La actitud contenida de Farouk contrastaba de forma perturbadora con las lágrimas que lentamente iban deslizándose por sus mejillas.
Es un hombre de mediana edad, muy delgado (a petición suya, ocultamos su verdadero nombre), que habla titubeando mientras describe cómo y por qué huyó de su Birmania nativa.
“El fuego se inició el primer día en mi casa sobre las ocho y media de la mañana”, dijo Faruk, añadiendo que los incendiarios eran una muchedumbre budista local que iba acompañada del ejército birmano.
“Abrieron fuego contra los niños y los ancianos que intentaban esconderse en los arrozales. Cogieron por el cuello a mi hijo y le lanzaron al fuego. Tenía cuatro años.”
Una historia de violencia
El relato de Faruk fue uno de los diversos testimonios desgarradores que los miembros de la comunidad musulmana rohinyá ofreció a Middle East Eye en Bazar Cox, Bangladesh.
La región, que alberga la ciudad del mismo nombre y la franja de playa más larga del mundo, acoge también a un creciente número de refugiados musulmanes rohinyá que han escapado del vecino Estado de Rakáin, en Birmania. Allí, casi un millón de musulmanes viven en situación de apartheid, coexistiendo con la comunidad étnica dominante de los rakaines, de mayoría budista.
Los rohinyá, de mayoría apátrida, llevan soportando en Rakáin décadas de persecución, salpicadas de ocasionales pogromos, el último de los cuales puede que esté produciéndose ahora.
En 2012, decenas de miles de musulmanes rohinyá murieron abrasados en sus casas por todo Rakáin, viéndose después forzados a vivir en campos miserables para desplazados. Según Human Rights Watch, todo esto fue parte de una campaña de limpieza étnica en la que estuvieron implicadas las fuerzas de seguridad del Estado y turbas budistas.
A partir de entonces, los musulmanes rohinyá vieron cómo iban erosionándoles aún más los pocos derechos que les quedaban, un proceso que culminó despojándoles de todo antes de la celebración de una votación histórica en 2015, las primeras elecciones generales abiertamente disputadas en 25 años.
Se desconoce la cifra total de muertos desde 2012: los sucesivos gobiernos han ido aislando las zonas afectadas por la violencia, siendo las estimaciones oficiales de víctimas increíblemente bajas. Sin embargo, las agencias de la ONU creen que la cifra es de al menos mil muertos en los últimos meses.
“Hasta ahora se ha hablado de cientos de muertes, probablemente un cálculo muy a la baja, la realidad es que podría haber varios miles”, manifestó un funcionario a condición de mantener el anonimato, según informó Reuters.
Las negativas del gobierno birmano
La última ronda de violencia se inició en octubre de 2016, cuando un grupo de militantes rohinyá llevó a cabo un ataque sorpresa contra tres puestos de la policía fronteriza cerca de Maungdaw, dejando nueve muertos.
Aunque los asaltos, perpetrados por un grupo limitado de insurgentes, fueron los primeros de este tipo en décadas, los grupos de derechos humanos han declarado que las fuerzas de seguridad birmana reaccionaron atacando a comunidades enteras.
Un informe, publicado el 3 de febrero pasado por la Oficina del Alto Comisionado de la ANU para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés), acusa al ejército birmano de perpetrar posibles crímenes contra la humanidad como parte de “operaciones de exterminio” contra los rebeldes, provocando al parecer “cientos” de muertes y sistemáticas violaciones (alrededor de la mitad de las mujeres entrevistadas por la organización dijeron que habían sido violadas). Los informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch corroboran muchas de estas afirmaciones).
Hasta hace poco, el gobierno birmano en Naypyidaw se limitaba a responder a esas acusaciones con negaciones generales o específicas. Una portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores resumió la posición oficial afirmando que, cuando se trata de denuncias de abusos presentadas por los musulmanes rohinyá, “en absoluto se produjeron los hechos de que nos acusan”.
Aung San Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, otrora luchadora por la democracia, es ahora la presidenta de facto del gobierno birmano y quien está al frente de esta farsa cruel, llegando hasta a permitir que una página de las redes sociales gestionada por su oficina avergüence públicamente a una mujer que denunció haber sido violada por las fuerzas de seguridad.
