A diferencia de Francia, en España, la Iglesia no ha realizado ninguna investigación global y el único dato que han ofrecido hasta ahora los obispos españoles viene del Vaticano
Según un informe publicado este martes sobre casos de pederastia que ha elaborado una comisión independiente establecida por obispos católicos en Francia a finales de 2018, cerca de 216.000 niños han sido víctimas de abusos sexuales.
A diferencia de Francia, en España la Iglesia no ha realizado ninguna investigación global y el único dato que han ofrecido hasta ahora los obispos españoles viene del Vaticano, de la Congregación para la doctrina de la fe, que cifró en 220 los sacerdotes españoles acusados de pederastia en los últimos 20 años, de los que 151 casos habían sido ya resueltos y 69 siguen abiertos.
Además, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, afirmó que si alguna víctima se dirige a los obispos la atenderán, pero que no harán nada por saber la verdad: ni revisar archivos, ni contabilizar casos, ni establecer indemnizaciones, ni emprender una investigación a gran escala del pasado. «No vamos a hacer de manera proactiva un programa de investigación general», añadió.
El único paso de la CEE ha sido la apertura en cada diócesis, por orden del Papa, de una oficina de atención a las víctimas para denunciar, pero nada más, no se sabe cuántas denuncias ha habido, ni en qué año, ni la posible reparación a las víctimas.
Es decir, los obispos y la mayoría de las órdenes religiosas españolas, se niegan a investigar los abusos y prefieren la opacidad. Solo los jesuitas y los legionarios de Cristo han realizado algún tipo de informe interno, de escasa transparencia y traducida en unas pocas páginas para la prensa, sin nombres ni detalles. Los maristas y otras congregaciones han iniciado investigaciones.
El papa Francisco advirtió en diciembre de 2018 a los obispos de todo el mundo sobre la pederastia: “La Iglesia pide que no se guarde silencio y que salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad”.
La mayoría de las conferencias episcopales en Europa y Norteamérica obedecieron, pero como en todos los casos siempre hay excepciones. En este caso las excepciones son España, Italia y Portugal.
Las víctimas acuden a los medios de comunicación
Lo cierto es que las víctimas prefieren acudir a los medios de comunicación. El correo electrónico que abrió El País en octubre de 2018 para comunicar casos de abusos en la Iglesia ha recibido casi medio millar de mensajes, cuando las diócesis solo reconocían oficialmente cuatro casos, que subían a 34 sumando las sentencias conocidas y la información de las hemerotecas.
Tres años después, desde que el citado diario comenzó su investigación, son 10 veces más. Según su base de datos, que se hizo pública el pasado mes de abril y que es actualizada periódicamente, en este momento hay registrados 358 casos con 908 víctimas.
El pasado mes de abril, El País preguntó a las 70 diócesis españolas sobre su postura sobre los abusos y solo contestaron 38. De ellas, solo las de Bilbao, San Sebastián, Zamora, Cartagena, Ourense, Solsona y Barcelona habían investigado sus archivos para revisar el pasado o estaban en ello; 11 estaban abiertas a indemnizar a las víctimas que lo reclamen y a la pregunta de si apoyarían una investigación general de la conferencia episcopal, como en Francia, apenas 10 respondieron afirmativamente.
El código canónico indica que ante cualquier indicio de abusos sexuales cometidos contra menores y adultos vulnerables, cualquier obispo debe poner el hecho en conocimiento del Vaticano y si se trata de un arzobispo o cardenal acusado, debería ser el nuncio papal el que lo denuncie ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, sin embargo, en España, hay sospechas de encubrimiento de al menos 25 obispos y superiores de órdenes religiosas.
De momento también hay mucho miedo a denunciar «no solo porque haya prescrito, sino porque las personas no están capacitadas emocionalmente para soportar lo que conlleva una denuncia. Además en este país si denuncias algunos delitos como este te consideran un héroe. Mientras siga siendo así hay algo que no funciona en un Estado de derecho. Si me roban y denuncio, no soy ningún héroe. Hay mucho miedo a denunciar, porque te enfrentas a una institución que luego te ataca, y encima te tienes que defender. La gente ve lo que nos pasa a los que denunciamos y se le quitan las ganas”, ha señalado Juan Cuatrecasas, padre de una víctima de abusos en el colegio Gaztelueta del Opus Dei de Leioa, País Vasco, y presidente de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR).
