador general de la Oficina de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Diócesis

La Diócesis de Cartagena ha publicado este lunes su protocolo de prevención, actuación y reparación en casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables, que recoge medidas para evitar que se produzcan este tipo de situaciones, así como pautas de actuación, legislación penal y canónica y posibles sanciones.

El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha presentado esta guía, de 87 páginas, y que también se puede descargar en formato pdf en la página web de la diócesis. Se trata de un documento con rango de “legislación particular”, es decir, de obligado cumplimiento, y similar a los que se han aprobado también en otras diócesis de España.

El protocolo se encuadra en el marco de la ‘tolerancia cero’ ante casos de abuso sexual, ha dicho el obispo. El objetivo es que todas las personas que se relacionan con la iglesia “tengan la seguridad de estar en espacios cuidados y protegidos”, en los que “nadie puede tener el dominio sobre nadie”, afirmó.

Por ello, el protocolo es de obligado cumplimiento para toda la comunidad, ya sea el propio obispo y los sacerdotes, como religiosos, seglares, catequistas y laicos en general que prestan servicios a la comunidad.

El documento incide en la prevención e incluye medidas que ya se han ido poniendo en práctica de manera paulatina, ha indicado el obispo, como puede ser la adecuación de espacios con puertas acristaladas en las salas donde se imparte catequesis, o bien dejando esas puertas siempre abiertas también en espacios como la sacristía donde se revisten los monaguillos.

Esas medidas, ha destacado Lorca Planes, se han tenido por ejemplo muy en cuenta en el seminario menor “para protegernos a todos”.

El coordinador general de la Oficina de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Diócesis, Gil José Sáez, ha detallado los 14 puntos en que se divide el documento, que comienza por reflejar qué es el concepto de “abuso físico”, “abuso sexual” y “abuso de poder”, y aclara el concepto de “adulto vulnerable, que no se circunscribe solo a personas con discapacidad, sino a cualquier adulto que por consecuencia de una situación difícil que está atravesando puede sentirse dependiente de un guía espiritual.

Incluye también el protocolo la legislación del Código Penal español y de la Unión Europea para este tipo de delitos, así como los procedimientos penales actuales para enjuiciarlo, y la legislación procesal y penal en el Derecho Canónico y los procesos canónicos al aspectos.

De especial importancia considera el coordinador de la guía el capítulo noveno, dedicado a establecer pautas de “acogida y escucha” a las víctimas y cómo actual al conocer un supuesto caso de abuso.

La guía indica en este caso la necesidad de “ser sensible a las necesidades del menor”, no posponer la comunicación del posible delito, dar “apoyo y confianza” a la víctima”, informar de manera inmediata a los padres del menor abusado o no culpabilizarlo y dar credibilidad a sus palabras.

En el marco de la prevención, el documento incluye la obligatoriedad de que todas las personas que vayan a tratar con menores o adultos vulnerables cuenten con un certificado de no tener antecedentes por delitos sexuales y una declaración jurada de conocer el contenido de esta guía y su obligatoriedad.

Aclara también conceptos como las diferencias entre pedofilia y pederastia, distintos tipos de abusos, signos que pueden delatar a un agresor, entre otras.

Por último, incluye las pautas sobre cómo actuar en caso de conocer un posible abuso, que incluye la denuncia ante la fiscalía en caso de conocer un posible delito.

Por último, se dedica un capítulo a la “reparación y sanción de las víctimas que, ha resaltado Sáez, “tiene que ser integral”, no solo económica o judicial, sino también “psicológica y espiritual” para conducir a la víctima hacia la sanción”.

“La víctima no va a poder quitar de su vida ese daño sufrido, pero hay que enseñarla a vivir cénese dolor para que no se revictimice”, ha explicado.

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