Su oficina ha intentado desacreditar en diversas ocasiones otras acusaciones de violación, incluyendo las contenidas en un informe de The Guardian.
Por otra parte, el parlamentario Aung Win, que se encargó de una anterior investigación sobre las acusaciones contra el ejército, dijo a Middle East Eye que “quienes no son rohinyá en el ejército y la policía no están interesados en las mujeres ‘bengalíes’ [término utilizado también para los musulmanes rohinyá] porque son muy sucias”. El argumento, que también se mencionó durante una infame entrevista en la BBC, fue seguido de una breve risotada.
Tras la aparición del informe de la ONU, el gobierno ha suavizado su larga campaña de negaciones emitiendo un extraño comunicado autodesmintiéndose ante un periodista de la BBC, afirmando que “nuestra posición no es negarlo todo siempre… estamos dispuestos a cooperar con la comunidad internacional”.
En una noticia reciente, el ejército anunciaba que se investigarían a sí mismos por las acusaciones de abusos contra los musulmanes rohinyá.
U Pe Than, parlamentario, dijo a The Irrawaddy que los miembros del comité de investigación –todos ellos pertenecientes al ejército- “estaban bajo el control del Tatmadaw o del gobierno”, y que creía que todas sus investigaciones iban a ser “independientes y veraces”.
Pero el acceso de los medios a la zona de conflicto sigue estando muy restringido, muchos responsables del gobierno rechazan el informe de la OHCHR y las operaciones militares prosiguen su marcha.
Como periodista que tiene prohibido entrar en la zona, la única vía para poder acceder a los musulmanes rohinyá afectados y conseguir una contraentrevista, era interrogar a algunos de los refugiados que han cruzado la frontera hacia Bangladesh.
Relatos de horror
Si el gobierno tiene razón en cuanto a las “mentiras” de los musulmanes rohinyá, entonces las personas con las que me reuní en Bazar Cox son unos actores insuperables.
Además de con Faruk, hablé con una joven que me dijo que su marido había sido brutalmente asesinado a hachazos frente a sus ojos cuando escapaban de su casa.
“Cuando salíamos, mi marido se encontró con los soldados. Vimos cómo le partían el cuello con un hacha”, dijo. “Quemaron nuestra casa en cuanto nos fuimos”.
Un hombre de unos veinte años me contó como su hijo había muerto de hambre cuando le obligaron a huir de su pueblo. No se dio cuenta de que a su esposa también se la habían llevado para violarla. “Se me rompió el corazón por mi bebé”, dijo entre lágrimas. “Sólo tenía seis meses”.
Otro testigo, un hombre de treinta y pocos años, me mostró lo que parecía ser una herida de bala en la pierna, que le habían hecho durante un ataque a primeras horas de la mañana. Finalmente consiguió cruzar el río Naf, que marca la frontera entre Birmania y Bangladesh, en la barca de un pescador.
“El ejército vino por la noche”, dijo. “Se quedaron en la zona militar y empezaron a disparar contra la gente a primera hora de la mañana. Algunos pudieron escapar, pero otros no. Murieron unas 50 personas”.
Matthew Smith es el jefe ejecutivo del grupo de observación Fortify Rights, que recientemente visitó campos de refugiados en Bazar Cox como el de Kutupalong, donde los rohinyá conforman el mayor grupo. Dijo que él y un equipo de investigadores habían sido testigos de múltiples casos de recién llegados de Birmania con heridas de bala, y que habían trasladado a varias mujeres que presentaban señales de haber sido violadas a los médicos de la zona.
“Hemos documentado violaciones de mujeres y niñas rohinyá por soldados del ejército, y también de innumerables asesinatos, incluidos niños”, dijo Smith. “Los soldados les rebanan la garganta y queman sus cuerpos con total impunidad. Es horrendo. Hemos documentado arrestos masivos arbitrarios y desplazamientos forzosos. Están quemando pueblos enteros hasta los cimientos”.
