La dificultad de un Estado laico

Desde hace tiempo vengo defendiendo que un Estado sería laico si en él se tratara a las iglesias exactamente igual que a cualquier otra asociación ideológica ordinaria. Con los mismos requisitos, los mismos privilegios, las mismas exigencias. Ocurre que así dicho queda muy bonito, pero en la práctica nos llevaría a tomar decisiones muy duras.

No debería haber demasiado problema en el ámbito educativo. Igual que es ilegal crear un colegio del Partido Popular o de Izquierda Unida no tendría por qué haber problema democrático en prohibir que las iglesias tuvieran colegios en los que inculcar sus dogmas a niños que todavía no sean intelectualmente autónomos (los militantes de IU no nos vemos perseguidos porque nuestra organización no pueda fundar colegios).  Desde luego no habría ningún problema en la financiación, pues la propia Iglesia católica firmó en el concordato franquista su voluntad de autofinanciación, por mucho que recuerde a esos compromisos de dejar de fumar a principios de año y apuntarse al gimnasio.

El problema es mucho más profundo. Supongamos que hoy fuera a un registro del ministerio del Interior una asociación en cuyo historial estuviera el asesinato de cuanto científico avanzó en el conocimiento, la quema hasta la muerte de cientos de miles de díscolos acusados de herejía o brujería; una asociación que más recientemente hubiera sido aliada de los gobiernos de Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet… sin afear sus crímenes e incluso llegando a importantes acuerdos con ellos (el Vaticano es un Estado por acuerdo de la Iglesia con Mussolini, por ejemplo).

Supongamos que esa asociación regulase explícitamente un trato diferenciado para hombres y mujeres. Que según los estatutos de la asociación ninguna mujer pudiera estar en la dirección de la asociación ni realizar sus principales tareas. Supongamos que la estructura de la asociación no sólo no fuera democrática sino que pivotara sobre un líder que establece los cargos y las verdades que definen la pertenencia a la asociación, que tal líder fuera vitalicio y a su muerte eligieran nuevo líder los máximos dirigentes elegidos libremente por el recién fallecido (la participación de un fantasma en tal elección no sería evaluada por los funcionarios del Ministerio).

Supongamos, en fin, que estamos ante una asociación cuya jerarquía ha escondido sistemáticamente los delitos cometidos por sus miembros contra menores de edad, siendo el más llamativo el caso de aquel que creó una organización de nombre paramilitar (Legionarios) con la que abusó de cuanto niño se apuntó a sus colegios y que fue protegido por el anterior líder y por su número dos, aupado éste al liderazgo de la asociación a la muerte de su predecesor. Supongamos que esa asociación hubiera organizado marchas por la discriminación en función de la orientación sexual, que llamara asesinos nazis (pero sin la solidaridad que dispensaron a los verdaderos asesinos nazis) a las mujeres y médicos que deciden libremente interrumpir embarazos en las primeras semanas; o que pidieran que se encarcelara (también por ser asesinos nazis) a quienes ayudaran a las personas que quisieran dejar de sufrir agonías eternas y decidieran que su propia vida ya no merece tal nombre.

Supongamos que esa asociación reclamara como derecho celebrar homenajes a Franco en el campo de trabajo de presos enemigos que mandó construir como tumba propia y ajena el criminal dictador. Supongamos que uno de los altos cargos de la asociación intentara hacer creer que existe una conspiración de la UNESCO para convertir en homosexual (o en negra, o en judía, o en cristiana, o en mujer, ¿qué más da?) a la mitad de la población mundial. O que tal asociación inculcase a niños y niñas que nunca hay que usar preservativos, que la homosexualidad es una enfermedad, que la sexualidad no es un placer sino una aberración salvo que sea autorizada por la propia asociación,… y que quien no obedezca irá a un sufrimiento físico eterno e infinito.

Si estuviéramos en un Estado laico y la Iglesia católica fuera tratada como una asociación ideológica ordinaria tendría muy fastidiado conseguir su legalización. Simplemente por el hecho de discriminar a la mujer en los estatutos ya lo tendría imposible que para algo está la Ley de Igualdad. Y peor con todo el resto de los agravantes enumerados y unos cuantos que habré olvidado. Como en España sólo es legal quien cumple la ley y quien echa un chantaje al Estado lo pierde, sería la Iglesia la que tendría que cambiar y adaptarse a la vida democrática y no ésta someterse a los caprichos de la primera organización antidemocrática que pase por ventanilla. Afortunadamente no vivimos en un Estado laico, sino en un Estado de impunidad para la jerarquía católica que puede seguir cometiendo fechorías: qué sería si no de las pobres familias, esperanza de Europa.

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