Smith añadió que el gobierno no había investigado adecuadamente los abusos cometidos en Naypyidaw, aunque sí se había esforzado en tapar o negar la verdad.
“El Consejo de los Derechos Humanos debería enviar sin dilación una comisión internacional de investigación”, dijo.
Llamamientos a la acción internacional
Por tanto, parece que se están produciendo nuevas atrocidades contra los musulmanes rohinyá; como poco, las pruebas de tipos menores de crímenes son abrumadoras. La Comisión Internacional de Juristas (ICJ, por sus siglas en inglés) señala que hay cientos de musulmanes rohinyá detenidos sin posibilidad de acceso a un abogado o a un juicio justo, en violación del derecho birmano e internacional. Seis de ellos han muerto en prisión.
Daniel Aguirre, asesor legal internacional de ICJ, declaró a MEE que “a menos que el poder judicial pueda supervisar convenientemente las ‘operaciones de limpieza’, una comisión internacional es el único medio para conseguir rendición de cuentas”.
Pero el gobierno birmano ha desestimado los llamamientos para la creación de una investigación independiente dirigida por la ONU. En cambio, ha encargado dos sondeos que desde el primer momento carecían de representación y credibilidad para los ronhinyá.
Es de esperar que los hallazgos de esos dos sondeos (uno se ha completado ya, el otro ha elaborado un informe provisional) apoyen la línea del gobierno. En particular la segunda investigación afirmaba como hechos falsedades demostrables y hacia amplias conclusiones metodológicamente erróneas basadas en información limitada e incluso irrelevante.
Sin embargo, el parlamentario Alok Sharma calificó el sondeo de “independiente” cuando declaró ante el gobierno británico en la Casa de los Comunes en diciembre. (Uno se pregunta por la fuente de su información, teniendo en cuenta que analistas fiables han adoptado precisamente el punto de vista opuesto.) No obstante, Sharma ha venido manifestando regularmente en el parlamento sus preocupaciones por la situación en Rakáin y otras zonas de Birmania, la más reciente el mes pasado.
La respuesta del gobierno birmano al informe de la OHCHR consistió simplemente en prometer nuevas investigaciones internas.
¿Cuándo va a adoptar una postura el Reino Unido?
El Secretario del Foreign Office británico, Boris Johnson, visitó Birmania en enero, donde se reunió con Aung San Suu Kyi. Según su propio relato, una de las cuestiones abordadas fue la de los “derechos humanos”, en especial la situación en Rakáin.
Pero Johnson no hizo llamamiento alguno a la rendición de cuentas respecto a los abusos en la región; no hubo conferencias de prensa. Sin embargo, sí encontró tiempo para enviar un mensaje de video a un club de rugby de Rangún.
El Reino Unido suele mostrar debilidad a la hora de actuar respecto a la situación de los musulmanes rohinyá. Al mismo tiempo que se producía la evasiva respuesta de Sharma en el parlamento, el Reino Unido decidió declinar un llamamiento diplomático para reabrir zonas del Estado de Rakáin a las entregas de ayuda humanitaria, a pesar de que la medida estaba siendo promovida por nada menos que sus aliados, los EEUU, junto con otras trece embajadas.
Andrew Patrick, embajador británico en Birmania, tuvo la mala suerte de encontrarse conmigo en el aeropuerto de Rangún, el centro comercial del país, en diciembre. Naturalmente, le pregunté por los musulmanes rohinyá. Sin entrar en más detalles de lo que dijo, saqué la clara conclusión de que prefería seguir la vía diplomática que desafiar directamente al país.
En muchos aspectos, este enfoque puede resultar válido. Como otros han sostenido de forma contundente, el gobierno de Suu Kyi no es directamente responsable de la violencia perpetrada por las fuerzas armadas autónomas. En última instancia, necesita del apoyo internacional para hacer lo que debe. El Tatmadaw (como se conoce en birmano al ejército) sigue teniendo el máximo poder en Birmania y, gracias a la constitución que redactaron, tienen muy apalancado al gobierno elegido.
“Advertencia” de asesinato
Por otra parte, un alarmante incidente de hace pocas semanas confirma el grado incendiario de las fisuras políticas y religiosas en Birmania. El 29 de enero, Ko Ni, el asesor jurídico del Partido de la Liga Nacional por la Democracia, fue asesinado a tiros a plena luz del día en el aeropuerto de Rangún. Era el musulmán de más alto nivel asociado con el gobierno. Acababa de regresar de dar una conferencia en el extranjero sobre la situación del estado de Rakáin.
Se ha especulado mucho de si se trató de un asesinato político con objeto de enviar una “advertencia” al gobierno civil, aunque las pruebas de que así fuera no han aparecido aún. Sea cual sea la verdad, un mensaje en las redes sociales alabando las acciones del asesino se convirtió en viral en Birmania, demostrando que el fanatismo antimusulmán sigue siendo una fuerza a tener muy en cuenta.
Esas consideraciones pueden explicar la expresión pública de solidaridad de Suu Kyi con el ejército, una institución que en otro tiempo fue su principal enemiga, y su decisión de limitar estrictamente las expresiones de apoyo a la comunidad musulmana, por lo que decidió finalmente no asistir al funeral de Ko Ni.
Aunque esas decisiones pueden parecer miserables, son en última instancia de orden táctico, dado que, en palabras de Mark Farmaner, director del grupo de presión Burma Campaign UK: “La supuesta transición a la democracia de Birmania ha sido una mera transición a una nueva forma de control militar con rostro civil”.
Sin embargo, hay límites al valor de la diplomacia frente a probables crímenes de atrocidad, especialmente cuando su eficacia es limitada. En 2012, cuando los musulmanes rohinyá fueron sometidos a presuntos crímenes contra la humanidad por parte de las turbas locales y de las fuerzas de seguridad estatales, no se llevó a cabo investigación internacional alguna. En cambio, un sondeo interno simulado llegaba a idénticos resultados que las recientes investigaciones.
La posición británica –y la de muchas otras naciones- en aquella época consistía en forjar lazos más estrechos con el gobierno de Birmania, aunque sin hacer prácticamente nada por los musulmanes rohinyá. En consecuencia, el grupo siguió estando cada vez más oprimido, con nuevas y graves restricciones de derechos.
Naciones Unidas: La opresión podría convertirse en genocidio
La necesidad de justicia en la actual coyuntura trasciende incluso la importancia de la rendición de cuentas por parte de los autores de los últimos crímenes.
Sin embargo, tiene que haber alguna forma para detener el movimiento de crecientes abusos a los rohinyá, que, según ha sugerido el asesor especial de la ONU sobre genocidios, si no se hace lo suficiente, podría culminar en el máximo crimen.
¿Hará algo en ese sentido la comunidad internacional, incluido el Reino Unido? Aún queda alguna esperanza. Antes de la visita de Johnson, se celebró un debate en el parlamento sobre los derechos humanos en Birmania durante el cual Sharma, hablando de nuevo en nombre delForeign Office, rechazó contundentemente descartar el apoyo a una investigación de la ONU sobre la crisis de los rohinyá.
Si el Reino Unido se pone a la cabeza de las presiones para que se lleve a cabo una investigación imparcial, eso sería un acto de coraje moral. Fuentes vinculadas con la embajada estadounidense en Birmania me han indicado que EEUU apoya la idea sobre el terreno, aunque los caprichos de la administración Trump hacen que sea imposible prever cuál será la decisión final.
Si Londres o Washington no hacen movimiento alguno en tal sentido, entonces las posibilidades de investigación disminuirán en gran medida y la invisibilidad de los musulmanes rohinyá seguirá reforzándose.
Es el momento oportuno para que Gran Bretaña cumpla su autoproclamado compromiso con la promoción de los derechos humanos a nivel mundial. Dado el temor existente a que la opresión a los rohinyá se endurezca aún más, pedir que se lleve a cabo una investigación a fondo es lo mínimo que podría hacerse.
Emanuel Stoakes es un periodista e investigador especializado en derechos humanos y conflictos. Ha trabajado, entre otros, para Al Jazeera, The Guardian, The Independent, The Huffington Post, Foreign Policy, The New Statesman y Vice .
